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La Audiencia Nacional declara legal el ERE de Canal 9 #RTVV

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La Sala de lo Social ha desestimado la demanda promovida por CGT, a la que se adhirieron CCOO; STAS-IV; UGT; CSIF; y USO contra el despido colectivo promovido por la empresa RADIOTELEVISION VALENCIANA, SAU, a quien la AN absuelve de la demanda.

La demanda se presentó en abril de 2014 y quedó en suspenso, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre el recurso de inconstitucionalidad que el PSOE había presentado contra la ley aprobada por las Cortes Valencianas. Esa ley se aprobó inmediatamente después de que el TSJ de Valencia declarase nulos los despidos de la televisión autonómica y suprimió el servicio público de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

Una vez que el Tribunal Constitucional se pronunció, desestimando el recurso por pérdida de objeto, la Sala de lo Social señaló y celebró el juicio el pasado 11 de enero.

En la vista celebrada en la AN , la Confederación General del Trabajo ( CGT) solicitó de nuevo la nulidad de los despidos y cuestionó la constitucionalidad de la ley 4/2013, al tratarse de una norma, según los demandantes, reactiva a la sentencia del TSJ de Valencia y que lesionaba los derechos de los trabajadores. El demandante planteó a la Sala la opción de promover una cuestión de inconstitucionalidad de la mencionada Ley en el caso de que no prosperaran las causas de nulidad alegadas.

La sentencia, después de analizar los hechos reconoce en primer lugar la legitimación activa de los 5 sindicatos que se adhirieron a la demanda. Siguiendo doctrina del Tribunal Supremo se les reconoce el derecho a personarse, a pesar de que no impugnaron el despido colectivo en su momento. Ahora bien, la Sala rechaza las cuestiones que no se plantearon en la demanda inicial y que constituyen variaciones sustanciales de la misma.

La Sala no aprecia cuestiones de nulidad

Los litigantes planteaban en primer lugar la nulidad porque el despido colectivo se había basado únicamente en dos causas: la empresa había extinguido su personalidad jurídica y los despidos se habían motivado por fuerza mayor. La Sala no comparte este criterio al considerar “palmario” que el despido se fundamentó en la extinción de la personalidad jurídica de RTVV, así como en causas económicas, “que no tienen nada que ver con la fuerza mayor”. La Sala considera probado que la empresa aportó toda la documentación económica, desde 2009 a 2014, que advertía de una “sistemática y continuada situación de insuficiencia presupuestaria que vino arrastrando el Grupo RTVV, toda vez que las aportaciones presupuestarias de la Generalitat Valenciana no alcanzaban a sufragar el coste que representaba el Grupo RTVV”, con una constatada “alarmante y abismal disminución de dichos ingresos –añade el tribunal toda vez que los mismos han pasado de los 28.463.607 euros en 2008 a los 5.671.226 euros en 2013, lo que representa una caída de un 80%”.

CGT solicitaba también la nulidad de los despidos al entender que la extinción de la personalidad jurídica del empresario no constituye en sí misma una causa suficiente para extinguir los contratos de trabajo. Sin embargo la Sala entiende que sí se pueden extinguir los contratos de trabajo tras la extinción de la personalidad jurídica de la empresa, siempre y cuando no haya fraude de ley o abuso de derecho, en cuyo caso habría que declarar la nulidad de la medida o no ajustada a derecho.

La Ley 4/2013, única salida para el legislador ante un modelo de televisión Fracasado y situación económica gravísima

Descartadas las cuestiones de nulidad, la Sentencia concluye que la evolución económica del GRUPO RTVV hasta 2012 fue absolutamente negativa, “por no decir calamitosa, causada, en buena medida, por una plantilla muy superior a la necesaria, junto con una reducción geométrica de sus ingresos públicos y privados, que le obligó a un fuerte endeudamiento”. La Sala considera probado que la cifra de pérdidas definitivas a fecha de 2013 era de 212.262.131euros, frente a los 44.271.475 euros que pudo considerar el legislador en su momento y que la cantidad total de pérdidas, entre 2009 y 2012 ascendió a 1.014.946.366 euros, lo que demuestra que el modelo inicial de radiotelevisión de la Comunidad Valenciana había fracasado.

