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ERE #RTVV: CC.OO insta a la Generalitat a negociar el futuro de los ex-trabajadores en la nueva Corporación

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Después de conocerse que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dado validez legal el ERE que supuso el cierre de Radio Televisió Valenciana en 2013, según la sentencia que se ha conocido en la mañana del jueves, ya empiezan a conocerse las primeras reacciones y valoraciones. Una de éstas, la de CC.OO que, en un comunicado, ha instado a la Generalitat Valenciana a negociar la participación de los ex-trabajadores del ente en la nueva entidad que se encarga de la creación de una nueva radio y televisión de los valencianos, la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación.

«A la espera de un análisis más detallado del contenido de la sentencia y sus fundamentos, es necesario poner en valor el acuerdo alcanzado por CCOO en el ERE de extinción, aun no compartiendo las causas del mismo, como mal menor y mejor protección de las trabajadoras y trabajadores de RTVV», reza el comunicado de uno de los sindicatos con representación en el ex-comité de empresa de la extinta RTVV. «Asimismo —añaden— es urgente restablecer el diálogo que permita negociar una salida en torno a la nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y la aplicación de la cláusula de preferencia para el personal de la antigua RTVV en la nueva Corporación, que se establecía en el acuerdo de finalización del período de consultas del despido colectivo, hoy validado por la Sala de lo Social Audiencia Nacional.

El sindicato considera que, durante todo el proceso y hasta la fecha de hoy, ha quedado claro que «la Administración Pública ha legislado para justificar su decisión con esta empresa», algo que «evidentemente, rechazamos». Y también incide en denunciar los hechos y la solución de cierre tomada. Para CC.OO queda claro que «la totalidad de la plantilla fue separada de sus puestos de trabajo por decisión del Consell, que para blindar su decisión ‘empresarial’ utilizó una ley singular —la Ley 4/2013, de supresión del servicio de RTVV— carente de justificación y arbitraria, obligando al cese de la prestación del servicio público de radio y televisión de la Comunidad Valenciana, llevando consigo la extinción de las relaciones laborales», continúa la nota. «Y por si el insulto a la razón no fuera suficiente, la decisión fue tomada el mismo día —5 de noviembre de 2013— que se conoció la sentencia de nulidad dictada por el TSJ-CV del anterior despido colectivo perpetrado por el Consell en RTVV, en clara rebeldía y desacato a la justicia”.

Mensaje al actual Consell
Además de volver a solicitar un proceso negociador, el sindicato insiste en recordar a todos los que han intervenido en el proceso, tanto el anterior Consell como el actual, a quien también se dirige, al asegura que “aun reconociendo y evidenciando el travestismo político-empresarial que llevó al disparate de disolver de forma traumática un servicio público, los nuevos representares políticos —que cuando estaban en la oposición denunciaron el cierre de RTVV como carente de causa e ilegal— no se aplican a desvelar la verdadera naturaleza de la decisión, llegando al paroxismo de contraponer las cuestiones y defensas técnicas de las políticas e incluso defendiendo la inviabilidad económica argüida por Alberto Fabra y su séquito, que a nadie —salvo que una ley disponga lo contrario, claro— le puede resultar mínimamente creíble, siendo que en 2012, aun con una enorme deuda residenciada en el Grupo RTVV, se procedió a una reorganización societaria para mantener el servicio, quedando RTVV saneada y libre de deudas a fecha de este nuevo despido, según consta en sentencia firme”.

Así, insisten, en que «más allá de las iniciativas que, tras el estudio detallado de la sentencia, se adopten, desde CCOO reiteramos que solo la apertura de un proceso negociador, basado en los mismos compromisos con los trabajadores y trabajadoras que se adoptaron cuando se produjo el ERE de extinción para el caso de que se abriera nuevamente el servicio de radiotelevisión pública, puede solucionar satisfactoriamente el conflicto», concluye el escrito

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El Gobierno no se responsabiliza de las víctimas de la vacuna covid: «Se la pusieron voluntariamente»

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El Ministerio de Sanidad se desentiende de las víctimas de la vacuna contra el COVID-19 y ahora rechaza la responsabilidad de la Administración, a pesar de un dictamen específico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que establece por primera vez la relación de causalidad entre la administración de la vacuna Spikevax-COVID-19 de Moderna y la miocarditis grave.

En su respuesta a un procedimiento de reclamación patrimonial, el Ministerio de Sanidad argumenta que cualquier ciudadano que reciba atención médica debe aceptar los efectos adversos derivados de la misma, siempre y cuando haya dado su consentimiento informado. Además, sostiene que la posibilidad de sufrir el daño reclamado fue divulgada por la Aemps al administrarse la vacuna y que ésta fue recibida voluntariamente, por lo que no puede considerarse un daño antijurídico imputable a las administraciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando un ciudadano recibió la vacuna contra el COVID-19 tras la imposición del Certificado COVID-19 Digital de la UE en casi todo el país y bajo la premisa de que la vacuna era segura y efectiva. Sin embargo, poco después de la vacunación, comenzaron a manifestarse síntomas alarmantes que llevaron a una hospitalización urgente en la UCI del Hospital.

A pesar de que los médicos inicialmente consideraron un infarto de miocardio, pronto relacionaron los síntomas con la vacuna COVID-19, dada la proximidad temporal con la vacunación. Después de estabilizar al paciente, el diagnóstico final fue miocarditis aguda, probablemente como reacción a la vacuna, según los informes médicos.

Dictamen de la Aemps

Aunque la Aemps reconoce la relación probable entre la vacuna y la miocarditis, el Ministerio de Sanidad se exime de responsabilidad, argumentando que la posibilidad de efectos adversos fue comunicada previamente y que la vacunación fue voluntaria.

El abogado de la víctima critica la falta de información accesible para el público sobre los riesgos reales de la vacuna y señala que la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad transmitía un mensaje de seguridad. Además, destaca la responsabilidad moral del Ministerio en resolver el procedimiento de reclamación, que ha permanecido estancado por más de dos años, a pesar del dictamen de la Aemps.

 

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