Economia

Puig anuncia que los funcionarios valencianos cobrarán un 2,25% más a partir del 1 de enero 2019

VALENCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles que se va a aprobar un decreto ley para que los funcionarios valencianos cobren a partir del 1 de enero de 2019 un 2,25 por ciento más.

Así lo ha señalado en el programa À Punt NTC Matí tras referirse al anuncio hecho ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que señaló que en el Consejo de Ministros del viernes, 21 de diciembre, se aprobará la subida salarial para los empleados públicos acordada con los sindicatos para 2019, que supone también un 2,25 mas.

Una vez el Gobierno apruebe el decreto ley para aplicar la subida del 2,25% a los funcionarios del Estado, el Consell aprobará en enero un también un decreto ley para que los empleados públicos valencianos (funcionarios, universidades y centros docentes concertados) pueden aplicarse la medida y no se vean perjudicados, con efectos desde el 1 de enero de 2019, según ha concretado Hacienda que ha indicado que, aparte, hay otro 0,25% adicional que queda pendiente y que se incorporará si la economía valenciana crece al menos un 2,5%.

Esta situación ya se produjo este año cuando, en el mes de julio, se aprobó una subida de los sueldos del 1,5% que se vio reforzada por un incremento posterior del 0,25% vinculado a la mejoría económica.

Los Presupuestos de la Generalitat para 2019 tenían prevista esta eventualidad y en la Sección 20 se incluyó una dotación con el fin de que, si se concretaba la subida estatal, poder aplicarla a los empleados públicos valencianos. Son unos 180 millones que están ya previstos en las cuentas del próximo año que las Corts aprueban el viernes, según las mismas fuentes.

Esta acción se enmarca dentro de las políticas del Gobierno valenciano para potenciar la Administración autonómica y unos servicios públicos de Sanidad, Educación y Protección Social, para así garantizar un Estado de bienestar reforzado, tras años de retrocesos en las condiciones de trabajo del personal que presta atención a la ciudadanía en estas áreas clave.

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