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Hazteoir se niega a retirar la campaña contra niños transexuales y las redes explotan

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Tras la polémica generada por la publicidad lanzada por la plataforma HazteOir con el lema ‘Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen’, contra los niños transexuales, la organización ha asegurado que no va a retirar la campaña porque «reconoce un hecho de la biología y defiende la libertad ideológica» cada vez más «amenazada por el lobby gay y sus tentáculos en la política y en los medios».

De esta forma se expresaba el presidente de la plataforma, Ignacio Arsuaga, quien calificaba de «inentendible» el revuelo causado porque «el autobús no pretende discriminar ni ofender a nadie» sino que «defiende la libertad ideológica y de expresión».

Es por ello que Arsuaga ha asegurado que el autobús seguirá circulando por la capital madrileña y ha anunciado que en los próximos días también visitará las ciudades de Valencia, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, San Sebastián, Bilbao y Vitoria.

Arsuaga ha declarado que «el autobús tiene como objetivo difundir el libro ‘¿Sabes lo que quieren enseñarle a tus hijos en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual'», del que según ha explicado «ya han repartido 100.000 ejemplares por correo postal a los colegios». «Algunos centros nos apoyan y otros lo han criticado», ha subrayado.

De igual modo, el presidente ha denunciado las leyes de adoctrinamiento sexual que se han aprobado en varias comunidades autónomas para «imponer» la diversidad sexual entre los menores, las que a su juicio «vulneran la libertad de educación y el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos».

«Nos parece muy grave que se esté inculcando a nuestros hijos la ideología de género y los dogmas del lobby homosexual en las escuelas», ha reiterado Arsuaga, que también ha insistido en que «se está violando el derecho que tenemos como padres de educar a nuestros hijos conforme a nuestra conciencia», por lo que ha pedido «respeto» para los padres que no comparten esa ideología.

Estas declaraciones se producían en medio de una cascada de críticas procedentes de todos los sectores de la sociedad, incluidos políticos y famosos:

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El Gobierno no se responsabiliza de las víctimas de la vacuna covid: «Se la pusieron voluntariamente»

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El Ministerio de Sanidad se desentiende de las víctimas de la vacuna contra el COVID-19 y ahora rechaza la responsabilidad de la Administración, a pesar de un dictamen específico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que establece por primera vez la relación de causalidad entre la administración de la vacuna Spikevax-COVID-19 de Moderna y la miocarditis grave.

En su respuesta a un procedimiento de reclamación patrimonial, el Ministerio de Sanidad argumenta que cualquier ciudadano que reciba atención médica debe aceptar los efectos adversos derivados de la misma, siempre y cuando haya dado su consentimiento informado. Además, sostiene que la posibilidad de sufrir el daño reclamado fue divulgada por la Aemps al administrarse la vacuna y que ésta fue recibida voluntariamente, por lo que no puede considerarse un daño antijurídico imputable a las administraciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando un ciudadano recibió la vacuna contra el COVID-19 tras la imposición del Certificado COVID-19 Digital de la UE en casi todo el país y bajo la premisa de que la vacuna era segura y efectiva. Sin embargo, poco después de la vacunación, comenzaron a manifestarse síntomas alarmantes que llevaron a una hospitalización urgente en la UCI del Hospital.

A pesar de que los médicos inicialmente consideraron un infarto de miocardio, pronto relacionaron los síntomas con la vacuna COVID-19, dada la proximidad temporal con la vacunación. Después de estabilizar al paciente, el diagnóstico final fue miocarditis aguda, probablemente como reacción a la vacuna, según los informes médicos.

Dictamen de la Aemps

Aunque la Aemps reconoce la relación probable entre la vacuna y la miocarditis, el Ministerio de Sanidad se exime de responsabilidad, argumentando que la posibilidad de efectos adversos fue comunicada previamente y que la vacunación fue voluntaria.

El abogado de la víctima critica la falta de información accesible para el público sobre los riesgos reales de la vacuna y señala que la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad transmitía un mensaje de seguridad. Además, destaca la responsabilidad moral del Ministerio en resolver el procedimiento de reclamación, que ha permanecido estancado por más de dos años, a pesar del dictamen de la Aemps.

 

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