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El juez del caso Alquería autoriza a la Policía para que complete la documentación intervenida en la operación

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) – El Juzgado de Instrucción numero 9 de Valencia, que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones en Divalterra, ha autorizado a los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para recabar información que complete la intervenida en las entradas y registros autorizadas el pasado mes de junio en el marco de la operación Alquería, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La operación se saldó con la detención del entonces presidente de la corporación provincial y alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez (suspendido cautelarmente de militancia del PSPV); dos exasesores suyos –Ricard Gallego y Manuel Reguart– y tres altos cargos de Divalterra, empresa de capital público dependiente de la corporación provincial dedicada al desarrollo socieconómico de los municipios de la provincia: el director gerente, Xavier Simó; el secretario letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda y la excogerente de la empresa pública, Agustina Brines.

Los agentes de la UDEF se han desplazado este martes a las sedes de la Diputación Provincial de Valencia, del Ayuntamiento de Ontinyent y de Divalterra para la práctica de esta diligencia y recabar más información, según el TSJCV, que ha precisado que no se trata de una entrada y registro.

La causa, que permanece secreta, se inició en 2018 tras la denuncia de Fiscalía Anticorrupción de Valencia y está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. El juzgado investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.

En el marco de la llamada ‘Operación Alquería’, el 27 de junio los agentes de la UDEF practicaron registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent, y en la sede social de Divalterra (antigua Imelsa). El magistrado instructor autorizó también la entrada y registro en cuatro viviendas particulares: la del entonces presidente de la Diputación y las de otros tres investigados.

Además del presidente de la Diputación, en junio fueron arrestados un asesor, el jefe de gabinete, el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra y los dos directores gerentes de esta empresa pública. Tras su comparecencia ante el juez, quedaron en libertad aunque mantienen la condición de investigados.

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