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Negocian la exención del requisito lingüístico en sanidad para priorizar el derecho a la salud

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VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) – La consellera de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha cerrado este miércoles en la reunión de la Mesa General de la Función Pública Valenciana, el trámite de negociación con los sindicatos para la aprobación de la nueva ley que regulará las relaciones laborales de la Generalitat con su plantilla y en la que se prevé la exención del requisito lingüístico para la ámbito sanitaria si entrara en colisión con el derecho a la salud.

Así lo ha señalado la consellera, que ha avanzado que la nueva ley incluye la obligación de que, al menos el 50% de los puestos de cada oferta pública de empleo de la Generalitat y su sector instrumental, sean de acceso libre mediante concurso-oposición; se limitará al 20% el número de plazas que podrán ser ofertadas en promoción interna y regula el grado de conocimiento del valenciano que tendrán que demostrar los candidatos a trabajar en la Administración de la Generalitat.

El anteproyecto contempla que el grado de conocimiento del valenciano sea desarrollado mediante un reglamento que tendrá que estar aprobado a los seis meses de la entrada en vigor de la ley. Si en el plazo de un año este reglamento no estuviera aprobado, se aplicará que a los aspirantes a los grupos A1, A2 y B, se les exigirá el certificado C1 (equivalente al antiguo Grau Mitjà) mientras que los opositores a los grupos C1 y C2 precisarán de los certificados B2 y B1 respectivamente (equivalentes al Grau Elemental).

Para las agrupaciones profesionales funcionariales se exigirá la acreditación del nivel A2 (equivalente al Grau Oral). La ley contempla la excepción «para el ámbito sanitario» puesto que, según Bravo, «la exigencia del requisito nunca debe entrar en colisión con el derecho a la salud y, por tanto, si esta exigencia produce una disfunción en el funcionamiento del sector público sanitario, priorizaremos siempre el servicio público sobre la exigencia de la capacitación».

Sobre esta cuestión, los sindicatos han mostrado discrepancias. Desde UGT, el secretario de la FESP, Luis Lozano, ha criticado que la Administración «imponga» el nivel de valenciano para cada puesto si no hay acuerdo en el reglamento. A su entender, antes que el valenciano «el primer objetivo debe ser salvaguardar el servicio público», por lo que ha avisado de que no apoyarán la ley si esto no se modifica. En este y en otros puntos del acuerdo «no renuncian» a recabar apoyos en el trámite parlamentario.

También CSIF ha rechazado lo que considera una «imposición» del requisito del lingüístico y ha pedido que el nivel de valenciano sea un mérito para el acceso y provisión de emplee público.

Por su parte, Soledad Fernández, del área pública de CCOO PV, sí se ha mostrado partidaria del acuerdo y de la exención. «No queremos que un requisito del idioma haga que no tangas gente especializada en medicina», un área donde hay «mucho déficit», ha puntualizado.

Sin embargo, el secretario de acción sindical de Intersindical Valenciana, Rafa Reig, ha criticado la futura ley «no garantiza los derechos lingüísticos de la persona que habla en valenciano porque lo deja sujeto al desarrollo de un reglamento de resultado incierto y que es muy fácil de cambiar, una ley no tanto». A su entender no se justifican las exenciones: «La obligación de la Administración es hacer lo posible para garantizar el derecho a la asistencia sanitaria y el derecho de los que quieren ser atendidos en valenciano. No se trata de contraponer dos derechos, sino de sacar dos adelante».

Con la reunión de este miércoles, el anteproyecto de la Ley de la Función Pública Valenciana supera otro trámite desde que se inició su elaboración para solventar los problemas detectados en la Administración de la Generalitat por una comisión de expertos constituida, en marzo de 2016, a instancias de Gabriela Bravo.

ACEPTADAS ENTRE EL 70-85% DE LAS ALEGACIONES
La consellera ha mostrado su satisfacción porque ha sido «muy consensuada» con los sindicatos a quienes se les ha aceptado entre el 70% y el 85% de las alegaciones.

