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Mazón suprime 6 empresas y auditará el sector público ante alarmas de irregularidades del Botànic

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Mazón suprime 6 empresas y auditará sector público
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ofrece una rueda de prensa sobre la situación del sector público. EFE/Ana Escobar

València, 16 ene (OFFICIAL PRESS-EFE).- El Consell ha encargado la elaboración de una auditoría forense del sector público de la Generalitat para clarificar «aspectos de dudosa legalidad» en cuanto a contrataciones, falta de control de recursos, colocación a dedo y pagos sin autorización, y suprimirá seis empresas «fantasma» cuyas funciones están duplicadas.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comparecido este martes para informar de la situación del sector público y conocer si existen responsabilidades a partir de «un conjunto de alarmas lo suficientemente graves» para realizar una auditoría general y conocer «la verdad».

Mazón ha asegurado que ha habido «mucho ocultismo» y la auditoría exhaustiva revelará si las posibles irregularidades detectadas en la última legislatura del gobierno del Botànic (PSPV-Compromís y Podem) derivan en responsabilidad civil, penal o mercantil, que en su caso se trasladará a los juzgados.

El Gobierno valenciano activa ya esa auditoría general que implicará la elaboración de una auditoría forensic (que revisará pagos y transferencias uno a uno) del sector público instrumental y una auditoría operativa, de las que se espera tener resultados parciales a lo largo de este año y una conclusión a finales del ejercicio 2024.

4.000 contrataciones no autorizadas y 713 millones a dedo

Los informes técnicos de la Sindicatura de Comptes y de la Intervención de la Generalitat han detectado «ineficacia, gasto desmesurado, descontrol y malgasto», aspectos de «dudosa legalidad» que el Gobierno del PP y Vox va a investigar, ha anunciado el president.

Esos informes revelan posibles irregularidades en procedimientos de contratación, falta de control y rigor de los recursos públicos, duplicidades en gastos, retribuciones a directivos, trabajadores colocados «a dedo» y pagos a terceras personas «sin autorización ni control».

Esas alarmas se traducen en que el 92 % del sector público no realiza los procedimientos de contratación conforme marca la ley y en los últimos cuatro años se adjudicaron directamente 254.122 contratos por 713 millones de euros (159 millones en contratos menores y 554 millones de gastos adquiridos sin tramitar expediente de contratación).

«Estamos ante un pozo sin fondo de la contratación a dedo, una barra libre que abrió el Botànic», que se «saltó» parte de las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes, organismos oficiales como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y la Oficina Independiente de Supervisión y Contratación.

En personal, ha citado más de 4.000 contrataciones solo en 2021 que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos, y ha denunciado como ejemplo que, a las puertas de las elecciones del 28M, la empresa SGISE «trató de colar 1.800 nuevos empleos».

La plantilla del sector público aumentó un 35 % y el gasto en personal se disparó un 47 %, lo que supone pasar de 400 millones de coste en nóminas en 2015 a casi 600 millones en el último año de gestión íntegra del gobierno anterior, en muchos casos sin autorización, según ha detallado.

Mazón se ha referido también a la tesorería para asegurar que en 22 de las 48 entidades sujetas a verificación se ha detectado riesgo alto en el área de controles de pagos, al haber pagos sin autorización de la persona correspondiente o pagos a cuentas bancarias no identificadas debidamente.

Seis empresas con funciones duplicadas

Ha anunciado la supresión de seis empresas «fantasma» mediante un proyecto de ley en Les Corts, que tienen atribuidas funciones que ya están prestando direcciones generales de la Generalitat o la empresa Vaersa, por lo que la prestación del servicio público está «totalmente garantizada».

Estas son la Agencia Valenciana de la Energía, la Agencia para la Digitalización y Ciberseguridad, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la Agencia de Cambio Climático y la Agencia de Residuos y Economía Circular, así como la Escuela Valenciana de Administración Pública.

Las seis empresas no suponen gasto público alguno puesto que se crearon por el Botànic en la última fase de la pasada legislatura pero no llegaron a desarrollarse, y su cierre supone «cortar la puerta que se dejaron preparada» y avanzar en la optimización de los recursos públicos, según el president.

«Malgastar dinero público se ha acabado, y vamos a contar toda la verdad a los ciudadanos», ha manifestado Mazón, que no descarta eliminar más empresas públicas, acometer reformas o reorganizaciones.

El personal adscrito no político a estas empresas -un número muy reducido- se incorporará a la Dirección General correspondiente.

