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Podem y PSPV lamentan los resultados de las bolsas de À Punt porque sólo favorecen a extrabajadores

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El PP lleva a pleno una declaración para que el Consell derive 30 millones de À Punt a centros de salud

(EUROPA PRESS)-Podemos y PSPV han admitido que no le gustan los resultados de las bolsas provisionales de trabajo de À Punt ya que, según ha indicado el síndic adjunto de la formación morada, César Jiménez, «solo el 8 por ciento son nuevas incorporaciones» y el resto se trata de extrabajadores de la antigua RTVV.

Para Podemos, los resultados de estas contrataciones «no son óptimos» y no se está consiguiendo el objetivo de combinar «experiencia y juventud», mientras que el portavoz del PSPV en las Corts, Manolo Mata, ha admitido que ese porcentaje «no está bien» y ha lamentado: «Hemos cerrado la puerta a una generación de periodistas otros profesionales que, por razones ideológicas o generacionales, nunca han podido estar en el servicio público de radiodifusión».

Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha señalado que el proceso de selección lo ha llevado a cabo el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació que es «un órgano independiente al control político» y, por tanto, «respeta» su decisión. No obstante, ha puntualizado que personalmente él hubiera hecho las cosas de forma «diferente».

Así lo han señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, al ser preguntado por los resultados de las bolsas temporales de trabajo de À Punt.

Al respecto, el parlamentario de Podemos César Jiménez ha recordado que el proceso de creación del nuevo servicio público de radio y televisión fue «complicado» desde el punto de vista judicial y legislativo, aunque ha admitido que si había una voluntad de los grupos del Botànic y de la directora general de À Punt, Empar Marco, de que hubiera una plantilla que conjugara experiencia y juventud, «es evidente que de momento no lo estamos consiguiendo».

«Estamos orgullosos del trabajo parlamentario y también de haber hecho una ley que asegurara que el Consell Rector era independiente, pero eso no quita que no podamos valorar los resultados que no son óptimos con el 8% de nuevas incorporaciones», ha manifestado para subrayar que es porcentaje no se lo deberían de permitir porque, a su juicio, «no es justo».

Preguntado por si ve «urgente» tomar alguna medida para corregir esta situación, Jiménez ha insistido en que es el Consell Rector el que debe propiciar iniciativas para revertir esta situación y hacer ajustes, aunque ha admitido que se deberían de tomar decisiones en este sentido.

Cuestionado sobre si desde Podemos se plantean tomar alguna iniciativa, ha indicado que la formación hará un balance sobre los porcentajes y, a partir de ahí, determinará las propuestas que presentan.

«CONFIAMOS EN QUE ESTA DISCORDANCIA SE PUEDA CORREGIR»

Por su parte, Mata ha señalado que la ley de la nueva radio y televisión pública se aprobó en las Corts con el apoyo de cuatro fuerzas políticas, aunque ha puntualizado que algunos «advertían de que eso no podía ser, pero había otras fuerzas comprometidas con una situación preexistente». Sin embargo, ha subrayado que la responsabilidad es de las Corts.

«No está bien el porcentaje y si la fuerza política que pilotó, impulsó y condicionó esta ley hace autocrítica es una buena noticia –en alusión a Podemos–, pero hoy por hoy no hay otra situación que los tribunales», ha lamentado para asegurar que no duda de que las bolsas «se ajustan a la ley» pero cierran «la puerta a una generación de periodistas y otros profesionales que, por razones ideológicas o generacional, nunca han podido estar en el servicio público de radiodifusión».

En cualquier caso, se ha mostrado confiado en que la nueva televisión «arranque bien» y «esta discordancia se pueda corregir» dado que se trata de contrataciones provisionales. «Espero que cuando tengamos que consolidar los puestos de trabajo se tengan en cuenta estas situaciones para que no se vuelvan a reproducir», ha puntualizado.

Desde Compromís, Ferri ha recordado que el proceso lo lleva a cabo el Consell Rector que es un órgano «independiente al control político», por lo que «respeta sus decisiones» aunque ha remarcado que su espíritu es que la nueva RTVV combine «experiencia e innovación de jóvenes».

«El Consell Rector hace lo que hace en base a una ley. Yo no soy Consell Rector y yo lo haría distinto, pero respeto su decisión porque es lo que ha decidido», ha puntualizado para señalar que entiende la autocrítica de Podemos y el recurso que ha presentado la Unió de Periodistes contra las bolsas de trabajo.

En este sentido, ha afirmado que si algún grupo plantea cambiar la ley para cambiar los porcentajes «que lo haga», pese a que ha considerado que es «complicado». «Mi prioridad ahora es que arranque la televisión y comiencen los procesos de selección», ha subrayado.

