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El Supremo resuelve que el cliente debe pagar el impuesto a las hipotecas

El Tribunal Supremo, tras casi dos días de deliberaciones, ha decidido, de forma ajustada por 15 votos a 13, rechazar los recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid, volviendo de esta forma a la jurisprudencia que se venía aplicando desde hace más de 20 años y que señala que es el cliente de la hipoteca quien debe hacer frente y costear el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Durante más de 15 horas, repartidas en dos días, los jueces de la Sala de lo Contencioso-administrativo, han debatido una sentencia que tenía ‘en vilo’ a la sociedad española tras la reciente sentencia que hacía recaer en las entidades financieras el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, pero no especificaba su alcance.

La sentencia no precisaba si la banca debe asumir la citada tasa a partir de ahora o, por el contrario, hacerlo también con las hipotecas suscritas en los últimos cuatro años -plazo de prescripción del impuesto- o incluso con aquellas firmadas con anterioridad a esa fecha.

El “negocio inscribible”, aclaraba la sentencia, es la hipoteca, y el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca.

Sólo un día después del fallo conocido el pasado 18 de octubre, el presidente de la sala, Luis Díez Picazo, anunció que dado el “giro radical” en la jurisprudencia y la “enorme repercusión económica y social” provocados por la sentencia, se convocaba un pleno para aclarar los cabos sueltos.

Pese a conocerse este martes la deliberación de los jueces, el fallo no se dará a conocer hasta pasados unos días. Como era de esperar, las reacciones se han producido al momento como es el caso de Pablo Iglesias quien asegura que “gana la banca y pierden los ciudadanos”, mientras que Xavier García ALbiol del PP de Cataluña, señalaba que la decisión del Supremo “es un grave error de consecuencias sociales imprevisibles”.

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