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Estos son los cambios para el próximo curso escolar en Valencia

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Estos son los cambios para el curso escolar en Valencia

El pleno del Consell ha aprobado este martes el decreto de libertad de elección del centro educativo, conocido como distrito único, que da más puntos a las familias con rentas bajas, a las numerosas, las monoparentales, a las beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión y a quienes trabajen en un centro educativo.

El nuevo decreto primará como criterios básicos la existencia de hermanos en el centro, la proximidad al mismo y la renta de las familias, e incorpora como novedad la baremación en cuanto a la simultaneidad con enseñanzas profesionales de música o de danza y el deporte de élite.

Según ha informado el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, con este nuevo decreto «se superan las limitaciones impuestas por un modelo de obligatoria parcelación» del anterior gobierno del Botànic y se pasa a un modelo de «libertad» en el que «escogen las familias».

Con ello, ha añadido, se da continuidad al «concepto de libertad como con la proposición de ley de Libertad Educativa, que sustituye a la de plurilingüismo».

Así, ha detallado que el nuevo decreto regula el proceso de admisión en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y en los centros de Educación Especial en la Comunitat Valenciana.

Mayor «libertad» a la familias

La principal novedad del proceso de admisión del próximo curso es la incorporación del distrito único, que dará libertad a los padres y madres para elegir el centro educativo que consideren más adecuado para sus hijos e hijas.

El conseller ha señalado que el nuevo decreto «supera las limitaciones impuestas por un modelo de obligatoria parcelación y se pasa a un modelo en el que, manteniendo la proximidad del domicilio como criterio, las familias de una localidad tendrán la opción de elegir libremente el centro» que se ajuste a sus intereses y convicciones.

Este nuevo marco también va asociado a la necesidad de replantear las prioridades, prelación y ponderación de las puntuaciones que van asociadas a los diferentes criterios de baremación.

Destacan en este sentido novedades como el incremento de puntos en la renta per cápita de la unidad familiar (sin ser persona beneficiaria de la Renta Valenciana de Inclusión), de acuerdo con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), correspondiente a 14 pagas, en relación con el ejercicio fiscal anterior en dos años al año natural en que se solicita plaza.

En el caso de las rentas más bajas se pasará de los 3,5 puntos actuales a 7 puntos, informa la Generalitat.

También se produce un aumento en la valoración de las personas destinatarias de la Renta Valenciana de Inclusión, ya que se pasa de 4 a 7 puntos; y la puntuación cuando los padres, madres o tutores o tutoras legales sean personal de plantilla en activo del centro educativo aumenta de 5 a 7 puntos.

Por otro lado, se valora la condición legal de familia numerosa especial con 7 puntos (frente a los 5 actuales) y general (con 5 puntos frente a los 3 de ahora). Además, el alumnado nacido en parto múltiple contará 1 punto por cada hermano o hermana nacido en el mismo parto.

También se incrementa el peso de las familias monoparentales de régimen especial (7 puntos frente a los 5 de ahora) y general (5 puntos frente a los 3 actuales).

Música, danza y deporte de élite

Otra de las novedades del proceso de admisión radica en la solicitud de plaza en la Comunitat Valenciana por primera vez o por cambio de localidad de residencia. Así, se puntuará con 15 puntos por cada uno de los hermanos o hermanas, u otros niños, niñas o adolescentes integrantes de la familia de acogida o guardadora con fines de adopción.

Además, se introduce una novedad en la baremación en cuanto a la simultaneidad con enseñanzas profesionales de música o de danza. De esta forma, el alumnado que curse a la vez enseñanzas regladas de música o de danza y enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, y que no solicite, o bien no le corresponda, la admisión atendiendo al criterio de prioridad, tendrá 2 puntos.

Los mismos puntos se aplicarán en la baremación del alumnado que acredite la condición de deportista de élite, de alto nivel o de alto rendimiento, así como de personal técnico, entrenador, arbitral y juez de élite de la Comunitat Valenciana, y que no solicite, o bien no le corresponda, la admisión atendiendo al criterio de prioridad.

Por último, los centros podrán valorar con un punto extra las circunstancias específicas, que el conseller ha calificado de «simbólico», y que los que los criterios básicos que prevalecerán serán «la existencia de hermanos en el centro, proximidad al mismo y la renta» y ha asegurado que el cobro de cuotas en centros concertados está prohibida y es solo voluntaria.

Rovira ha informado asimismo de que, tras la aprobación hoy de este decreto por el pleno del Consell, «en breve» se abrirá el proceso de admisión en los centros.

 

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