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La Comunidad Valenciana no pedirá el pase a la fase 2: “El virus sigue entre nosotros”

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El president de la Generalitat Valenciana ha confirmado en una rueda de prensa que la Comunidad Valenciana, en un ejercicio de “prudencia” va a frenar su avance en la desescalada al haber detectado “un ligero repunte en la tasa de contagiados. “El virus sigue entre nosotros” y “un paso atrás sería catastrófico”, ha dicho, justificando no haber pedido al Ministerio de Sanidad el salto hacia la fase 2.

Por tanto, la Comunidad Valenciana permanecerá en la fase 1 ante el riesgo existente de que se produzcan rebrotes si avanzan demasiado rápido. “El coronavirus sigue presente”, ha insistido, indicando que seguirán al menos una semana más en esta fase de la que ya disfruta el 70% de España, a la espera de que se conozca este viernes si podrán sumarse los que quedaron atrás: Madrid, Barcelona y parte de Castilla y León.

El president también ha detallado que los próximos días se publicarán los datos del coronavirus por municipio, atendiendo así al reclamo de muchos ayuntamientos, al entender que pueden ayudar a mejorar la respuesta conjunta y coordinada contra el COVID-19. Aunque ha insistido: “No se trata de una competición”, y tampoco hay localidades “mejor o peor” que otras.

En esta comparecencia Puig también ha hablado del uso de las playas y ha insistido en considerar “absolutamente razonable” el baño en todo el litoral siempre bajo la adopción de las medidas de seguridad y de prevención pertinentes, como el distanciamiento social y ha explicado que están pendientes de un informe solicitado por la Agencia Valenciana de Turismo, indicando que se trabaja con el objetivo de que los ayuntamientos puedan ordenar adecuadamente el espacio para atender a las exigencias derivadas de la pandemia,pero se ha mostrado favorable a que se permitan algunas actividades como el senderismo o ir a la montaña al considerar que, “con la distancia social suficiente, hay espacios en los que no hay ningún peligro”.

Horizontes temporales a corto, medio y largo plazo

Para asentar las bases de la reconstrucción y responder a los retos a los que se enfrenta la Comunitat Valenciana, se plantean tres horizontes temporales, a corto, medio y largo plazo. Los principales objetivos en cada uno de esos horizontes son:

A corto plazo, se establece la necesidad de aplanar la curva de contagios y ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario; sostener el empleo y el tejido productivo; proteger los ingresos de los más perjudicados y mantener y reforzar la capacidad de pago de las administraciones públicas valencianas.

A medio plazo, se propone volver a generar ingresos para que puedan seguir funcionando el sector privado y el público; evitar el riesgo que representa un endeudamiento público insostenible; mejorar la seguridad del sistema de salud; mejorar la situación de las residencias de personas mayores; adaptar la educación a las limitaciones derivadas del riesgo de contagio y combatir sus potenciales consecuencias para la igualdad de oportunidades; reforzar la capacidad de competir en el nuevo escenario globalizado, fortalecer el tejido productivo para ganar productividad e incorporar el conocimiento como palanca básica para ganar competitividad.

A largo plazo, para acortar la brecha que separa a la Comunitat en PIB per cápita y en productividad de la media nacional, es necesario abordar reformas estructurales para corregir las debilidades del tejido empresarial y del sector público. Esto requiere, en el ámbito privado, el refuerzo del capital humano y del esfuerzo inversor en intangibles, en particular en I+D de las empresas; fomentar el crecimiento de las empresas y la profesionalización de su dirección; aprovechar las oportunidades de la nueva normalidad. Y en ámbito el público, se necesita la modernización de la Administración; la agilización del marco regulatorio; el refuerzo de la inversión pública y la eliminación de la discriminación financiera de la Comunitat Valenciana.