El anteproyecto se estructura en siete ámbitos de actuación que afectan a la organización de la Administración de la Generalitat; el régimen para el personal de las administraciones públicas; la estructura y ordenación del empleo público; el acceso a la Función Pública; los derechos y deberes de las plantillas; la provisión de puestos y movilidad de los trabajadores y las políticas para garantizar la igualdad de sexos.

REDUCCIÓN DE CUERPOS, ESCALAS Y PLAZOS DE SELECCIÓN
La futura norma cambia el sistema de selección y «blindando que el 50% de las plazas que salgan sean por oposición libre», ha resaltado.

El texto prevé que el Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) se convierta en la Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP). Este organismo, que tendrá rango de dirección general, garantizará la objetividad, imparcialidad y profesionalidad de los procesos selectivos de todos los organismos de la Generalitat y creará una comisión de selección (con tribunales permanentes) encargada de diseñar las pruebas de acceso.

Se reduce el número de cuerpos y escalas de la Administración de la Generalitat, que pasan de los 201 cuerpos, escalas y agrupaciones funcionariales que existen en la actualidad a un total de 87. Para agilizar la gestión se introducen «agrupaciones de puestos de trabajo», que incluye la posibilidad de establecer grupos funcionariales atendiendo a los puestos de trabajo que realizan tareas similares.

La nueva norma obliga a la Generalitat a reducir los plazos de los procesos de selección del personal, de modo que las pruebas de acceso deberán estar finalizadas en el plazo de un año a contar desde la convocatoria.

Incluye la posibilidad de obtener ayudas económicas para el acceso al empleo público destinadas a fomentar la preparación de los aspirantes que posean un buen expediente académico y carezcan de recursos para la preparación de las pruebas selectivas.

También se mantiene también la reserva de un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas con personas con diversidad funcional o sensorial.

PERSPECTIVA DE GÉNERO
Asimismo, se contemplan las recomendaciones sobre igualdad entre hombres y mujeres recogidas en el ‘Libro violeta de la Función Pública Valenciana’, elaborado por expertos en perspectiva de género con medidas para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Entre ellas, se establece que los Planes de Igualdad que están en marcha en el seno de la Generalitat tendrán carácter vinculante y se garantizará que los miembros de los órganos de selección de personal tendrán formación en igualdad.

La ley recogerá la prohibición de la discriminación directa o indirecta en materia de derechos individuales, tanto en la retribución como en la formación, apostando por la conciliación desde la corresponsabilidad. No solo el permiso de paternidad ya se ha ampliado de cuatro a seis semanas, sino que el anteproyecto establece que no se podrá producir la remoción o cese del personal que se encuentre en situación de riesgo durante el embarazo o disfrutando de una situación de permiso de maternidad o paternidad. Esta previsión será también de aplicación a las víctimas de violencia de género.

Respecto a esta última materia, la futura ley establece que cuando la empleada pública afectada por un caso de esta naturaleza reduzca su jornada en un 30 por ciento o menos para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social, sus retribuciones se mantendrán íntegras. La normativa también está orientada a facilitar que las empleadas víctimas de violencia de género tengan más fácil la movilidad geográfica y con otras administraciones públicas en el caso de que lo necesiten.

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Sánchez cancela su agenda y el lunes dirá si continúa como presidente del Gobierno

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Sánchez cancela agenda y dirá si continúa como presidente Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que cancela su agenda pública unos días para «reflexionar» si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez y el próximo lunes dirá si continúa como presidente del Gobierno.

«Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor», ha escrito en una carta enviada a la ciudadanía que ha publicado en la red social X.

Sánchez ha asegurado en la misiva que, «a pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política» han hecho sobre él, «nunca» ha tenido «apega al cargo». «Si lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero», ha apuntado.

