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La hipótesis de la investigación es que Marta Calvo «perdió la vida por una agresión violenta»

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València, 4 dic (EFE).- El principal sospechoso de la desaparición de Marta Calvo en el municipio de Manuel (Valencia) pudo haberla agredido y haberle provocado «la muerte violenta», ha informado este miércoles el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio.

El sospechoso se ha entregado este miércoles por la mañana en el puesto de la Guardia Civil en Carcaixent (Valencia), donde ha sido detenido para ser interrogado y puesto a disposición judicial en las próximas horas.

Se trata de un hombre de origen colombiano, de 38 años y con antecedentes delictivos, que estaba en paradero desconocido desde que el pasado 7 de noviembre se perdiera la pista de la joven, de 25 años, que se había citado con él por internet en Manuel.

Fulgencio ha asegurado que la Guardia Civil considera que el detenido por la desaparición de Marta Calvo es también autor de una agresión «que posiblemente le hizo perder la vida».

En una rueda de prensa urgente, en la que ha comparecido junto a los responsables de la investigación, Fulgencio ha informado de que el sospechoso, Jorge Ignacio T.J., ha sido detenido tras entregarse en el puesto de la Guardia Civil de Carcaixent.

«Jorge Ignacio está detenido, se encuentra en España y se va a proceder a su interrogatorio sobre la desaparición violenta de Marta. La hipótesis que siempre se ha barajado es que sufrió una agresión violenta que posiblemente le hizo perder la vida. Eso se contrastará a lo largo de la mañana con el detenido, con conocimiento de la autoridad judicial que investiga el caso», ha explicado Fulgencio.

En su intervención, ha insistido en la posibilidad de que el detenido «sea el causante de la desaparición y también de una agresión física y, en consecuencia, de la muerte violenta» de la joven.

El detenido, según el delegado del Gobierno, no llegó a salir de España y su captura ha sido posible gracias a «la presión policial», ha subrayado Fulgencio, quien no ha dado más detalles sobre el operativo.

Preguntado por la desaparición de otra joven en la localidad valenciana de Carcaixent, a una decena de kilómetros de Manuel, y su posible relación con este caso, Fulgencio prácticamente ha descartado la conexión.

«La hipótesis con la que se trabaja es que no tiene ningún tipo de relación. Se cree que el caso de Carcaixent podría ser una desaparición voluntaria y no creemos que esta persona haya sufrido agresión alguna. No obstante, vamos a comprobarlo», ha agregado.

Según avanza el diario ABC, el sospecho podría haberse deshecho del cuerpo de la joven de 25 años en un contenedor.

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El Comité de derechos de la ONU pide suspender el desahucio de una familia valenciana

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Onu suspende desahucio familia valenciana

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha solicitado al Estado español la suspensión del desahucio de una familia valenciana ordenado para este miércoles por un Juzgado, mientras examina el caso planteado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Así lo recoge la respuesta de este Comité al escrito de PAH Valencia, en la que solicita al Gobierno de España que, mientras examina el caso, tome medidas para evitar «posibles daños irreparables», consistentes en la suspensión del desahucio de la vivienda donde viven una mujer y sus dos hijas, o en otorgarles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades.

Según han explicado fuentes de la plataforma, PAH Valencia ha hecho llegar el comunicado de este Comité de Derechos a la familia y al abogado de oficio, que ha presentado escrito solicitando la paralización ante el Juzgado del desahucio, señalado para este miércoles, de la mujer y sus hijas de 3 y 6 años.

PAH Valencia ha lamentado que todas las semanas se decretan desahucios que «acaban favoreciendo al capital internacional más especulativo», a pesar de las solicitudes de suspensión desde la justicia gratuita, y afectan a personas y familias vulnerables en situaciones «límite» y sin alternativa habitacional.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales por sus Estados.

 

 

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