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El caso de María José Carrasco reabre el debate sobre la eutanasia en plena campaña electoral

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VALÈNCIA, 5 Abr.- La vida de Maria José Carrasco se terminó este miércoles. Después de más de 30 años sufriendo una larga enfermedad, su marido, Ángel Hernández, le ayudó a poner fin con una muerte digna y que en todo momento estuvo grabada por el propio Ángel para dejar constancia de los hechos.

La esclerosis múltiple que sufría María José la había sumergido en un estado terminal que la postró en una cama y que le producía muchos dolores. A pesar de la larga lucha constante que ha tenido y de haber intentado incluso suicidarse, se encontraba en un punto en el que ya no le era posible acabar con su vida por si misma.

Su marido, Ángel Hernández, después de haber luchado junto a su mujer hasta el último momento, confesaba en la grabación que se ha emitido públicamente en todos los medios de comunicación, que la situación era ya insostenible y que María José «necesitaba morir dignamente».

En la grabación se puede ver como Ángel mantiene una conversación con María José en la que le pregunta explícitamente que lo que va a realizar es lo que ella quiere, y ella le contesta sin ningún tipo de coacción. Tras la conversación se puede ver como se realiza todo el proceso y el momento más personal, cuando Ángel le suministra la sustancia que acaba con la vida de María José.

La Policía conocía los hechos y detenía este miércoles a Ángel por un presunto delito de homicidio por cooperación al suicidio. Tras prestar declaración, la jueza dejaba en libertad sin medidas cautelares a Ángel Hernández.

En este momento se ha reabierto el debate sobre el derecho a una muerte digna, y los partidos políticos que se encuentran en plena campaña electoral han salido a valorar los hechos. Una cuestión que ya se ha debatido en muchas ocasiones en el Congreso de los Diputados pero que a día de hoy sigue sin tener una ley que lo regule.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista que ofreció este jueves por la noche en Tele 5, aseguraba que si gana las elecciones generales del próximo 28 de abril regulará la eutanasia y que no descarta el ‘indulto’ de Ángel Hernández; por su parte el líder de ciudadanos, Albert Rivera, aseguraba también el jueves por la noche que si llega a presidente del Gobierno impulsará una ley de eutanasia “garantista y de consenso”.

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El Gobierno no se responsabiliza de las víctimas de la vacuna covid: «Se la pusieron voluntariamente»

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El Ministerio de Sanidad se desentiende de las víctimas de la vacuna contra el COVID-19 y ahora rechaza la responsabilidad de la Administración, a pesar de un dictamen específico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que establece por primera vez la relación de causalidad entre la administración de la vacuna Spikevax-COVID-19 de Moderna y la miocarditis grave.

En su respuesta a un procedimiento de reclamación patrimonial, el Ministerio de Sanidad argumenta que cualquier ciudadano que reciba atención médica debe aceptar los efectos adversos derivados de la misma, siempre y cuando haya dado su consentimiento informado. Además, sostiene que la posibilidad de sufrir el daño reclamado fue divulgada por la Aemps al administrarse la vacuna y que ésta fue recibida voluntariamente, por lo que no puede considerarse un daño antijurídico imputable a las administraciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando un ciudadano recibió la vacuna contra el COVID-19 tras la imposición del Certificado COVID-19 Digital de la UE en casi todo el país y bajo la premisa de que la vacuna era segura y efectiva. Sin embargo, poco después de la vacunación, comenzaron a manifestarse síntomas alarmantes que llevaron a una hospitalización urgente en la UCI del Hospital.

A pesar de que los médicos inicialmente consideraron un infarto de miocardio, pronto relacionaron los síntomas con la vacuna COVID-19, dada la proximidad temporal con la vacunación. Después de estabilizar al paciente, el diagnóstico final fue miocarditis aguda, probablemente como reacción a la vacuna, según los informes médicos.

Dictamen de la Aemps

Aunque la Aemps reconoce la relación probable entre la vacuna y la miocarditis, el Ministerio de Sanidad se exime de responsabilidad, argumentando que la posibilidad de efectos adversos fue comunicada previamente y que la vacunación fue voluntaria.

El abogado de la víctima critica la falta de información accesible para el público sobre los riesgos reales de la vacuna y señala que la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad transmitía un mensaje de seguridad. Además, destaca la responsabilidad moral del Ministerio en resolver el procedimiento de reclamación, que ha permanecido estancado por más de dos años, a pesar del dictamen de la Aemps.

 

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