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El Constitucional autoriza a que no se pague la plusvalía municipal si se vende un inmueble ‘a pérdidas’

Era esperada por muchos colectivos, también por el Gobierno y por los diferentes gobiernos municipales. Al final el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y ha avalado esta petición por la que aquellos propietarios que vendan su casa por un precio inferior al que la compraron no tendrán que abonar la ‘plusvalía municipal’, como está ahora mismo en la actual legislación.

“El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El Tribunal considera que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”. Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Andrés Ollero. Así reza el comunicado que acaba de hacer público el Tribunal Constitucional.

Según los expertos, esta decisión del TC español podría afectar a más de medio millón de operaciones y los propietarios de las mismas podrían solicitar la devolución de las mismas. El máximo órgano judicial no elimina el impuesto pero sí delimita la aplicación del mismo a operaciones con ganancias.

Había un precedente ya en Guipúzcoa y Alava, en la que el pasado mes de febrero el TC ya emitió una sentencia similar pero sólo para ese territorio foral. Ahora, con esta nueva sentencia, la medida se hace extensible al resto del territorio español. “La sentencia reitera la doctrina establecida por el Tribunal en las sentencias 26/2017 y 37/2017, referidas, respectivamente, al establecimiento de este mismo impuesto en los territorios históricos de Gipuzkoa y Álava. En dichas resoluciones, el Tribunal llegó a la conclusión de que el establecimiento por el legislador de impuestos que graven el incremento del valor de los terrenos urbanos es constitucionalmente admisible siempre y cuando aquellos respeten el principio de capacidad económica (art. 31.1 CE); asimismo, señaló que, para salvaguardar dicho principio, el impuesto no puede en ningún caso gravar actos o hechos que “no sean exponentes de una riqueza real o potencial”.

“Es decir —añade la nota del Tribunal— el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo. Esta circunstancia, explica el Tribunal, impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir “de acuerdo con su capacidad económica (art. 31.1 CE)”.

Se trata de una resolución muy esperada, incluso por el actual Gobierno de Mariano Rajoy, que ya había iniciado negociaciones con algunas corporaciones municipales para evaluar el alcance de la medida y fijar otro marco impositivo.

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