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Compromís negociará con el PSPV tras el ‘desplante’ de Sandra Gómez

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La Comisión Ejecutiva de Compromís per València ha aprobado la conformación del grupo de personas que encabezarán la negociación para el nuevo equipo de gobierno en la ciudad, y considera como escenario de gobierno una «coalición estable» con el PSPV. Para ello, insiste en que primero se debe acordar el «qué» y luego el «quién», es decir, las personas qué personas tendrán qué responsabilidades mediante la delegación de competencias del alcalde.

Así lo ha apuntado en un comunicado en el que ha explicado que el grupo negociador estará formado por Esther Tarín, Amadeu Mezquida, Pilar Soriano y Papi Robles. Compromís per València, la fuerza más votada en la ciudad en las elecciones del 26M, toma como referencia para ese calendario de negociación el proceso de 2015 que llevó al Govern de La Nau, donde tras haber llegado a un pacto de gobierno los representantes de cada lista electoral lo avalaron mediante un encuentro formal,.

No obstante, la formación hace llegar al PSPV, cuya candidatura encabeza Sandra Gómez, que si los socialistas quieren expresar de «manera explícita» su apoyo a la próxima investidura de Joan Ribó como alcalde el 15 de junio, con un encuentro previo, Compromís «no tendrá ningún problema». Y puntualiza que quiere una relación «directa» y «más fluída» entre las comisiones negociadoras de ambos partidos, en lugar de emitir comunicados públicos con el fin de evitar «tensiones innecesarias».

La Comisión Ejecutiva ha reiterado «una vez más» la voluntad de comenzar las conversaciones entre las dos formaciones de progreso con representación en el Ayuntamiento de València para empezar el equipo de trabajo conjunto «que conduzca a un programa de gobierno común».

En su reunión de este martes, la Ejecutiva de Compromís per València ha valorado los resultados electorales en los comicios municipales del 26M y han destacado el apoyo ciudadano a una «candidatura de progreso, valencianista y ecologista, que con los más de 106.400 votos ha permitido a Compromís ser la primera fuerza en número de votos y de representación en el consistorio», con 10 concejales.

Compromís considera como «escenario de gobierno una coalición estable» con la otra formación progresista que ha obtenido representación en el consistorio, el PSPV y por este motivo señala que ha conformado la comisión negociadora que deberá, «en primer lugar, de establecer un programa de gobierno común con los representantes socialistas, y esbozar las líneas de cómo llevarlo a cabo».» Después será el momento de establecer qué personas tendrán qué responsabilidades mediante la delegación de competencias del alcalde», añaden.

Respecto al calendario de reuniones, Compromís toma como referencia el proceso de 2015, en que las comisiones negociadoras de los diferentes partidos pactaron el programa de gobierno «y, solo después de haber llegado a un acuerdo, los representantes de cada lista electoral lo avalaron mediante un encuentro formal».

Sin embargo, subraya que si el PSPV «quiere expresar de manera explícita su apoyo a la próxima investidura de Joan Ribó como alcalde el próximo día 15 de junio, con un encuentro previo, Compromís no tendrá ningún problema». En todo caso, la coalición valencianista insiste en que para la conformación definitiva de gobierno, «primero hay que acordar el ‘qué’ (un programa de gobierno) y después el ‘quién’ (qué personas detendrán qué competencias delegadas)».

 

COMIENZO DE CONTACTOS

Como ya expresó a través de un comunicado el pasado 31 de mayo, «una vez conformada la comisión negociadora», la coalición valencianista propone «empezar a mantener ya los contactos necesarios que posibiliten ese acuerdo de gobierno».

La Ejecutiva de Compromís asegura ser «consciente» de los comunicados públicos que ha ido «lanzando» el PSPV en los últimos días y recalca que, para no «causar tensiones innecesarias», prefiere «una relación directa y más fluida entre las comisiones negociadoras, y así lo hará llegar a los representantes socialistas».

 

Fuente: Europa Press

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El Gobierno no se responsabiliza de las víctimas de la vacuna covid: «Se la pusieron voluntariamente»

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El Ministerio de Sanidad se desentiende de las víctimas de la vacuna contra el COVID-19 y ahora rechaza la responsabilidad de la Administración, a pesar de un dictamen específico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que establece por primera vez la relación de causalidad entre la administración de la vacuna Spikevax-COVID-19 de Moderna y la miocarditis grave.

En su respuesta a un procedimiento de reclamación patrimonial, el Ministerio de Sanidad argumenta que cualquier ciudadano que reciba atención médica debe aceptar los efectos adversos derivados de la misma, siempre y cuando haya dado su consentimiento informado. Además, sostiene que la posibilidad de sufrir el daño reclamado fue divulgada por la Aemps al administrarse la vacuna y que ésta fue recibida voluntariamente, por lo que no puede considerarse un daño antijurídico imputable a las administraciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando un ciudadano recibió la vacuna contra el COVID-19 tras la imposición del Certificado COVID-19 Digital de la UE en casi todo el país y bajo la premisa de que la vacuna era segura y efectiva. Sin embargo, poco después de la vacunación, comenzaron a manifestarse síntomas alarmantes que llevaron a una hospitalización urgente en la UCI del Hospital.

A pesar de que los médicos inicialmente consideraron un infarto de miocardio, pronto relacionaron los síntomas con la vacuna COVID-19, dada la proximidad temporal con la vacunación. Después de estabilizar al paciente, el diagnóstico final fue miocarditis aguda, probablemente como reacción a la vacuna, según los informes médicos.

Dictamen de la Aemps

Aunque la Aemps reconoce la relación probable entre la vacuna y la miocarditis, el Ministerio de Sanidad se exime de responsabilidad, argumentando que la posibilidad de efectos adversos fue comunicada previamente y que la vacunación fue voluntaria.

El abogado de la víctima critica la falta de información accesible para el público sobre los riesgos reales de la vacuna y señala que la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad transmitía un mensaje de seguridad. Además, destaca la responsabilidad moral del Ministerio en resolver el procedimiento de reclamación, que ha permanecido estancado por más de dos años, a pesar del dictamen de la Aemps.

 

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