«VICIOS Y ERRORES DE LA ANTIGUA RTTVV»

Desde Cs, su síndica en la cámara valenciana, Mari Carmen Sánchez, ha lamentado los «vicios» que está teniendo la reapertura de la nueva radiotelevisión valenciana porque «vuelve a caer en los errores de la antigua RTVV». «Si empezamos así, no sé dónde va a acabar todo esto», ha advertido.

En este sentido, ha admitido que si hubiera sabido que el proceso se iba a desarrollar de esta manera, se hubiera replanteado su voto a favor de la ley que promueve el nuevo servicio, por lo que espera que À Punt no se convierta «en un monstruo de siete cabezas con poca transparencia e imparcialidad».

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¿Qué pasa si Sánchez dimite? ¿Quién sería el presidente? ¿Habría nuevas elecciones?

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¿Qué pasa si Sánchez dimite?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- Foto: CONGRESO
¿Qué pasa si Sánchez dimite? La posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renuncie al cargo abre un escenario incierto con muchas incógnitas pero que en su mayoría tienen respuesta en la Constitución y la ley electoral.

¿Qué pasa si Pedro Sánchez dimite?

El artículo 101 de la Constitución Española tiene previsto el escenario de una dimisión o fallecimiento del presidente del Gobierno o de una pérdida de confianza parlamentaria, como podría ser una moción censura.

“El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente”, reza la Carta Magna.

En este caso, la dimisión del jefe del Ejecutivo conllevaría que todo el Gabinete continuaría en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente del Gobierno.

Ello significa que el Gobierno estaría limitado en sus atribuciones, sin capacidad para legislar, al igual que sucede pasadas las elecciones generales y antes de elegir al nuevo Gobierno.

¿Quien nombraría al nuevo presidente?

El Congreso sería el encargado de elegir a un nuevo presidente en un proceso idéntico al de las investiduras que se celebran tras unas elecciones generales.

El rey haría una ronda de consultas con los portavoces de los partidos con representación en la Cámara Baja y tras escuchar sus opiniones designaría un candidato.

Fue lo que ocurrió en 1981 cuando dimitió Adolfo Suárez. Su partido, UCD, propuso a Leopoldo Calvo-Sotelo como su sucesor, y tras un debate de investidura, interrumpido en su votación por el intento de golpe de Estado del 23F, fue elegido presidente por el Congreso.

En esta hipótesis, el candidato designado por el rey para suceder a Pedro Sánchez se sometería a un debate de investidura y para ser elegido debería recibir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso en primera votación o más síes que noes en segunda.

Si el candidato no lograra ser investido, arrancaría un plazo de dos meses en el que nuevos candidatos propuestos por el rey pueden optar a la Presidencia. Si tras estos dos meses ningún candidato consigue la confianza del Congreso las Cortes se disuelven de forma automática y se convocan nuevas elecciones generales.

¿Puede Pedro Sánchez convocar elecciones?

La respuesta es no, de momento. En el caso de que Pedro Sánchez no decida renunciar este lunes, fecha que ha fijado para anunciar su decisión, debería esperar, como pronto hasta el próximo 31 de mayo, para convocar elecciones generales.

La ley impide que el presidente disuelva las Cortes antes de que pase un año de la anterior disolución. Solo desde entonces podría aprobar el decreto de disolución y convocatoria de elecciones, que se celebrarían pasados 54 días.

Ello llevaría las elecciones a las últimas semanas del mes de julio. La ley no establece que tengan que celebrarse en domingo, pero si así fuera, lo más probable es que se fueran al 28 de julio.

¿Y si Sánchez decide someterse a una cuestión de confianza?

Otra posibilidad es que Pedro Sánchez no renuncie a su cargo, pero decida por contra presentar una cuestión de confianza.

Se trata de un instrumento político del que dispone el presidente del Gobierno para afrontar una situación de debilidad frente al Parlamento que le ha elegido y mediante el cual el Gobierno pide al Congreso el respaldo a su política.

La Constitución, en su artículo 112, establece que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Según establece el Reglamento del Congreso, el debate se desarrolla con el mismo formato que las sesiones de investidura. La confianza se entiende otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los Diputados.

Si Sánchez no obtuviera la confianza del Congreso, ocurriría igual que si hubiera dimitido y se iniciaría el proceso para investir a un nuevo presidente, con consultas del rey y un nuevo debate de investidura.

De nuevo, y como en el caso de las investiduras fallidas tras unos comicios generales, el artículo 172 del Reglamento del Congreso fija que si transcurren dos meses y ningún candidato consigue la confianza del Congreso, el presidente de la Cámara someterá a la firma del Rey el decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones.

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