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GÜRTEL | Inspectores de Hacienda corroboran que el PP de Camps pagó los servicios prestados por la trama con la caja ‘b’

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(EUROPA PRESS)-Dos inspectores de la Agencia Tributaria han corroborado este miércoles ante el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, que el PP de la Comunitat Valenciana liderado por Francisco Camps pagó con dinero negro parte de los servicios prestados por la empresa de la trama Gürtel Orange Market.

Estos dos funcionarios de Hacienda han comparecido en calidad de peritos en el juicio que está celebrando la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación irregular del PP valenciano en relación a la contratación de la organización de eventos y actos de campaña en 2007 y 2008 con la empresa de Francisco Correa.

Han explicado que tras analizar distintas facturas que obraban en el sumario del procedimiento y sobre todo documentación que fue requerida a otros empresarios que hicieron pagos a Orange Market, llegaron a la conclusión de que la formación política regional pagó en ‘b’ parte de los servicios a esta empresa.

A pregunta de la Fiscalía Anticorrupción, uno de ellos ha recordado que en ocasiones era imposible identificar el concepto de algunas de las facturas emitidas por la sociedad valenciana de la Gürtel al partido político. «Había incongruencias», ha dicho uno de los inspectores, que ha señalado que la contabilidad de Orange Market era «incorrecta», de tal modo que a veces le llevó a dudar sobre se había confundido a la hora de revisar dicha documentación.

«TRES FORMAS DE FACTURAR»
En este sentido, ha concluido que Orange Market tenía «tres formas de facturar» al PP de la Comunitat: una que recogía la facturación real, en la que se indicaban concepto y destinatarios verdaderos sujeto a IVA; otra que se emitía a terceros, con un concepto «falso» y una tercera que se basaba en que la formación política, y en ocasiones otros empresarios, pagaban en efectivo, «en negro».

Precisamente, tanto los líderes de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, como el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa y nueve empresarios han reconocido ante el juez estas practicas irregulares.

Ha precisado que la trama liderada por Francisco Correa diferenciaba estos pagos en su contabilidad en dos documentos llamados ‘Alicante’ y ‘Barcelona’. En el primero de ellos, se anotaba los importes procedentes de la facturación «correcta»; mientras que en la otra se reflejaba todo lo que era «opaco» y venía de la caja ‘b’ de los ‘populares’ valencianos.

Esto mismo fue resaltado tanto por el que fuera contable de Orange Market, Cándido Herrero –acusado en este juicio–, y por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigaron la trama, entre ellos el jefe, Manuel Morocho.

«SOBREFACTURACIÓN» PARA CONSEGUIR BENEFICIOS

Asimismo, ha destacado que no encontró en la contabilidad del PP «ningún gasto electoral» relacionado con Orange Market. Por otro lado, su compañera ha subrayado la vinculación de Orange Market con las empresas de la red corrupta cuya sede estaban en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y ha afirmado que como estas últimas tenían que recibir su «beneficio» existía una «sobrefacturación».

En la sesión de este miércoles también ha comparecido en calidad de perito otra funcionaria de la Agencia Tributaria, que ha enfatizado a preguntas del juez que el verdadero objetivo del entramado societario de Correa era la «ocultación» de fondos.

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El Gobierno no se responsabiliza de las víctimas de la vacuna covid: «Se la pusieron voluntariamente»

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El Ministerio de Sanidad se desentiende de las víctimas de la vacuna contra el COVID-19 y ahora rechaza la responsabilidad de la Administración, a pesar de un dictamen específico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que establece por primera vez la relación de causalidad entre la administración de la vacuna Spikevax-COVID-19 de Moderna y la miocarditis grave.

En su respuesta a un procedimiento de reclamación patrimonial, el Ministerio de Sanidad argumenta que cualquier ciudadano que reciba atención médica debe aceptar los efectos adversos derivados de la misma, siempre y cuando haya dado su consentimiento informado. Además, sostiene que la posibilidad de sufrir el daño reclamado fue divulgada por la Aemps al administrarse la vacuna y que ésta fue recibida voluntariamente, por lo que no puede considerarse un daño antijurídico imputable a las administraciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando un ciudadano recibió la vacuna contra el COVID-19 tras la imposición del Certificado COVID-19 Digital de la UE en casi todo el país y bajo la premisa de que la vacuna era segura y efectiva. Sin embargo, poco después de la vacunación, comenzaron a manifestarse síntomas alarmantes que llevaron a una hospitalización urgente en la UCI del Hospital.

A pesar de que los médicos inicialmente consideraron un infarto de miocardio, pronto relacionaron los síntomas con la vacuna COVID-19, dada la proximidad temporal con la vacunación. Después de estabilizar al paciente, el diagnóstico final fue miocarditis aguda, probablemente como reacción a la vacuna, según los informes médicos.

Dictamen de la Aemps

Aunque la Aemps reconoce la relación probable entre la vacuna y la miocarditis, el Ministerio de Sanidad se exime de responsabilidad, argumentando que la posibilidad de efectos adversos fue comunicada previamente y que la vacunación fue voluntaria.

El abogado de la víctima critica la falta de información accesible para el público sobre los riesgos reales de la vacuna y señala que la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad transmitía un mensaje de seguridad. Además, destaca la responsabilidad moral del Ministerio en resolver el procedimiento de reclamación, que ha permanecido estancado por más de dos años, a pesar del dictamen de la Aemps.

 

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