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El líder de la Gürtel se enfrenta este lunes a otros 10 años de cárcel: Comienza el juicio por los amaños a AENA

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MADRID/VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) –

La Audiencia Nacional inicia mañana el tercer juicio contra la trama Gürtel, el relativo a los supuestos sobornos y amaños de contratos públicos con AENA entre los años 2000 y 2002, por los que el líder de la red corrupta, Francisco Correa, se enfrenta a 10 años de prisión. Además, también están acusados el contable de las sociedades de Correa, José Luis Izquierdo; el exjefe de prensa de operador aeropuertario Ángel López de la Mota y el que fuera ‘numero dos’de éste, Javier Gavari.

Con esta vista oral, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) y que está previsto que se alargue hasta mediados de febrero, se estrena el recién llegado a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, el juez Fernando Andreu, que hasta ahora ha dirigido las investigaciones del ‘caso Bankia’ o de los atentados de Barcelona, entre otros, en el Juzgado Central de Instrucción número 4 del mismo órgano judicial.

Por otro lado, este es el cuarto juicio que encara Correa como responsable de la trama Gürtel, pues ya ha sido juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de València por las irregularidades en el montaje del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo; y en la Audiencia Nacional por la primera época de actividades de la red corrupta (1999-2005) y por la financiación ilegal de los ‘populares’ valencianos.

Por todos estas piezas derivadas del ‘caso Gürtel’, Francisco Correa –que en vistas anteriores se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Justicia– acumula 70 años de prisión (13 ellos confirmados por el Tribunal Supremo, relativos a la condena por Fitur). Esto significa que deberá ser trasladado desde el centro penitenciario madrileño de Valdemoro para poder asistir a las sesiones de este nuevo juicio.

OTROS ACUSADOS

Acompañando a Correa, en el banquillo de los acusados se sentarán el exjefe de prensa de la empresa pública Ángel López de la Mota y su subordinado, Javier Gavari, que se enfrentan cada uno a ocho años de cárcel. También estará el contable de las empresas de la red corrupta, José Luis Izquierdo, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide siete años. Este último se encuentra en libertad con medidas cautelares tras ser condenado a 17 años y 7 meses por los primeros años de la Gürtel.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los dos ex responsables de AENA los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones y cohecho; a Correa estos tres y el de falsedad en documento mercantil, mientras que a Izquierdo solo los dos últimos.

El tribunal analizará los sobornos de la trama Gürtel a los exdirectivos de AENA para beneficiarse de la adjudicación de 22 contratos por el valor de 283.033 euros entre los años 2000 y 2002 con el objetivo de organizar la presencia de la empresa pública en distintos eventos. Se encargarán de ello la magistrada María José Rodríguez Duplá (presidenta del tribunal), Fernando Andreu (ponente) y Julio De Diego.

Éste último formó parte del tribunal que juzgó la primera época de la red corrupta –cuya sentencia dio por acreditada la ‘caja B’ del PP, que aún sigue investigándose– y fue uno de los que votó a favor de que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy declarase como testigo.

ARBITRARIEDAD PATENTE

En el auto que sentaba en el banquillo a los cuatro acusados, el juez instructor de Gürtel, José de la Mata, relataba cómo los dos ex altos cargos de AENA, dependiente del Ministerio de Fomento, desarrollaron sus funciones con una «arbitrariedad patente» y cometiendo «una ilegalidad manifiesta» en la adjudicación de los expedientes para beneficiar a la trama.

A cambio de las adjudicaciones, que se realizaron vulnerando los principios de «legalidad, igualdad, concurrencia y publicidad», la trama Gürtel sobornó presuntamente a López de la Mota con 67.215,12 euros. Así, sufragó las obras que se hizo en su ático de Villaviciosa de Odón (Madrid), con un coste de 46.216,74 euros, le entregó 6.000 euros en efectivo y le regaló viajes a Eurodisney con su familia o las islas Canarias por 14.998,38 euros.

Gavari, que «colaboró estrecha y decisivamente» con su jefe desde su posición en la filial Clasa, recibió dádivas por valor de 75.690,33 euros, de los que 61.354 los recibió en metálico y 14.336,33 en servicios turísticos para él y su familia en Mallorca, Eurodisney o Tenerife.

Las irregularidades se produjeron, en concreto, en cinco adjudicaciones que fueron tramitados como Expedientes de Contratación y 17 que se aprobaron mediante la figura de Propuesta y Aprobación de Contratación Específica (PACE).

CONTRATOS URGENTES

A través de estos expedientes las empresas de la trama Gürtel FCS, Pasadena Viajes, Special Events y TCM organizaron la presencia de AENA en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid en los años 2001 y 2002, en el Barcelona Meeting Point o en otros simposios como Expo Ocio o I+D Eurocontrol.

