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‘Montesquieu y el lío en la Justicia’, por José Antonio Sorzano

Jose Antonio Sorzano Escavy

José Antonio Sorzano Escavy

Foro de Opinión: José Luis Sampedro

 

  Desde luego a decir de ese conocido refrán popular, últimamente a España parece que  le ha echado mal de ojo un tuerto, ya que no salimos de un lio para inmediatamente meternos en otro de monumentales y superiores dimensiones.

          Si este sufrido país de nuestras entretelas no tuviera bastante con los innumerables casos de corrupción comisionados por esa troupe de políticos corruptos pertenecientes al llamado Poder Ejecutivo o gubernamental, ahora solamente nos faltaba el follón que se ha montado en uno de los brazos de la Justicia y, por supuesto, máximo garante de nuestro Estado de Derecho, como es  la Fiscalía Anticorrupción. “Casi na porta el diari”, como viene a decir el acervo popular valenciano. 

         La esperada dimisión del Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Sr. Moix, por ocultar por lo visto una empresa más o menos fantasma en Panamá, hace que cualquier ciudadano pueda poner el grito en el cielo, al poder exigir a partir de ahora la previa y absoluta transparencia  personal de quienes están llamados a ejercer  la acusación popular en nombre del Estado. Vamos, en otras palabras, la total transparencia de quienes, a su vez, pueden decidir quiénes pueden  ser  los buenos y quienes los malos en esta viña de nuestro Señor llamada España.

         Pero es que además y para más inri, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, nombrado por el Gobierno, ha sido mayoritariamente reprobado en el Congreso de los Diputados, junto con el actual ministro de Justicia. Por no hablar de la petición de su inmediata dimisión  por una plataforma de fiscales progresistas, según lo manifestado por su misma portavoz  la fiscal S. Puente. Reprobación que, por otro lado, como era de esperar, no ha causado ningún efecto, por lo visto, por aquello de la división de poderes de Montesquieu, donde los tres máximos poderes del Estado: Legislativo ( Parlamento), Ejecutivo ( Gobierno) y Judicial, cada uno salta independientemente a la comba en distintos patios del solar patrio. Aunque siendo así, yo por lo menos personalmente sigo pensando en la prevalencia puntual del Parlamento  como representante directo del pueblo, sobre los otros dos poderes tanto el Ejecutivo como el Judicial, salvando la  independencia de este último, por supuesto.

        Uno recuerda aquellos tiempos donde  fiscales Anticorrupción, como Giménez Villarejo o el propio Salinas,  nadie jamás pudo ponerle tacha o macula a su magnífica trayectoria. Por no hablar de esos otros Fiscales Generales del Estado,  como Cándido Conde-Pumpido, o  Eduardo Torres Dulce, uno nombrado por el Psoe y el otro por el PP, ambos de sensata y discreta trayectoria al frente de esta institución 

       Visto lo cual, es por lo que cuanto antes urge una  profunda y consensuada reforma constitucional entre todas las fuerzas políticas, donde por ejemplo el Fiscal General del Estado deje de ser el Fiscal General del gobierno de turno, para ser de verdad el Fiscal General del Estado. Y para eso no hay mejor  manera  de conseguir tal fin que el mismo sea nombrado por los 2/3 ( 233 diputados) del Congreso.  Número de diputados, que a la vista de la actual composición de la Cámara, implicaría como mínimo a tres fuerzas políticas de las representadas a la hora de elegir al Fiscal General. 

     De igual manera, creo sinceramente en la conveniencia  de  reformar  urgentemente el actual sistema que ampara las excedencias especiales de jueces y fiscales, para poder ocupar  cargos públicos y políticos en los distintos gobiernos del Poder Ejecutivo. Entre otras razones, como se está viendo en la actualidad, porque no deja de ser alarmante que un juez o fiscal que haya desempeñado un cargo político en el gobierno de un determinado partido, vuelva de nuevo a la Carrera Judicial como si regresara de unas vacaciones por el Caribe. De ser así,  muchos ciudadanos nos preguntaríamos donde quedaría la supuesta imparcialidad de dicho juez o fiscal, después de haber desempeñado un puesto político  en el seno de un partido determinado?

       Dicho lo cual, creo sinceramente como abogado y periodista, y al amparo del art 20 de la Constitución sobre la libertad de Expresión,  que la regulación constitucional respecto de la Justicia debería ser bastante más estricta a la vista de lo que ha venido  aconteciendo a fecha de hoy en el seno de este Poder. No se entiende muy bien, por poner un simple ejemplo, como Belloch, magnifico ministro de Interior y alcalde de Zaragoza, de un partido como el Psoe, pueda volver ahora como magistrado a la Audiencia Nacional, sin levantar ninguna velada suspicacia entre sus adversarios. Por lo tanto, dicho lo cual, simplemente apuntare que: “Zapatero a tus zapatos”. Y así no habrá problemas.

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