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El Ayuntamiento de València prohíbe a servicios sociales hablar con los medios de comunicación

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Este viernes ‘El Mundo’ ha publicado una circular interna que el Ayuntamiento de València ha enviado a servicios sociales indicando que «en ningún caso se puede proceder a facilitar información o efectuar declaración alguna ante los medios de comunicación audiovisual o escritos, en representación del Ayuntamiento de Valencia o en calidad de funcionario o funcionaria municipal».

El alcalde de València, Jon Ribó ha sido preguntado esta mañana sobre este caso, que ha generado mucho malestar entre los funcionarios, y ha asegurado que «no va en contra de la libertad de expresión, sino a favor de unificar un mensaje de una entidad determinada. El derecho a la liberad de expresión es un derecho constitucional y toda persona, sea funcionario sea alcalde o sea lo que sea, tiene derecho a expresar su opinión donde quiera y como quiera; eso es un tema clarísimo».

Pero también ha admitido que «lo que no puede hacer un trabajador en cualquier empresa es expresar su opinión como si hablara en nombre de la empresa o de la concejalía». «No va en contra de la libertad de expresión, sino a favor de unificar un mensaje de una entidad determinada como ocurre con cualquier empresa de cualquier sitio. Cualquier relación con la libertad de expresión es intentar buscar caminos que no se ajustan a la realidad».

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, se ha referido a este tema y ha reclamado que se retire la que ha calificado como «instrucción mordaza, que prohíbe a los trabajadores de Servicios Sociales hablar con la prensa».

El grupo ‘popular’ va a preguntar a las comisiones de Participación y Bienestar Social «si la orden partió de la propia concejala o del alcalde de la ciudad Ribó». También si se ha cursado «la misma instrucción mordaza a los trabajadores y funcionarios del resto de concejalías».

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El Comité de derechos de la ONU pide suspender el desahucio de una familia valenciana

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Onu suspende desahucio familia valenciana

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha solicitado al Estado español la suspensión del desahucio de una familia valenciana ordenado para este miércoles por un Juzgado, mientras examina el caso planteado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Así lo recoge la respuesta de este Comité al escrito de PAH Valencia, en la que solicita al Gobierno de España que, mientras examina el caso, tome medidas para evitar «posibles daños irreparables», consistentes en la suspensión del desahucio de la vivienda donde viven una mujer y sus dos hijas, o en otorgarles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades.

Según han explicado fuentes de la plataforma, PAH Valencia ha hecho llegar el comunicado de este Comité de Derechos a la familia y al abogado de oficio, que ha presentado escrito solicitando la paralización ante el Juzgado del desahucio, señalado para este miércoles, de la mujer y sus hijas de 3 y 6 años.

PAH Valencia ha lamentado que todas las semanas se decretan desahucios que «acaban favoreciendo al capital internacional más especulativo», a pesar de las solicitudes de suspensión desde la justicia gratuita, y afectan a personas y familias vulnerables en situaciones «límite» y sin alternativa habitacional.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales por sus Estados.

 

 

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