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IMELSA | El exgerente de Turismo Valencia niega haber dado órdenes para destruir documentos

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(EUROPA PRESS)-José Salinas, ex director gerente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), ha negado ante el juez haber dado órdenes para destruir cualquier tipo de documentación de la entidad y ha afirmado que esta tarea no dependía de él, sino de otros departamentos inferiores, según ha podido saber Europa Press.

Salinas estaba citado este jueves a declarar, en calidad de investigado, en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el conocido caso Imelsa. En concreto, al ex director gerente de Turismo Valencia se le citó en la pieza de Taula que indaga sobre los pagos a la empresa Laterne Product Council, consultora de comunicación que organizó la campaña municipal del PP para los comicios de 2007.

Según un informe incorporado a la causa, FTVCB eludió la ley en sus contratos con Laterne. En concreto, los contratos de la fundación con esta empresa ascienden a 616.00 euros entre 2006 y 2008 (531.034 más IVA) por el concepto en las siete facturas emitidas por la mercantil para justificar los cobros de ‘Proyección Turística Pla’.

Sobre estos contratos, el subdirector de Marketing y actual adjunto a dirección de la fundación; el jefe de área de Promociones y hoy en día responsable del área Comercial; la subdirectora de Administración, adjunta ahora a subdirección; la jefa de Contabilidad y la jefa jurídica aseguraron que no se les pidió participación o no la recuerdan. Asimismo, señalaron que las órdenes de pago de las facturas procedían de José Salinas o la subdirectora de Administración y que se efectuaban los pagos cuando llegaban las facturas.

Por otro lado, en esta pieza se investiga, tal y como detalla un informe elaborado por la dirección actual de la Fundación Turismo Valencia, la compra por parte de la entidad en abril de 2015 de dos destructoras de papel y el contrato a una empresa especialista en ese cometido en julio de ese año.

Sobre este último aspecto, Salinas ha afirmado al juez que esta tarea no dependía de él y que desconoce lo que se hizo exactamente. También ha negado haber dado ninguna orden de destrucción de papeles.

Por su parte, la subdirectora de gestión de la entidad, Loles Edo, sí ha indicado al órgano judicial que antes del año 2015 había una pequeña trituradora en la empresa y posteriormente se compraron otros dos más grandes. Ha aseverado que había una orden del abogado de la entidad de no destruir ningún tipo de documento contable de entre los años 2006 a 2008 por estar inmersos en un procedimiento judicial, pero ha afirmado que no sabe si se hizo caso de esta recomendación, ha podido saber Europa Press.

CONTRATOS CON LATERNE

Salinas, preguntado por los contratos con Laterne, no ha aportado muchos datos. Ha explicado que era el encargado de la contratación pero ha matizado que desconoce si en concreto estos contratos con la mercantil los firmó él o los derivó. «No lo puedo precisar», ha señalado.

Así mismo, ha justificado estas contrataciones en la promoción de la ciudad de València con motivo de la America’s Cup y otra serie de eventos, además de un plan estratégico sobre el que no ha dado más detalles.

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El Comité de derechos de la ONU pide suspender el desahucio de una familia valenciana

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Onu suspende desahucio familia valenciana

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha solicitado al Estado español la suspensión del desahucio de una familia valenciana ordenado para este miércoles por un Juzgado, mientras examina el caso planteado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Así lo recoge la respuesta de este Comité al escrito de PAH Valencia, en la que solicita al Gobierno de España que, mientras examina el caso, tome medidas para evitar «posibles daños irreparables», consistentes en la suspensión del desahucio de la vivienda donde viven una mujer y sus dos hijas, o en otorgarles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades.

Según han explicado fuentes de la plataforma, PAH Valencia ha hecho llegar el comunicado de este Comité de Derechos a la familia y al abogado de oficio, que ha presentado escrito solicitando la paralización ante el Juzgado del desahucio, señalado para este miércoles, de la mujer y sus hijas de 3 y 6 años.

PAH Valencia ha lamentado que todas las semanas se decretan desahucios que «acaban favoreciendo al capital internacional más especulativo», a pesar de las solicitudes de suspensión desde la justicia gratuita, y afectan a personas y familias vulnerables en situaciones «límite» y sin alternativa habitacional.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales por sus Estados.

 

 

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