Paco Ferrandis

En su línea de profundización del victimismo más radical e inconsistente, Carles Puigdemont ha querido trazar un paralelismo entre la persistencia de una sociedad que padeció los ataques brutales de la banda terrorista ETA, con la persistencia que han de mantener los protagonistas del procés hacia la independencia de Cataluña, al objeto de vencer a un Estado que José/Pep Guardiola -embajador deportivo ante el Estado teocrático, islamista i represor de Qatar– tildó de “autoritario”.

El nacionalismo catalán tuvo un esporádico fenómeno terrorista encarnado en la organización Terra LLiure, pero su hoja de ruta soberanista ha seguido la senda pacífica en lo estratégico y lo táctico. Al contrario, el nacionalismo vasco ha estado marcado por la terrible presencia de ETA, cuyos objetivos eran conseguir una Euskal Herria “independiente, socialista y euskaldun“, mediante la utilización de la vía armada, es decir, llevando a cabo asesinatos execrables contra miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, políticos, periodistas y gente del pueblo, como las víctimas de Hipercor en Barcelona, hace ahora 30 años.

En ese sentido, el PNV utilizó la actividad de ETA y la posible solución al conflicto vasco como asunto a incluir en cualquier mesa de negociación con el Estado, a fin de obtener mayores cotas de autogobierno y mejoras socioeconómicas para Euskadi (“para que dejen de matar”). Durante esa larga etapa, el terrorismo (cuya esencia reside en atemorizar al pueblo enemigo a través de los actos de terror que, a su vez, tienen una gran repercusión en todos los medios de comunicación) y la cuestión vasca hegemonizaron las portadas de los periódicos y los noticiarios de la televisión, hasta el fracaso del denominado Plan Ibarretxe y la derrota (aún no declarada) de ETA.

Con la puesta en marcha del procés el independentismo catalán se ha asegurado aquello que pretendía ETA: conquistar el espacio mediático e imponer la hoja de ruta de sus afanes separatistas que, de una u otra forma, con la independencia o sin ella, ha de beneficiar su posicionamiento político:

• 4.200 millones de euros que fluyen desde el Estado para inversiones en Cataluña.
• Apertura del palacete utilizado como segunda vivienda en Cataluña de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.
• “Cataluña” hasta en la sopa mediática de la televisión pública española.

Y el asunto va para largo, pues aunque no se logre la independencia, la cuestión catalana estará encima de la mesa de los asuntos fundamentales para el Estado, agotará el papel de los periódicos, pixelará las pantallas de las televisiones y, por lo tanto, invadirá cotidianamente los cerebros de los españoles todos.

En su afán de hacerse fuerte en su posición victimista, Carles Puigdemont ha pretendido utilizar el 30 aniversario de la masacre terrorista de Hipercor para intentar colocarse en el lugar de las víctimas de la barbarie, en este caso, la imputada a un “Estado autoritario” que, como tal, “ejerce la violencia contra el pueblo catalán”. Sin embargo, esta torpe pirueta metafórica no puede ocultar que es el movimiento independentista catalán quien se ha colocado fuera del sistema democrático al colocarse fuera de la Ley.

Una Ley en cuya elaboración colaboró decisivamente el catalanismo político y que fue votada muy mayoritariamente por el pueblo catalán, ahora secuestrado por una mayoría absoluta de las fuerzas soberanistas en el Parlament de Catalunya, minoritaria respecto del número de votos conseguidos por los partidos no independentistas en las elecciones autonómicas del 27-S de 2015. Con esta mayoría, inferior a los 2/3 que se requieren para modificar el Estatuto de Autonomía, Junts pel Sí amenaza con constituir la República Catalana Independiente de su Casa (en primer término, de la Cataluña Media que no es independentista) y así extorsionar al Estado para conseguir píngües beneficios socioeconómicos para su territorio, aparte de convertir la interminable teleserie de Pasión de Catalanes, en un auténtico film de terror.

Una Ley que, precisamente, tiene como garantes últimos de su eficacia democrática a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, quienes junto con los políticos, los periodistas y el pueblo llano, fueron víctimas de los crímenes perpetrados por la banda terrorista ETA y que, mediante la persistencia durante largos y sangrientos años, han conseguido preservar el imperio de esa Ley en Democracia.

Puigdemont se pone la piel de cordero degollao para intentar confundir al personal y, con ello, perseguir el triunfo de su golpe (más de lengua que de mano, todo hay que decirlo) contra el Estado Social y Democrático de Derecho que es España, el cual, con la ayuda inestimable del pueblo español, persistió y venció a las fuerzas que intentaron su desaparición.

Contra estos gigantes (o molinos) se ha de volver a estrellar la soberbia soberanista.