Ante ese contexto, los jueces consideran que la Ley 4/2013 pretendió reforzar la labor de Radiotelevisión Valenciana como un vehículo de vertebración de la realidad social y cultural de la Comunidad Valenciana pero no podía obviar la grave situación económica que atravesaba el grupo. La encomienda del servicio público a RTVV- señala la sentencia- “pasaba inevitablemente por reducir la plantilla, en cuyos contratos debía subrogarse, cuya sobredimensión había provocado en buena medida, junto con sus problemas de insuficiencia de ingresos, financiación y endeudamiento, que el Grupo RTVV llegara a la situación lamentable que hemos referido anteriormente”. La conclusión sin acuerdo del período de consultas del despido promovido por el Grupo RTVV y la deficiente utilización de los criterios de selección por parte de las empresas, provocó, según el tribunal, la nulidad del anterior despido, “lo cual supuso objetivamente un grave quebranto a la viabilidad del nuevo modelo de radiotelevisión, porque provocaba inevitablemente un incremento de costes sobre los ya existentes”.

La Sala considera que la supresión del servicio de radio televisión, decidida por el artículo 2 de la Ley 4/2013 no se originó propiamente por la declaración de nulidad del despido colectivo sino por un fracaso generalizado del proyecto inmerso en una grave situación económica, cuya superación pasaba necesariamente por un ajuste radical de la plantilla y donde la gran oportunidad se perdió cuando no se alcanzó un acuerdo en el período de consultas.

Fracasado el primer proyecto de servicio público de radiotelevisión en la Comunidad Valenciana, el legislador decidió suprimirlo” pese al coste político y social que comportaba la supresión de un medio público de comunicación”. Esa supresión de un servicio público, en una Comunidad Autónoma plurilingüe, donde el valenciano constituye una de sus señas de identidad supuso, según el tribunal “ una enmienda a la totalidad a la gestión previa de sus responsables por parte del legislador autonómico”.

La Sala concluye que tampoco era viable otra medida alternativa como promover un nuevo despido colectivo, como plantearon los demandantes, cuando ya tuvieron esa oportunidad en el despido precedente, en el que se constató la situación negativa del Grupo que acreditaba por sí mismo el sobredimensionamiento de la plantilla y decidieron cerrar sin acuerdo el período de consultas; el tribunal considera razonable que el legislador concluyera que dicha alternativa multiplicaría los costes y no concluiría necesariamente con acuerdo, “concurriendo necesariamente con nuevas pérdidas que tendrían que soportarse necesariamente por la propia Generalitat, en detrimento de otros servicios públicos necesitados también de financiación pública”. La sentencia ha considerado probado que por la operación RTVV el Consell asumió una deuda financiera del Grupo de 1.059.344.331 euros y que la Generalitat ha venido atendiendo vencimientos de préstamos. En 2013, por ejemplo, 417.194.871 euros y en 2014 h satisfecho obligaciones a cargo de RTVV y RTVV, S.A.U por importes de 1.084.658 euros y 34.534.789 euros.

Por todos estos motivos la Sala descarta que la Ley 4/2013 sea una Ley reactiva contra la nulidad del despido, sino una opción legítima del legislador, tras fracasar en sus intentos de mantener el servicio y de cuya sinceridad no caben dudas “ puesto que ha supuesto pérdidas milmillonarias para el erario público y unos costes sociales, políticos, culturales e identitarios extremadamente graves, que asumió con todas sus consecuencias, puesto que la supresión del servicio público supone reconocer objetivamente que no se supo gestionar debidamente por sus responsables”.

En línea con el fiscal, el tribunal entiende que un servicio público que se crea por ley, debe suprimirse también por ley. Por todas estas razones la Sala considera que no hay razón para promover una cuestión de constitucionalidad, como habían propuesto los demandantes.

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Sánchez cancela su agenda y el lunes dirá si continúa como presidente del Gobierno

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Sánchez cancela agenda y dirá si continúa como presidente Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que cancela su agenda pública unos días para «reflexionar» si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez y el próximo lunes dirá si continúa como presidente del Gobierno.

«Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor», ha escrito en una carta enviada a la ciudadanía que ha publicado en la red social X.

