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Estos son los servicios especiales de Metrovalencia para Expojove y la Cabalgata de Reyes

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Metrovalencia programará desde el martes, día 26 de diciembre, y hasta el jueves, 4 de enero, servicios especiales en la Línea 4 de tranvía de Metrovalencia hasta Feria Valencia, con el objetivo de facilitar el acceso a la Feria Internacional de Valencia y a la Feria de la Infancia y la Juventud Expojove.

Además, reforzará y prolongará el viernes día 5 de enero, víspera de Reyes, sus servicios en la red de metro y tranvía de la ciudad de València y su área metropolitana, con el objetivo de facilitar la presencia de los usuarios en la tradicional Cabalgata de Sus Majestades de Oriente y los desplazamientos nocturnos tras las últimas compras de la Navidad, dado que el 5 de enero los comercios cerrarán sus puertas a medianoche para apurar las ventas ante el Día de Reyes.

Por otro lado, Metrovalencia aplicará a partir del martes 26 de diciembre el horario de Navidad para los servicios de metro y tranvía, que se mantendrá en vigencia hasta el 5 de enero. Esta decisión permite adecuar la oferta a la demanda actual de los clientes durante las fechas navideñas, y alcanzar una mayor eficiencia, a través de la reorganización de horarios, con el ajuste de los servicios menos utilizados, y la consiguiente reducción de costes.

Con esta medida, los servicios de los días «ordinarios» o laborables (días 26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero) pasan a ser «intermedios» y se equiparan a los de los sábados del resto del año. La programación de dichos servicios no afecta a los sábados, domingos y festivos (30 y 31 de diciembre y 1, 6 y 7 de enero), que mantienen el horario habitual del resto del año.

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El Gobierno no se responsabiliza de las víctimas de la vacuna covid: «Se la pusieron voluntariamente»

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El Ministerio de Sanidad se desentiende de las víctimas de la vacuna contra el COVID-19 y ahora rechaza la responsabilidad de la Administración, a pesar de un dictamen específico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que establece por primera vez la relación de causalidad entre la administración de la vacuna Spikevax-COVID-19 de Moderna y la miocarditis grave.

En su respuesta a un procedimiento de reclamación patrimonial, el Ministerio de Sanidad argumenta que cualquier ciudadano que reciba atención médica debe aceptar los efectos adversos derivados de la misma, siempre y cuando haya dado su consentimiento informado. Además, sostiene que la posibilidad de sufrir el daño reclamado fue divulgada por la Aemps al administrarse la vacuna y que ésta fue recibida voluntariamente, por lo que no puede considerarse un daño antijurídico imputable a las administraciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando un ciudadano recibió la vacuna contra el COVID-19 tras la imposición del Certificado COVID-19 Digital de la UE en casi todo el país y bajo la premisa de que la vacuna era segura y efectiva. Sin embargo, poco después de la vacunación, comenzaron a manifestarse síntomas alarmantes que llevaron a una hospitalización urgente en la UCI del Hospital.

A pesar de que los médicos inicialmente consideraron un infarto de miocardio, pronto relacionaron los síntomas con la vacuna COVID-19, dada la proximidad temporal con la vacunación. Después de estabilizar al paciente, el diagnóstico final fue miocarditis aguda, probablemente como reacción a la vacuna, según los informes médicos.

Dictamen de la Aemps

Aunque la Aemps reconoce la relación probable entre la vacuna y la miocarditis, el Ministerio de Sanidad se exime de responsabilidad, argumentando que la posibilidad de efectos adversos fue comunicada previamente y que la vacunación fue voluntaria.

El abogado de la víctima critica la falta de información accesible para el público sobre los riesgos reales de la vacuna y señala que la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad transmitía un mensaje de seguridad. Además, destaca la responsabilidad moral del Ministerio en resolver el procedimiento de reclamación, que ha permanecido estancado por más de dos años, a pesar del dictamen de la Aemps.

 

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