El TSJCV suspende mes y medio los plazos de reversión del Hospital de Alzira

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha suspendido durante un mes y medio los plazos que la Generalitat dictaminó para la reversión del Hospital de Alzira, basándose en un recurso de la empresa gestora.

El TSJCV indica que “el tiempo concedido coincide en un mes que tiene un mayor número de días inhábiles de lo que es habitual”, en referencia a este mes de abril, en el que han habido sucesivos días festivos debido a la celebración de la Semana Santa y la Pascua.

Es por ello que la Sala del TSJCV considera “estimar parcialmente el presente recurso y suspender la totalidad de los plazos de los requerimientos contenidos en las normas durante un mes y medio”.

Según ha informado el TSJCV, la empresa que gestiona el Hospital de Alzira, Ribera Salud, interpuso un recurso contencioso-administrativo contra las normas del 27 de marzo de 2017, del director general de Recursos Humanos y Económicos de la Conselleria de Sanidad, encaminadas a la reversión del servicio público de asistencia sanitaria en el Departamento de Salud de la Ribera, solicitando la suspensión cautelar de las mismas, y que le fue denegada.

A juicio de la Sala, el interés que trata de proteger la Administración con estas normas está claro: la normalidad y eficacia en la prestación del esencial servicio público sanitario durante el cambio de titularidad del gestor del mismo cuando se produzca la reversión, “cuya complejidad es más que evidente”.

El interés que reclama la concesionaria es, también el mismo; es decir, reclama la posibilidad de mantener la eficacia en el servicio durante este último año, que ve seriamente comprometida con la ingente labor que le encomienda la Administración y que le lleva a considerar atacada, con ello, su libertad empresarial, lo que constituye su interés invocado y digno de protección.

Añade la Sala que “el hecho de que las normas contengan unos plazos está previsto en el pliego y en el contrato” y además señala que “mucha de la información que se solicita era previsible que fuera a ser solicitada”.

“Todo ello, que conduce a la desestimación de la petición cautelar, debe ser no obstante matizado, en el sentido de que sí estimamos que existe desproporción entre el tiempo que la Administración concede a la concesionaria para cumplimentar sus requerimientos de información y el que la misma se reserva para la comprobación de la misma”, señala el auto.