Los contratos se realizaron con una declaración de «urgencia», que en todos los casos era «inadecuada e improcedente», según el juez. Las ofertas siempre se hacían a las mismas empresas y en al menos un caso, en referencia a la feria Expo Ocio 2002, la fecha de adjudicación era posterior a la de celebración del contrato.

El juez mantiene que López de la Mota y Gavari «conocieron perfectamente la ilegalidad» de su actuación, que consistía en simular «la concurrencia de una urgencia inexistente» para utilizar el procedimiento negociado sin publicidad e invitar a los concursos únicamente a las empresas de Correa.

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¿Qué pasa si Sánchez dimite? ¿Quién sería el presidente? ¿Habría nuevas elecciones?

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¿Qué pasa si Sánchez dimite?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- Foto: CONGRESO
¿Qué pasa si Sánchez dimite? La posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renuncie al cargo abre un escenario incierto con muchas incógnitas pero que en su mayoría tienen respuesta en la Constitución y la ley electoral.

¿Qué pasa si Pedro Sánchez dimite?

El artículo 101 de la Constitución Española tiene previsto el escenario de una dimisión o fallecimiento del presidente del Gobierno o de una pérdida de confianza parlamentaria, como podría ser una moción censura.

“El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente”, reza la Carta Magna.

En este caso, la dimisión del jefe del Ejecutivo conllevaría que todo el Gabinete continuaría en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente del Gobierno.

Ello significa que el Gobierno estaría limitado en sus atribuciones, sin capacidad para legislar, al igual que sucede pasadas las elecciones generales y antes de elegir al nuevo Gobierno.

¿Quien nombraría al nuevo presidente?

El Congreso sería el encargado de elegir a un nuevo presidente en un proceso idéntico al de las investiduras que se celebran tras unas elecciones generales.

El rey haría una ronda de consultas con los portavoces de los partidos con representación en la Cámara Baja y tras escuchar sus opiniones designaría un candidato.

Fue lo que ocurrió en 1981 cuando dimitió Adolfo Suárez. Su partido, UCD, propuso a Leopoldo Calvo-Sotelo como su sucesor, y tras un debate de investidura, interrumpido en su votación por el intento de golpe de Estado del 23F, fue elegido presidente por el Congreso.

En esta hipótesis, el candidato designado por el rey para suceder a Pedro Sánchez se sometería a un debate de investidura y para ser elegido debería recibir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso en primera votación o más síes que noes en segunda.

Si el candidato no lograra ser investido, arrancaría un plazo de dos meses en el que nuevos candidatos propuestos por el rey pueden optar a la Presidencia. Si tras estos dos meses ningún candidato consigue la confianza del Congreso las Cortes se disuelven de forma automática y se convocan nuevas elecciones generales.

¿Puede Pedro Sánchez convocar elecciones?

La respuesta es no, de momento. En el caso de que Pedro Sánchez no decida renunciar este lunes, fecha que ha fijado para anunciar su decisión, debería esperar, como pronto hasta el próximo 31 de mayo, para convocar elecciones generales.

La ley impide que el presidente disuelva las Cortes antes de que pase un año de la anterior disolución. Solo desde entonces podría aprobar el decreto de disolución y convocatoria de elecciones, que se celebrarían pasados 54 días.

Ello llevaría las elecciones a las últimas semanas del mes de julio. La ley no establece que tengan que celebrarse en domingo, pero si así fuera, lo más probable es que se fueran al 28 de julio.

¿Y si Sánchez decide someterse a una cuestión de confianza?

Otra posibilidad es que Pedro Sánchez no renuncie a su cargo, pero decida por contra presentar una cuestión de confianza.

Se trata de un instrumento político del que dispone el presidente del Gobierno para afrontar una situación de debilidad frente al Parlamento que le ha elegido y mediante el cual el Gobierno pide al Congreso el respaldo a su política.

La Constitución, en su artículo 112, establece que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Según establece el Reglamento del Congreso, el debate se desarrolla con el mismo formato que las sesiones de investidura. La confianza se entiende otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los Diputados.

Si Sánchez no obtuviera la confianza del Congreso, ocurriría igual que si hubiera dimitido y se iniciaría el proceso para investir a un nuevo presidente, con consultas del rey y un nuevo debate de investidura.

De nuevo, y como en el caso de las investiduras fallidas tras unos comicios generales, el artículo 172 del Reglamento del Congreso fija que si transcurren dos meses y ningún candidato consigue la confianza del Congreso, el presidente de la Cámara someterá a la firma del Rey el decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones.

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