Tres grandes líneas estratégicas

El informe agrupa las respuestas a los retos de la situación creada por el coronavirus en torno a tres grandes líneas estratégicas:

– Gestionar el avance de la sociedad del conocimiento, la digitalización y el trabajo del futuro para aprovechar sus muchas oportunidades.
– Adaptar el tejido productivo a ese nuevo escenario que emerge de las tendencias de cambio tecnológicas, sociales y económicas para que sea una normalidad mejorada.
– Modernizar el estado del bienestar y la gobernanza de lo público, promoviendo un desarrollo sostenible, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, desde una perspectiva económica, social y medioambiental.

A corto plazo, considera, como ámbitos de actuación especialmente importantes, los siguientes:

– El mantenimiento generalizado de la prevención para limitar el riesgo de contagio.
– La adaptación del sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta a las crisis.
– La adaptación del sistema educativo a un escenario de presencia limitada en los centros y refuerzo de la digitalización.
– El fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia para responder a los retos sanitarios y del envejecimiento.
– La ampliación de la protección a trabajadores y empresas especialmente afectados por la nueva normalidad, sobre todo turísticas.
– Un programa de lucha contra la exclusión, mediante políticas activas de empleo para colectivos vulnerables.
– Un programa de aprovechamiento empresarial de las oportunidades derivadas de la COVID-19, mediante iniciativas de colaboración público-privada.
– El impulso a la digitalización de familias, pymes, microempresas, autónomos y sector público.
– El refuerzo de la I+D+i orientado a la solución de problemas derivados del COVID-19.
– La colaboración público-privada, simplificando el marco regulatorio y agilizando los procedimientos de contratación.
– El fomento de la movilidad sostenible, desde una perspectiva medioambiental y de riesgos para la salud.
– La revisión de las prioridades de gasto público, adaptándolas al nuevo escenario de necesidades.
– La reforma de financiación autonómica, para poner fin a la actual discriminación de la Generalitat.

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El Gobierno no se responsabiliza de las víctimas de la vacuna covid: «Se la pusieron voluntariamente»

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El Ministerio de Sanidad se desentiende de las víctimas de la vacuna contra el COVID-19 y ahora rechaza la responsabilidad de la Administración, a pesar de un dictamen específico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que establece por primera vez la relación de causalidad entre la administración de la vacuna Spikevax-COVID-19 de Moderna y la miocarditis grave.

En su respuesta a un procedimiento de reclamación patrimonial, el Ministerio de Sanidad argumenta que cualquier ciudadano que reciba atención médica debe aceptar los efectos adversos derivados de la misma, siempre y cuando haya dado su consentimiento informado. Además, sostiene que la posibilidad de sufrir el daño reclamado fue divulgada por la Aemps al administrarse la vacuna y que ésta fue recibida voluntariamente, por lo que no puede considerarse un daño antijurídico imputable a las administraciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando un ciudadano recibió la vacuna contra el COVID-19 tras la imposición del Certificado COVID-19 Digital de la UE en casi todo el país y bajo la premisa de que la vacuna era segura y efectiva. Sin embargo, poco después de la vacunación, comenzaron a manifestarse síntomas alarmantes que llevaron a una hospitalización urgente en la UCI del Hospital.

A pesar de que los médicos inicialmente consideraron un infarto de miocardio, pronto relacionaron los síntomas con la vacuna COVID-19, dada la proximidad temporal con la vacunación. Después de estabilizar al paciente, el diagnóstico final fue miocarditis aguda, probablemente como reacción a la vacuna, según los informes médicos.

Dictamen de la Aemps

Aunque la Aemps reconoce la relación probable entre la vacuna y la miocarditis, el Ministerio de Sanidad se exime de responsabilidad, argumentando que la posibilidad de efectos adversos fue comunicada previamente y que la vacunación fue voluntaria.

El abogado de la víctima critica la falta de información accesible para el público sobre los riesgos reales de la vacuna y señala que la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad transmitía un mensaje de seguridad. Además, destaca la responsabilidad moral del Ministerio en resolver el procedimiento de reclamación, que ha permanecido estancado por más de dos años, a pesar del dictamen de la Aemps.

 

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