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Rajoy solicita el cese de Puigdemont y convocará elecciones en menos de seis meses

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En su comparecencia tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado las medidas que se pondrán en marcha tras la activación del artículo 155 de la Constitución, que deben ser aprobadas por el Senado. Rajoy ha explicado que los objetivos son cuatro: volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia, continuar con la recuperación económica y celebrar elecciones.

​Mariano Rajoy ha asegurado que el Gobierno «ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución», aunque «no era ni nuestro deseo ni nuestra intención». Ha añadido que el citado artículo, que «solo se aplica en circunstancias excepcionales», ha sido necesario porque «ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás».

En cuanto a los objetivos de la decisión que hoy ha tomado el Gobierno, el presidente ha apuntado que son cuatro: «Recuperar la legalidad, volver a la normalidad y a la convivencia, continuar con la recuperación de la economía y celebrar elecciones. Volver a la legalidad es restituir la vigencia de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Cataluña».

El artículo 155 de la Constitución

El presidente del Gobierno también ha enumerado las medidas que se ponen en marcha tras la activación del artículo 155. En primer lugar, se va a solicitar el «cese del presidente de la Generalidad de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña». Ha agregado que «el ejercicio de dichas funciones corresponderá a los órganos o autoridades que a tal efecto cree o designe el Gobierno de la nación, en principio, la idea será la de que los Ministerios asuman esta responsabilidad a lo largo del plazo en el que dure esta situación excepcional».

También ha señalado que la Administración de la Generalitat de Cataluña «continuará funcionando como organización administrativa ordinaria», aunque «actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación».

Mariano Rajoy ha agregado que la facultad de disolver «el Parlamento de Cataluña pasa al presidente del Gobierno» y que «en un plazo máximo de seis meses» deberán celebrarse elecciones. No obstante, ha aclarado que su voluntad es «hacerlo tan pronto como recuperemos la normalidad institucional».

Recuperación del autogobierno

En cuanto al Parlamento catalán, «ejercerá la función representativa que tiene encomendada», pero también se propone una serie de medidas de control «para garantizar que se haga con pleno respeto al Estatuto de Autonomía de Cataluña y a la Constitución». Entre otras cosas, no podrá proponer ningún candidato a la Presidencia de la Generalitat ni celebrar ninguna sesión de investidura ni tomar decisiones contrarias a la legalidad constitucional.

En cualquier caso, el presidente Rajoy ha aclarado que «no se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña; se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley y de la Constitución y del Estatuto». Es decir, se recupera el autogobierno «para la legalidad y para la convivencia de todos los catalanes, no solo los independentistas».

Empobrecimiento de Cataluña

El presidente del Gobierno se ha referido expresamente a las consecuencias económicas que este proceso puede tener para Cataluña porque «los últimos datos que conocemos son preocupantes». Según ha anunciado, más de 1.000 empresas ya han trasladado sus sedes sociales fuera de Cataluña y, además, se han «desincentivado las inversiones» y se ha «desmotivado el turismo».

En este sentido, ha pedido a las empresas que no dejen Cataluña porque «podemos estar tranquilos porque esto se arreglará y sin más daño para nadie».

Además, Rajoy ha explicado lo que ocurriría «si Cataluña se independiza». Entre otras cosas, ha añadido, «abandonaría la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio», perdería «todas las facilidades que da el Banco Central Europeo», habría un problema «grave de contracción del crédito» y «se produciría una inflación desproporcionada con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inversión». Según ha señalado, «todo esto llevaría a un empobrecimiento de la economía de Cataluña entre el 25 y el 30% del PIB».

«No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña, sino que se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley»

Antecedentes

En su intervención, el presidente del Gobierno también ha reflexionado sobre cómo se ha llegado a la situación actual. Según ha dicho, ha sido «un proceso unilateral», «contrario a la ley» y «que ha buscado el enfrentamiento». Rajoy ha añadido que lo más «llamativo» y «antidemocrático» del proceso tuvo lugar los días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña: «En pocas horas se liquidó por mayoría la Constitución Española en Cataluña, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se aprobó la ley de referéndum y además se aprobó la llamada ley de transitoriedad, una especie -así dijeron sus autores- de constitución de Cataluña hasta que se aprobara definitivamente la nueva».

Mariano Rajoy ha recordado que, ante la deriva que tomaban los acontecimientos en Cataluña, el Gobierno decidió enviar, el pasado 11 de octubre, un requerimiento al presidente de la Generalitat para que aclarara «si habían o no declarado la independencia», requerimiento que no fue atendido. Ha añadido que el Ejecutivo podía haber enviado el requerimiento antes, pero optó por actuar «con prudencia», «responsabilidad» y «sentido común».

