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La Policía sanciona con cuatro días al agente que abofeteó a una mujer en una calle de València

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VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) – La Policía ha sancionado con cuatro días de pérdida de remuneración y de suspensión de funciones al agente de la Policía Nacional que a finales de 2017 abofeteó a una mujer en una calle del barrio de Orriols en València, según consta en una respuesta del Gobierno al senador de Compromís Carles Mulet, quien ha expresado su «perplejidad» por la sanción.

El agente fue grabado el pasado año dando un bofetón a una mujer en una calle del barrio de Orriols de València, tras una discusión, a la que le hizo caer al suelo mientras el compañero del policía se quedaba quieto. El video se grabó en el cruce de las calle San Juan de la Peña y Padre Viñas de València y muestra como la mujer, en medio de una discusión, amenaza a uno de los agentes, que responde con una bofetada que la tira al suelo.

En la respuesta se señala que el comisario provincial de València acordó la incoación de un procedimiento disciplinario el 29 de diciembre pasado, que finalizó con una resolución de 14 de febrero, en la que se acordó imponerle una sanción de pérdida de cuatro días de remuneración y suspensión de funciones por igual periodo, prevista en la ley del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

El senador Mulet también se interesaba por si se había considerado en este caso la agravante de tratarse de violencia machista. Sin embargo, el Gobierno explica que esta normativa «no prevé la cualificación de violencia machista», por lo que se impuso «la sanción máxima prevista para las faltas de esta naturaleza».

El senador ha apuntado en un comunicado que «sorprende ya de por sí que, ante esta manera a todas luces incorrecta de actuar del agente hacia una mujer que aparentemente estaba intoxicada, no obtenga una sanción en el procedimiento disciplinario superior a la de ‘leve’, que se da en casos de impuntualidad o descuido en el aseo personal, y se solvente con cuatro días de pérdida de remuneración y funciones».

«RESPUESTA CLARAMENTE DESPROPORCIONADA»
«Es una imagen que no nos agrada ver de quien debe preservar el orden y servir a los ciudadanos, porque la respuesta fue claramente desproporcionada ante una persona con las facultades mermadas», ha subrayado Mulet, quien ha defendido que los agentes de Policía «son los primeros que deben tener clara la letalidad de esta lacra de la que son víctimas las mujeres» y que «las leyes y autoridades deben adaptarse a las circunstancias y no dejar recovecos a esta clase de daños, menosprecio y agresiones, especialmente entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado».

Por tanto, ha lamentado la «impunidad» que se da cuando «a diferencia de este caso, no existen grabaciones en video ni denuncias de compañeros por el corporativismo existente» y ha recordado que Compromís ha abogado por los derechos salariales, civiles, de condiciones de trabajo y sindicales.

Mulet ha subrayado que «ahora toca posicionarse y evitar que estos hechos jamás vuelvan a ocurrir o que se salden con sanciones que nos hacen sonrojar», lo que ve como «una omisión clara de auxilio, dejando a la gente desprotegida».

La coalición propondrá una moción en la comisión que corresponda para instar al Gobierno a «corregir esta situación» e incluir los casos de violencia contra las mujeres entre las tipologías de casos con sanciones de mayor gravedad.

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Juzgan al arrendatario de un hotel-discoteca por incendiar el local para cobrar el seguro

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incendio cobrar seguro discoteca Alicante

El arrendatario de un hotel-discoteca situada frente a la playa del Postiguet de Alicante es juzgado a partir de este viernes por, supuestamente, organizar el incendio del local para cobrar las indemnización del seguro.

El juicio por estos hechos se celebrará a partir de las 10 horas de este viernes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

Además del arrendatario del negocio, se juzga a otros dos hombres, colaboradores, para todos los cuales la fiscalía pide penas de entre 12 y 15 años de cárcel.

El ministerio público sostiene que el empresario, que gestionaba los negocios desde 2015, comenzó a acumular deudas con proveedores y trabajadores, y que dejó de pagar el alquiler.

Por ello, junto a otro de los encausados, decidió provocar un siniestro en el local para cobrar las correspondientes indemnizaciones de los seguros, cuya cobertura había aumentado en diciembre de 2022.

En enero de 2023 los dos encausados rociaron con gasolina hasta 18 puntos distintos de los locales de la discoteca y del hotel, y desenroscaron una tuerca de la instalación de gas de la cocina para provocar una fuga.

A continuación, pactaron con el tercer encausado que, a cambio de 2.000 euros, prendiera fuego a las instalaciones, lo que realizó el día 23 de madrugada.

La Fiscalía pide penas que oscilan entre los 12 y los 15 años de prisión por un delito de incendio con peligro para las personas en concurso con un delito de estafa agravada.

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