Imputado un conductor por circular a 230 km/h, grabarse y publicarlo en redes

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Huelva, ha puesto a disposición judicial en calidad de investigado al conductor de un vehículo, que el pasado mes de agosto mientras circulaba con su vehículo por la circunvalación en la carretera H-30, alcanzó los 230 km/h, al tiempo que el copiloto del vehículo captaba con un dispositivo de telefonía móvil los hechos.

En las imágenes se podía observar como el investigado superaba ampliamente los 80 kilómetros por hora de exceso, ya que en esta vía existen limitaciones genéricas de 100 km/h, debido a los múltiples accesos y salidas que hay para el casco urbano, entre otros el nudo vial múltiple que constituye la avenida de Andalucía, carretera H-31 y accesos al centro comercial Holea.
El video sobre el que se han basado las investigaciones fue publicado en una conocida red social por los ocupantes del vehículo, instantes después de la comisión de los hechos y capta con total claridad el tramo en el que se producen. También se observa como hay una clara predisposición a la comisión de los hechos delictivos, ya que el ocupante desde el inicio de las imágenes, se centra en el marcador del vehículo y en captar la “hazaña” cuando llegan a los puntos en los que alcanzan una mayor velocidad
Para ello ha sido necesario un estudio detallado de fotogramas del mismo, en los que se podía apreciar no solo la velocidad, sino también el tramo recorrido, que escasamente llegaba a visualizarse la zona por la que transitan, ya que la grabación se centraba en el interior del vehículo y el cuadro de instrumentos de éste, al mismo tiempo que capta como ambos ocupantes celebraban haber conseguido y alcanzado su propósito.
Al conductor se le ha investigado por la presunta comisión de doble delito contra la Seguridad Vial, uno por conducir de modo temerario, con claro desprecio por la integridad del resto de usuarios de la vía y otro por hacerlo a una velocidad superior a los 80 km/h de exceso, con respecto a la señalada como máxima para la vía, que legalmente se establece como margen que diferencia entre una infracción administrativa y un hecho delictivo.
El vehículo ha sido intervenido y puesto a disposición judicial.