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El proyecto Zonas Francas de Emprendimiento destaca el potencial de San Javier para el ocio náutico

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San Javier ha sido uno de los cuatro municipios, junto con Cartagena, Caravaca de la Cruz, y La Unión, con los que la Comunidad ha puesto en marcha, en su fase experimental el proyecto Zonas Francas de Emprendimiento, a través del Instituto de Fomento, una iniciativa que pretende convertir la potencialidad de los municipios en un yacimiento de creación de empresas.

El acalde de San Javier, José Miguel Luengo, asistió hoy en Murcia, junto al consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, el director del INFO, Javier Celdrán, y representantes de los otros tres municipios, a la presentación de la primera fase del proyecto consistente en un estudio del potencial de cada municipio, que en el caso de San Javier destaca su potencial de crecimiento y desarrollo en torno al ocio náutico. En el caso de Cartagena sería el buceo; el flamenco en el de la Unión, y el Año Jubilar en Caravaca.

El consejero Juan Hernández explicó que “el objetivo es especializar a los municipios de la Región en aquellos sectores en los que pueden ser más competitivos e incentivar la creación y asentamiento de empresas, contribuyendo así a la creación de un tejido empresarial sólido que colabore y genere sinergias y que ayude a la creación de empleo en estas localidades y, en definitiva, al desarrollo económico local y regional”.

Luengo se mostró “convencido” de la potencialidad del municipio de San Javier “que cuenta con el mejor campo de regatas del mundo, el Mar Menor” en materia de ocio náutico, “algo en lo que ya estamos trabajando”. El proyecto de Zona Franca de Emprendimiento, que está previsto que se desarrolle después en otras localidades, incluye actividades de difusión, sensibilización, encuentros con emprendedores y capacitación para empresarios y emprendedores interesados.

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El Gobierno no se responsabiliza de las víctimas de la vacuna covid: «Se la pusieron voluntariamente»

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El Ministerio de Sanidad se desentiende de las víctimas de la vacuna contra el COVID-19 y ahora rechaza la responsabilidad de la Administración, a pesar de un dictamen específico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que establece por primera vez la relación de causalidad entre la administración de la vacuna Spikevax-COVID-19 de Moderna y la miocarditis grave.

En su respuesta a un procedimiento de reclamación patrimonial, el Ministerio de Sanidad argumenta que cualquier ciudadano que reciba atención médica debe aceptar los efectos adversos derivados de la misma, siempre y cuando haya dado su consentimiento informado. Además, sostiene que la posibilidad de sufrir el daño reclamado fue divulgada por la Aemps al administrarse la vacuna y que ésta fue recibida voluntariamente, por lo que no puede considerarse un daño antijurídico imputable a las administraciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando un ciudadano recibió la vacuna contra el COVID-19 tras la imposición del Certificado COVID-19 Digital de la UE en casi todo el país y bajo la premisa de que la vacuna era segura y efectiva. Sin embargo, poco después de la vacunación, comenzaron a manifestarse síntomas alarmantes que llevaron a una hospitalización urgente en la UCI del Hospital.

A pesar de que los médicos inicialmente consideraron un infarto de miocardio, pronto relacionaron los síntomas con la vacuna COVID-19, dada la proximidad temporal con la vacunación. Después de estabilizar al paciente, el diagnóstico final fue miocarditis aguda, probablemente como reacción a la vacuna, según los informes médicos.

Dictamen de la Aemps

Aunque la Aemps reconoce la relación probable entre la vacuna y la miocarditis, el Ministerio de Sanidad se exime de responsabilidad, argumentando que la posibilidad de efectos adversos fue comunicada previamente y que la vacunación fue voluntaria.

El abogado de la víctima critica la falta de información accesible para el público sobre los riesgos reales de la vacuna y señala que la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad transmitía un mensaje de seguridad. Además, destaca la responsabilidad moral del Ministerio en resolver el procedimiento de reclamación, que ha permanecido estancado por más de dos años, a pesar del dictamen de la Aemps.

 

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