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El PP designará antes del verano a sus candidatos en Madrid y València, dos feudos clave ante los comicios de 2019

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MADRID/VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) –

La dirección nacional del PP designará antes del verano a sus candidatos en Madrid y València, dos feudos clave ante las elecciones municipales de 2019 en los que gobierna la izquierda desde 2015, según han informado a Europa Press fuentes ‘populares’. En ambas ciudades habrá renovación, dado que hace tres años Rita Barberá encabezó la lista valenciana y Esperanza Aguirre lo hizo por Madrid.

En ‘Génova’ son conscientes de que la situación política ha cambiado porque antes de 2015 gobernaban en buena parte de los ayuntamientos españoles. Sin embargo, en los comicios de mayo de ese año el PP sufrió un grave retroceso electoral y dejó de gobernar en más de una quincena de capitales de provincia.

Ahora, los ‘populares’ tratan de recuperar el terreno perdido y frenar en la medida de lo posible que el avance del partido de Albert Rivera, que crece especialmente en los núcleos urbanos. Para ello, cada vez más voces en el PP creen que hay que tener preparados los equipos para recorrer hasta el último rincón del territorio y que las caras nuevas puedan darse a conocer.

RECUPERAR LA ALCALDÍA QUE BARBERÁ GOBERNÓ 24 AÑOS
En el caso de València, las perspectivas también se presentan complicadas por las preguntas irregularidades y casos de corrupción, desde la rama valenciana del ‘caso Gürtel’ al ‘caso Imelsa’. De hecho, el PP municipal está implicado en la llamada ‘Operación Taula’, que investiga si el grupo blanqueó 50.000 euros en la campaña de 2015.

El único concejal del PP en València no imputado en ese caso es Eusebio Monzó, que se presentó como independiente en la lista de Rita Barberá hace tres años. El presidente de la gestora del PP en la ciudad y diputado autonómico, Luis Santamaría, admitió hace unos días que le gustaría ser el candidato del PP a la Alcaldía, unas declaraciones que no han sentado muy bien en la dirección del PPCV que dirige Isabel Bonig.

El cabeza de cartel para València, tercera ciudad de España, tendrá que contar con el aval de ‘Génova’, que no se pondrá a esta tarea hasta que no pase la Convención Nacional que el partido celebrará en Sevilla los días 6, 7 y 8 de abril. El exconsejero valenciano y actual portavoz en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ya se ha descartado para encabezar la lista del partido.

En mayo de 2015, el PP presentó en València a Rita Barberá, que ganó las elecciones pero sin mayoría absoluta. El cabeza de lista de Compromís, Joan Ribó, le sustituyó al frente de la Alcaldía desbancando al PP después de 24 años en el poder. Para ello, contó con los votos de los socialistas y de València en Comú.

EN MADRID, UN CANDIDATO QUE COMPITA CONTRA CARMENA

El candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid tendrá que enfrentarse previsiblemente a Manuela Carmena, que hace tres años encabezó la lista de Ahora Podemos y se hizo con el bastón de mando de la alcaldía de la capital gracias al apoyo del PSOE, tras 24 años de gobiernos del PP.

El ‘elegido’ por Mariano Rajoy para esta misión tendrá que lidiar con los casos de presunta corrupción que han afectado al PP madrileño en los últimos años (caso Gürtel, trama Púnica, operación Lezo o caso Canal Isabel II). De hecho, Esperanza Aguirre anunció su dimisión en febrero de 2016 y dejó su acta de concejal tras la detención del que fue su ‘número dos’ en el Gobierno madrileño, Ignacio González.

Tras la marcha de Aguirre, José Luis Martínez Almeida se hizo cargo de la portavocía del PP en el Ayuntamiento madrileño. Sin embargo, fuentes del PP dan por sentado que no será el elegido para intentar recuperar Madrid y admiten que Pablo Casado, actual vicesecretario general del PP, tiene «opciones» para esa labor.

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El Gobierno no se responsabiliza de las víctimas de la vacuna covid: «Se la pusieron voluntariamente»

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El Ministerio de Sanidad se desentiende de las víctimas de la vacuna contra el COVID-19 y ahora rechaza la responsabilidad de la Administración, a pesar de un dictamen específico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que establece por primera vez la relación de causalidad entre la administración de la vacuna Spikevax-COVID-19 de Moderna y la miocarditis grave.

En su respuesta a un procedimiento de reclamación patrimonial, el Ministerio de Sanidad argumenta que cualquier ciudadano que reciba atención médica debe aceptar los efectos adversos derivados de la misma, siempre y cuando haya dado su consentimiento informado. Además, sostiene que la posibilidad de sufrir el daño reclamado fue divulgada por la Aemps al administrarse la vacuna y que ésta fue recibida voluntariamente, por lo que no puede considerarse un daño antijurídico imputable a las administraciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando un ciudadano recibió la vacuna contra el COVID-19 tras la imposición del Certificado COVID-19 Digital de la UE en casi todo el país y bajo la premisa de que la vacuna era segura y efectiva. Sin embargo, poco después de la vacunación, comenzaron a manifestarse síntomas alarmantes que llevaron a una hospitalización urgente en la UCI del Hospital.

A pesar de que los médicos inicialmente consideraron un infarto de miocardio, pronto relacionaron los síntomas con la vacuna COVID-19, dada la proximidad temporal con la vacunación. Después de estabilizar al paciente, el diagnóstico final fue miocarditis aguda, probablemente como reacción a la vacuna, según los informes médicos.

Dictamen de la Aemps

Aunque la Aemps reconoce la relación probable entre la vacuna y la miocarditis, el Ministerio de Sanidad se exime de responsabilidad, argumentando que la posibilidad de efectos adversos fue comunicada previamente y que la vacunación fue voluntaria.

El abogado de la víctima critica la falta de información accesible para el público sobre los riesgos reales de la vacuna y señala que la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad transmitía un mensaje de seguridad. Además, destaca la responsabilidad moral del Ministerio en resolver el procedimiento de reclamación, que ha permanecido estancado por más de dos años, a pesar del dictamen de la Aemps.

 

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