Diálogo

El jefe del Ejecutivo también ha dicho que desde la Generalitat no se respondió ni «en plazo» ni «en tiempo» al requerimiento, por lo que parece que «algunos lo que querían era llegar a esta situación, es decir, a que se aplicara el artículo 155».

El presidente Rajoy ha asegurado que «nadie planteó por parte de la Generalitat un diálogo», sino «una imposición». Además, «el diálogo fuera de la ley y fuera de la norma es profundamente antidemocrático y, desde luego, no es diálogo pretender imponer a los gobernantes, en este caso al Gobierno de España, que se salten deliberadamente le ley», ha agregado.

Apoyo de PSOE y Ciudadanos

El presidente del Gobierno ha apuntado que todas estas medidas «han sido acordadas con el Partido Socialista y con Ciudadanos». Según ha dicho, este apoyo debe interpretarse «como un apoyo a la ley, al Estado de derecho, a nuestra Constitución y a los valores en los creemos y que nos han hecho grandes».

Antes de finalizar su comparecencia, el presidente del Gobierno ha transmitido a la ciudadanía «un mensaje de tranquilidad»: «Soy plenamente consciente de que el momento es difícil pero todos juntos lo vamos a superar como hemos superado acontecimientos muy complicados también a lo largo de nuestra historia que, por cierto, ya dura unos cuantos siglos».

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Los cambios del SEPE en el subsidio para mayores de 52 años: esta será la cuantía

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SEPE subsidio mayores 52 años
Los cambios del SEPE en el subsidio para mayores de 52 años- EUROPA PRESS - Archivo

El SEPE anuncia cambios en el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, una de las ayudas más solicitadas en España. Estos cambios entrarán en vigor el 1 de junio de 2024. Los desempleados mayores de 52 años podrán solicitar esta ayuda para cubrir sus necesidades básicas.

A partir de esa fecha, las cuantías serán del 95% del IPREM durante los primeros 180 días, del 90% del IPREM desde el día 181 hasta el día 360, y del 80% del IPREM a partir del día 361.

Además, aquellos que busquen acceder al subsidio por agotamiento de una prestación contributiva verán reducidas las cuantías máximas del subsidio en relación con el promedio de horas trabajadas en los últimos 180 días del período de ocupación cotizada que justifica el acceso a la prestación contributiva que origina el subsidio.

Requisitos para el acceso al subsidio para mayores de 52 años

El objetivo de las ayudas para las personas mayores de 52 años se basa en asistir de forma económica a aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo. La posibilidad de combinar diversos incentivos para incrementar los ingresos mensuales supone un alivio financiero significativo y puede incrementar significativamente la calidad de vida de los beneficiarios.

  • Estado de desempleo: El solicitante debe estar desempleado al momento de presentar la solicitud y no recibir otras prestaciones por desempleo.
  • Excepción para trabajadores fijos discontinuos: Aquellos con fecha de hecho causante anterior al 2 de marzo de 2022 no podrán acceder al subsidio.
  • Edad mínima: Debe tener al menos 52 años en la fecha en que cumpla los requisitos para acceder al subsidio.
  • Periodo de cotización: Se requieren 15 años cotizados, con al menos dos de ellos dentro de los últimos quince años.
  • No haber alcanzado la edad de jubilación: El solicitante no debe haber alcanzado la edad de jubilación establecida por la legislación vigente.
  • Historial de cotización al desempleo: Se exige haber cotizado al menos durante seis años al desempleo a lo largo de la vida laboral.
  • Actividad de búsqueda de empleo: Debe demostrar una búsqueda activa de empleo, como enviar currículums y asistir a entrevistas.

Además de los cambios realizados en el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años, el SEPE también ha anunciado las nuevas cotizaciones para aquellas personas que reciban dicha ayuda a partir del 1 de junio:

  • Durante el ejercicio 2024 la base de cotización será equivalente al 120 por cien de la base mínima de cotización del Régimen General de la Seguridad Social vigente en cada momento.
  • Durante el ejercicio 2025 la base de cotización será equivalente al 115 por cien de la base mínima de cotización del Régimen General de la Seguridad Social vigente en cada momento.
  • Durante el ejercicio 2026 la base de cotización será equivalente al 110 por cien de la base mínima de cotización del Régimen General de la Seguridad Social vigente en cada momento.
  • Durante el ejercicio 2027 la base de cotización será equivalente al 105 por cien de la base mínima de cotización del Régimen General de la Seguridad Social vigente en cada momento.

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