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Bankia devuelve 194 millones por cláusulas suelo a 38.500 clientes y da por terminado el mecanismo

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MADRID/VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) –

Bankia ha devuelto 194 millones de euros a través del mecanismo extrajudicial de devolución de las cantidades indebidamente cobradas en concepto de cláusulas suelo a unos 38.500 clientes de la entidad, según han informado a Europa Press fuentes del banco, que da por terminado el procedimiento.

La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri puso en marcha en febrero de 2017 un procedimiento exprés en sus oficinas para que los clientes que hubieran firmado con el banco hipotecas que contuvieran estas cláusulas pudieran solicitar el reembolso de lo pagado por ese concepto.

Mediante este procedimiento, la entidad determina si corresponde devolver el importe pagado de más por la aplicación de la cláusula suelo, que Bankia retiró de sus préstamos a particulares en septiembre de 2015.

En el caso de que el cliente forme parte del colectivo amparado por este proceso, Bankia ofrece el abono de la cantidad más el interés legal del dinero, de forma que se obtiene la misma cuantía que se conseguiría en el caso de ir a juicio y ganar.

El cliente puede elegir entre el ingreso del efectivo en su cuenta o la amortización de la parte correspondiente del capital pendiente de pago de su hipoteca.

Un año después, la entidad con sede social en València da por concluido el procedimiento, si bien tramitará desde su servicio de atención al cliente las reclamaciones presentadas en el ámbito del Real Decreto Ley que estableció el mecanismo extrajudicial respecto a la cartera hipotecaria de la entidad con anterioridad a la fecha de 31 de diciembre de 2017.

BMN MANTIENE SU SISTEMA
En cuanto a Banco Mare Nostrum (BMN), fusionada a Bankia con efecto desde el pasado 1 de enero, las reclamaciones por cláusulas suelo se resolverán mediante el mecanismo que la entidad absorbida puso en marcha en su momento.

Hace un año, cuando se inició el mecanismo, la entidad ahora propiedad de Bankia estimaba que el impacto de la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por las cláusulas suelo ascendía a unos 80 millones de euros.

La aprobación del Real Decreto que establece un procedimiento extrajudicial para resolver las reclamaciones de los consumidores sobre cláusulas suelo cumplió hace dos semanas su primer año, en el que las entidades han estimado casi medio millón de solicitudes, cifra que no alcanza a la mitad de las recibidas.

Con los últimos datos disponibles, correspondientes al cierre de octubre, a través del mecanismo los bancos han recibido 1,07 millones de solicitudes, de las que han estimado 469.233, el 43,72%.

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El Comité de derechos de la ONU pide suspender el desahucio de una familia valenciana

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Onu suspende desahucio familia valenciana

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha solicitado al Estado español la suspensión del desahucio de una familia valenciana ordenado para este miércoles por un Juzgado, mientras examina el caso planteado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Así lo recoge la respuesta de este Comité al escrito de PAH Valencia, en la que solicita al Gobierno de España que, mientras examina el caso, tome medidas para evitar «posibles daños irreparables», consistentes en la suspensión del desahucio de la vivienda donde viven una mujer y sus dos hijas, o en otorgarles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades.

Según han explicado fuentes de la plataforma, PAH Valencia ha hecho llegar el comunicado de este Comité de Derechos a la familia y al abogado de oficio, que ha presentado escrito solicitando la paralización ante el Juzgado del desahucio, señalado para este miércoles, de la mujer y sus hijas de 3 y 6 años.

PAH Valencia ha lamentado que todas las semanas se decretan desahucios que «acaban favoreciendo al capital internacional más especulativo», a pesar de las solicitudes de suspensión desde la justicia gratuita, y afectan a personas y familias vulnerables en situaciones «límite» y sin alternativa habitacional.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales por sus Estados.

 

 

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