Francisco Villena

La prestación de servicios públicos por empresas privadas ha existido siempre. A cambio de un canon o precio, servicios públicos esenciales como el transporte, la enseñanza, la limpieza, la sanidad, etc., son prestados, en muchas ocasiones, por empresas privadas. Mediante las figuras de los conciertos o las concesiones administrativas las empresas privadas prestan un servicio a la comunidad con la autorización de las administraciones que se reservan para sí la titularidad del servicio, su control y la inspección de que la prestación del servicio se ajusta a las condiciones o requisitos de calidad establecidos en la concesión. En definitiva, el servicio sigue siendo público, de titularidad pública, pero la prestación del servicio es privada.

Tradicionalmente, los partidos de centro-derecha que encarnan el liberalismo económico siempre han sido más flexibles o menos rigurosos a la hora de permitir que determinados servicios públicos fueran prestados en régimen de concesión por las empresas privadas. En cambio, los partidos de izquierda, que encarnan la socialdemocracia en sentido amplio, son menos proclives a la externalización de los servicios públicos, sobre todo la enseñanza y la sanidad. Aunque no se exteriorice en demasía, el debate ideológico derecha-izquierda en materia de privatización de la prestación de servicios públicos existe. No se trata tanto de negar, desde el ámbito de la izquierda, el que puedan existir centros educativos o sanitarios privados, pero sí de que se paguen con fondos públicos a empresas privadas por prestar servicios públicos.

Es indudable que el objetivo de las empresas privadas es ganar dinero. La cuestión radica en si las administraciones están en condiciones de invertir lo necesario para prestar un servicio público de calidad, o si no es mejor o más llevadero financieramente para las arcas públicas el pagar a una empresa privada para que lo haga. Si la administración puede prestar el servicio público, por ejemplo un hospital, ahorrando dinero a los contribuyentes y con la misma calidad o mejor que lo viene haciendo una empresa privada no estaría justificada la externalización. La privatización en la prestación de un servicio público debe garantizar, además, la igualdad en el acceso al mismo y la calidad del servicio. Los ciudadanos-usuarios de los servicios públicos lo que quieren es que les atiendan bien, lo mejor posible, y no tanto les importa si quien les presta el servicio es una empresa privada o funcionarios de la administración. Llevar la competencia gestión pública-gestión privada al debate ideológico, si la gestión es transparente y honrada, es indiferente para el ciudadano cuando el servicio público, lo preste quién lo preste, sea de calidad.

Por consiguiente, garantizar la calidad del servicio público y el ahorro económico para los contribuyentes deben ser los dos pilares sobre los que se debe asentar cualquier decisión de la administración de prestar directamente o externalizar un servicio público.