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El alcalde de Orihuela niega haber cobrado seis años sin acudir a su puesto en Sanidad

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ALICANTE, 30 (EUROPA PRESS) El alcalde ‘popular’ de Orihuela (Alicante), Emilio Bascuñana, ha calificado de «absolutamente falso» que haya cobrado durante seis años sin acudir a su puesto de trabajo en la Conselleria de Sanidad. «Para mí, en política no todo vale y todo tiene un límite», ha dicho y ha advertido: «No voy a permitir que nadie ponga en tela de juicio mi honorabilidad, mi carrera personal y profesional y menos estando como alcalde de Orihuela».

El edil ha manifestado que estudia acciones legales contra personas o medios que le acusen «de cometer un delito» o le difamen. «Está claro que alguien busca quitarme de en medio a cualquier precio; ataques como este vendrán más», ha asegurado y les ha instado a acudir a los tribunales.

En una comparecencia de prensa, Bascuñana se ha pronunciado así sobre una información publicada en la que se asegura que ha ocultado en su currículum que entre el 1 de noviembre de 2007 y el 7 de enero de 2014 estuvo en una «adscripción funcional» en la Dirección Territorial de Sanidad en Alicante y que en la dirección territorial ni tuvo puesto de trabajo asignado, ni se guarda ningún informe o trabajo que pueda acreditar su paso por este departamento.

«Está claro que las cosas sacadas de contexto pueden parecer lo que no es», ha dicho en su declaración a los medios este miércoles, en la que ha hablado de «datos falsos» y «manipulados», que generan «noticias falsas».

El alcalde oriolano ha hecho un repaso de su vida profesional de la que ha explicado que terminó Medicina en 1986 y que ejerció hasta 2007 en localidades de la provincia y «todo ello compaginando la medicina privada y la pública».

Además, ha relatado que fue presidente de Cruz Roja Orihuela desde 1981 hasta 1998 y que pasó a ser vicepresidente de la ONG a nivel autonómico y después como presidente provincial. Según la información publicada, Bascuñana fue presidente de la Cruz Roja de Alicante desde 2004 hasta marzo de 2013.

Bascuñana ha explicado que sufrió un infarto y que se le aconsejó dejar algunas de sus actividades «de estrés». Fue «en ese momento y esas circunstancias», cuando se la ofreció desde Conselleria de Sanidad «una nueva situación laboral» que resultó «en beneficio de los intereses de la propia Conselleria». Según ha manifestado se le propuso, por ser considerado «experto» en temas de consumo de drogas y emergencias, para «reestructurar los servicios de conductas adictivas».

«Mi labor durante esos primeros años de adscripción laboral se centró en asesorar a la Conselleria sobre cómo gestionar y optimizar los servicios de dispensación de metadona y otros de carácter social; consiguiendo que se mantuvieran no solo en Alicante si no en toda la Comunitat Valenciana en Cruz Roja», ha detallado y ha considerado que esa medida permitió «optimización» de recursos.

TRABAJO JUSTIFICADO
Emilio Bascuñana ha indicado que por esas nuevas funciones sufrió una reducción de su salario y que su trabajo «quedó justificado» ante sus superiores». Así, ha precisado que las funciones de asesoramiento se desarrollaron de 2008 a 2010. Posteriormente, conforme se modificaron las circunstancias, cambió el trabajo y pasó «cubrir» a médicos que salían de guardia o «de permiso».

«Cosa que recordarán los miles de pacientes que atendía», ha señalado y ha hecho una relación de localidades donde estuvo. «Hay muchas y muchas pruebas a través de cada una de las personas que atendí, sobre todo en esa segunda etapa; menos en los primeros años», ha afirmado Bascuñana que ha reconocido que no forma parte de su currículum «público» porque solo tiene registrado «lo más destacado».

«No tengo problema en añadir todas las etapas laborales de las que me siento orgulloso», ha continuado y ha anunciado que las incluirá «como otras que no constan».

«NADA QUE OCULTAR»
Emilio Bascuñana ha alegado que «a nadie se le paga mes a mes, ni se le prorroga si no cumpliera con sus funciones» y así, ha querido dejar «absolutamente claro, que no tengo nada que ocultar». Con todo, se ha mostrado «preocupado» y se ha cuestionado «seriamente» quién «ha tenido acceso a esos datos personales y el uso que se hace de ellos».

«No he cometido ninguna irregularidad», ha sostenido y ha opinado que no tiene que «demostrar» su inocencia y que trabajó, porque es «algo obvio». «En todo caso, será más bien al contrario», ha planteado y ha instado a que sean otros quienes «intenten demostrar, porque no podrán» que se ha cometido «alguna irregularidad o, todavía más, algún delito».

Emilio Bascuñana ha recordado que lleva tres años «con aciertos y con errores» al frente del Ayuntamiento pero «no puede haber duda» de que lo hace con «honestidad, convicción y responsabilidad». «Tres años sin ceder a presiones y provocaciones de intereses particulares que pretenden evitar que la política en Orihuela se regenere», ha afirmado.

Finalmente, ha hablado de que resta un año de mandato que será «muy duro» y se ha mostrado «convencido» de que habrá «más situaciones como esta». Asimismo, ha recordado que ostenta una de las «principales» Alcaldías en manos del PP y que le convierten en el «objetivo a batir» con las elecciones «tan cerca».

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El Gobierno no se responsabiliza de las víctimas de la vacuna covid: «Se la pusieron voluntariamente»

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El Ministerio de Sanidad se desentiende de las víctimas de la vacuna contra el COVID-19 y ahora rechaza la responsabilidad de la Administración, a pesar de un dictamen específico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que establece por primera vez la relación de causalidad entre la administración de la vacuna Spikevax-COVID-19 de Moderna y la miocarditis grave.

En su respuesta a un procedimiento de reclamación patrimonial, el Ministerio de Sanidad argumenta que cualquier ciudadano que reciba atención médica debe aceptar los efectos adversos derivados de la misma, siempre y cuando haya dado su consentimiento informado. Además, sostiene que la posibilidad de sufrir el daño reclamado fue divulgada por la Aemps al administrarse la vacuna y que ésta fue recibida voluntariamente, por lo que no puede considerarse un daño antijurídico imputable a las administraciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando un ciudadano recibió la vacuna contra el COVID-19 tras la imposición del Certificado COVID-19 Digital de la UE en casi todo el país y bajo la premisa de que la vacuna era segura y efectiva. Sin embargo, poco después de la vacunación, comenzaron a manifestarse síntomas alarmantes que llevaron a una hospitalización urgente en la UCI del Hospital.

A pesar de que los médicos inicialmente consideraron un infarto de miocardio, pronto relacionaron los síntomas con la vacuna COVID-19, dada la proximidad temporal con la vacunación. Después de estabilizar al paciente, el diagnóstico final fue miocarditis aguda, probablemente como reacción a la vacuna, según los informes médicos.

Dictamen de la Aemps

Aunque la Aemps reconoce la relación probable entre la vacuna y la miocarditis, el Ministerio de Sanidad se exime de responsabilidad, argumentando que la posibilidad de efectos adversos fue comunicada previamente y que la vacunación fue voluntaria.

El abogado de la víctima critica la falta de información accesible para el público sobre los riesgos reales de la vacuna y señala que la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad transmitía un mensaje de seguridad. Además, destaca la responsabilidad moral del Ministerio en resolver el procedimiento de reclamación, que ha permanecido estancado por más de dos años, a pesar del dictamen de la Aemps.

 

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