El lunes dirá si continúa como presidente

Así, ha desvelado que continuará con su labor en el Gobierno pero cancelará su agenda pública «unos días» para «poder reflexionar y decidir qué camino tomar». Además, ha anunciado que el lunes 29 de abril comparecerá ante los medios para dar a conocer su decisión.

El jefe del Ejecutivo ha cargado contra el PP y Vox, señalando que «la derecha y ultraderecha no aceptaron el resultado electoral» del 23J. «Y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno y el ataque de su vida personal», ha indicado.

Sánchez ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, de poner en marcha «la máquina del fango» y de «tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas».

«Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque es tan grave como burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa», ha asegurado Sánchez, que también ha reconocido «estar profundamente enamorado» de su mujer, «que vive con impotencia en el fango que sobre ella esparcen día sí y día también».

La carta íntegra de Sánchez  en la que cancela agenda y dirá si continúa como presidente Gobierno:

«Como ya sabrá, y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.

Por lo que parece, el juez llamará a declarar a los responsables de dos cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista. Como es lógico.

Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia, como inexistentes.

En efecto, la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referida. Subrayo lo de supuestas informaciones porque, tras su publicación, hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que, sostenemos, son informaciones espurias.

Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. Por tanto. no me sorprende la sobreactuación del Sr. Feijóo y el Sr. Abascal. En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias. De hecho, fue el Sr. Feijóo quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, pidiendo para mi de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

La denuncia fue archivada doblemente por dicho organismo, cuyos funcionarios fueron descalificados posteriormente por la dirigencia del PP y de Vox. Seguidamente, instrumentalizaron su mayoría conservadora en el Senado, impulsaron una comisión de investigación para, según dicen, esclarecer los hechos relacionados con este asunto. Como es lógico, faltaba la judicialización del caso. Es el paso que acaban de dar.

En resumen, se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa.

No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona sino a lo que represento: una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática.

Esta lucha comenzó hace años. Primero, con la defensa que hicimos de la autonomía política de la organización que mejor representa a la España progresista, el Partido Socialista. Pugna que ganamos, Segundo, tras la moción de censura y las sucesivas victorias electorales de 2019, el sostenido intento de deslegitimación del gobiemo de coalición progresista al calor del ignominioso grito de que te vote Txapote». Tampoco pudieron quebramos.

El último episodio fueron las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El pueblo español votó mayoritariamente por el avance, permitiendo la reedición de un gobierno de coalición progresista, en contra del gobiemo de coalición del Sr. Feijóo y el Sr. Abascal que auguraban las baterias mediáticas y demoscópicas conservadoras.

La democracia habió, pero la derecha y la ultraderecha, nuevamente, no aceptaron el resultado electoral. Fueron conscientes de que con el ataque político no seria suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobiemo y el ataque a su vida personal.

Sin ningún rubor, el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal, y los intereses que a ellos les mueven, han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano, Umberto Eco, llamó «la máquina del fango». Esto es, tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas.

Esta es mi lectura de la situación que vive nuestro querido país: una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad de España, que no aceptan el veredicto de las umas, y que están dispuestos a esparcir fango con tal de: primero, tapar sus palmarios escándalos de corrupción y su inacción añte los mismos; segundo, esconder su total ausencia de proyecto político más allá del insulto y la desinformación; y tercero, valerse de todos los medios a su alcance para destruir personal y politicamente al adversario político. Se trata de una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que se extiende a lo targo y ancho de las principales democracias occidentales, y a las que, le garantizo, responderé siempre desde la razón, la verdad y la educación.

Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa nubor decido, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día si y día también.

Necesito parar y reflexionar. Me urge respondeme a la pregunta de sí merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mi, nunca he tenido apego al cargo. Si lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero.

Todo ello me lleva a decirie que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes, 292 de abril, compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión.

Gracias por su tiempo. Atentamente»

Este anuncio llega horas después de que el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid haya abierto diligencias de investigación contra- su mujer, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

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