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Imputada Rosa Barceló, la mujer de Eduardo Zaplana #OperaciónErial

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VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) –

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha citado el próximo jueves, a las 11 horas, a declarar como investigado policial al expresidente de Les Corts, exvicepresidente del Consell y exdirector general de la Policía, Juan Cotino, en el marco de la operación en la que este martes han sido arrestados sus dos sobrinos, Vicente y José Cotino, y el exministro y ‘expresident’ Eduardo Zaplana, según ha podido saber Europa Press.

También ha sido citada en calidad de investigada la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, así como de la secretaria personal de Zaplana, Mitsuko Henríquez.

En la operación bautizada como ‘Erial’, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 8 de València y Fiscalía Anticorrupción, se han practicado siete detenciones, la de Zaplana y otras seis personas más, por varios delitos relacionados con el blanqueo de capitales, y se han realizado 22 registros. Además, otras tres personas son investigadas.

Los agentes investigan un presunto cobro de comisiones por adjudicaciones, que se habrían ocultado en paraísos fiscales y que habrían estado retornado al país recientemente. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat.

Los investigadores se han personado en la sede de la Conselleria de Economía y han practicado una veintena de registros para recabar documentación sobre contratos públicos, entre ellos de la concesión de la ITV y del Plan Eólico diseñado durante la etapa de Zaplana al frente del Gobierno valenciano. En este plan, adjudicado en su día a la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos, la empresa Sedesa, de Vicente Cotino, tenía una participación del 25%.

El resto de detenidos son el propio Vicente junto a su hermano José Cotino, empresarios y sobrinos de Juan Cotino; el que fuera jefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García; Francisco Grau, economista y exsecretario del consejo de administración de la CAM desde 1998 hasta 2007 y luego miembro de su comisión de control hasta la intervención de la entidad bancaria; Joaquín Barceló Llorens, exdirectivo de Terra Mítica, y la mujer de éste último.

La Guardia Civil tomará declaración al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, que ya ha llegado a su casa de Benidorm –localidad de la que fue alcalde–, una vez concluyan los registros practicados a lo largo de la jornada en la búsqueda del rastro de esas comisiones millonarias. En la vivienda de Zaplana en el centro de València, el registro se ha prolongado durante unas cinco horas. Después de su paso por la Comandancia, el ‘expresident’ será puesto a disposición judicial.

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El Comité de derechos de la ONU pide suspender el desahucio de una familia valenciana

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Onu suspende desahucio familia valenciana

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha solicitado al Estado español la suspensión del desahucio de una familia valenciana ordenado para este miércoles por un Juzgado, mientras examina el caso planteado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Así lo recoge la respuesta de este Comité al escrito de PAH Valencia, en la que solicita al Gobierno de España que, mientras examina el caso, tome medidas para evitar «posibles daños irreparables», consistentes en la suspensión del desahucio de la vivienda donde viven una mujer y sus dos hijas, o en otorgarles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades.

Según han explicado fuentes de la plataforma, PAH Valencia ha hecho llegar el comunicado de este Comité de Derechos a la familia y al abogado de oficio, que ha presentado escrito solicitando la paralización ante el Juzgado del desahucio, señalado para este miércoles, de la mujer y sus hijas de 3 y 6 años.

PAH Valencia ha lamentado que todas las semanas se decretan desahucios que «acaban favoreciendo al capital internacional más especulativo», a pesar de las solicitudes de suspensión desde la justicia gratuita, y afectan a personas y familias vulnerables en situaciones «límite» y sin alternativa habitacional.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales por sus Estados.

 

 

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