Sánchez ha asegurado en la misiva que, «a pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política» han hecho sobre él, «nunca» ha tenido «apega al cargo». «Si lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero», ha apuntado.

El lunes dirá si continúa como presidente

Así, ha desvelado que continuará con su labor en el Gobierno pero cancelará su agenda pública «unos días» para «poder reflexionar y decidir qué camino tomar». Además, ha anunciado que el lunes 29 de abril comparecerá ante los medios para dar a conocer su decisión.

El jefe del Ejecutivo ha cargado contra el PP y Vox, señalando que «la derecha y ultraderecha no aceptaron el resultado electoral» del 23J. «Y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno y el ataque de su vida personal», ha indicado.

Sánchez ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, de poner en marcha «la máquina del fango» y de «tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas».

«Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque es tan grave como burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa», ha asegurado Sánchez, que también ha reconocido «estar profundamente enamorado» de su mujer, «que vive con impotencia en el fango que sobre ella esparcen día sí y día también».

La carta íntegra de Sánchez  en la que cancela agenda y dirá si continúa como presidente Gobierno:

«Como ya sabrá, y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.

Por lo que parece, el juez llamará a declarar a los responsables de dos cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista. Como es lógico.

Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia, como inexistentes.

En efecto, la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referida. Subrayo lo de supuestas informaciones porque, tras su publicación, hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que, sostenemos, son informaciones espurias.

Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. Por tanto. no me sorprende la sobreactuación del Sr. Feijóo y el Sr. Abascal. En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias. De hecho, fue el Sr. Feijóo quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, pidiendo para mi de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

La denuncia fue archivada doblemente por dicho organismo, cuyos funcionarios fueron descalificados posteriormente por la dirigencia del PP y de Vox. Seguidamente, instrumentalizaron su mayoría conservadora en el Senado, impulsaron una comisión de investigación para, según dicen, esclarecer los hechos relacionados con este asunto. Como es lógico, faltaba la judicialización del caso. Es el paso que acaban de dar.

En resumen, se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa.

No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona sino a lo que represento: una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática.

Esta lucha comenzó hace años. Primero, con la defensa que hicimos de la autonomía política de la organización que mejor representa a la España progresista, el Partido Socialista. Pugna que ganamos, Segundo, tras la moción de censura y las sucesivas victorias electorales de 2019, el sostenido intento de deslegitimación del gobiemo de coalición progresista al calor del ignominioso grito de que te vote Txapote». Tampoco pudieron quebramos.

El último episodio fueron las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El pueblo español votó mayoritariamente por el avance, permitiendo la reedición de un gobierno de coalición progresista, en contra del gobiemo de coalición del Sr. Feijóo y el Sr. Abascal que auguraban las baterias mediáticas y demoscópicas conservadoras.

La democracia habió, pero la derecha y la ultraderecha, nuevamente, no aceptaron el resultado electoral. Fueron conscientes de que con el ataque político no seria suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobiemo y el ataque a su vida personal.

Sin ningún rubor, el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal, y los intereses que a ellos les mueven, han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano, Umberto Eco, llamó «la máquina del fango». Esto es, tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas.

Esta es mi lectura de la situación que vive nuestro querido país: una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad de España, que no aceptan el veredicto de las umas, y que están dispuestos a esparcir fango con tal de: primero, tapar sus palmarios escándalos de corrupción y su inacción añte los mismos; segundo, esconder su total ausencia de proyecto político más allá del insulto y la desinformación; y tercero, valerse de todos los medios a su alcance para destruir personal y politicamente al adversario político. Se trata de una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que se extiende a lo targo y ancho de las principales democracias occidentales, y a las que, le garantizo, responderé siempre desde la razón, la verdad y la educación.

Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa nubor decido, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día si y día también.

Necesito parar y reflexionar. Me urge respondeme a la pregunta de sí merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mi, nunca he tenido apego al cargo. Si lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero.

Todo ello me lleva a decirie que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes, 292 de abril, compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión.

Gracias por su tiempo. Atentamente»

Este anuncio llega horas después de que el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid haya abierto diligencias de investigación contra- su mujer, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

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