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Puig se muestra crítico con el «portazo» a la Comunitat en los Presupuestos Generales del Estado

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VALENCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado este miércoles que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 da un nuevo «portazo» a la Comunitat Valenciana, que este año tendría que recibir «334 millones de euros más para alcanzar la media» estatal.

Puig ha realizado estas declaraciones tras analizar los PGE, unos presupuestos que según ha criticado «ni se acercan a la inversión por habitante media de España para la Comunitat Valenciana», de modo que «en 2018 un valenciano recibirá 150 euros cuando debería recibir 217 para estar en la media. Nos faltan 67 euros más. En 2017 nos faltaban 66, o sea, este año nos falta aún un euro más», ha subrayado.

La Comunitat «está maltratada», ha insistido, y este año «muy especialmente» la provincia de Alicante, a la que le faltan 117 euros por habitante para alcanzar la media, ha remarcado. De hecho, de los 334 millones de euros que le faltan a la Comunitat para alcanzar la media, «dos tercios son de la provincia de Alicante, le faltarían 271 millones», ha precisado.

En este sentido, el jefe del Consell advertido que «el problema es la tendencia y la cronificación de la infrainversión» en la Comunitat Valenciana que en los años en los que Mariano Rajoy es presidente del Gobierno «ha dejado de recibir más de 2.650 millones de euros, lo que traducido en empleo ha supuesto perder más de 31.000 empleos, solo este año 3.900».

A su entender, los nuevos PGE «confirman la tendencia de lo que ha sido el Gobierno de Rajoy respecto a la Comunitat Valenciana dejándola en el furgón de cola de inversión por habitante». Siendo el 10,6% de la población, recibe el 6,3% de la inversión, ha apuntado.

Se trata de algo «escandaloso», ha alertado, y «más escandaloso si cabe si se compara con la inversión real, es decir lo ejecutado, que no alcanza más del 50%», ha precisado. De este modo, la inversión real supone el 5% de las inversiones de toda España. Desde 2012 a 2016, el estado de ejecución es del 5,04%, con lo que «no solo es pésima la concepción presupuestaria sino que lo que es terrible es la ejecución», ha incidido.

«¿CUÁL ES LA OTRA VÍA?»
De este modo, Puig ha criticado la «discriminación activa» a la Comunitat Valenciana, a la que «no se respeta» y ha cuestionado que «frente a la lealtad de la Generalitat y la lealtad de la Comunitat Valenciana, la pedagogía aplicada por el señor Rajoy, nos lleve a una situación de infrainversión e infrainversión activa y permanente».

«Si nosotros que estamos en las tesis del diálogo y del acuerdo, de la utilización de las instituciones, recibimos un portazo detrás de otro, ¿cuál es la otra vía?», se ha preguntado.

Para Puig, la actitud del Gobierno central es «difícil de comprender», sobre todo porque «los valencianos estamos diciendo existe el problema valenciano y hay que resolverlo pero no están en ninguna vía de ruptura».

Así, ha hecho un llamamiento para «devolver a la agenda» la reforma del sistema de financiación, una cuestión que a su juicio «parece que se quiere quitar de la agenda».

El presidente de la Generalitat, ha hecho notar que es el Gobierno el que «ha incumplido la Constitución» al presentar los PGE a mitad del ejercicio y es «responsabilidad del Gobierno sentarse a negociar con los partidos los PGE porque estos no sirven».

1.500 MILLONES PARA IGUALARSE A LA MEJOR FINANCIADA
Además, Puig ha ido más allá para señalar que la autonomía española con la autonomía que mejor inversión recibirá dispondrá de 319 euros por habitante, «si la Comunitat Valenciana recibiera una inversión equivalente a la que más recibe este año recibiría 1.500 millones de euros más», ha calculado.

Si el pasado mes de marzo, la Comunitat lideró la creación de empleo, ha resaltado, «con la financiación adecuada y la inversión adecuada la Comunitat crecería alrededor de un punto más del PIB, lo que supondría miles de puestos de trabajo», ha asegurado.

Sin embargo, los PGE para 2018 «solidifican la marginación a los valencianos» y «a pesar del esfuerzo de nuestras empresas y trabajadores, el Ministerio de Hacienda vuelve a distribuir de manera absolutamente arbitraria» la financiación con una «profunda deslealtad institucional y hacia los intereses generales de los ciudadanos».

«NULA SENSIBILIDAD DE FOMENTO»
Puig ha lamentado la «nula sensibilidad» del Ministerio de Fomento que ha dejado sin subvención a la Autoridad de Transporte Metropolitano, algo a su entender «inasumible» frente a la dotación que sí ha dado a otras ciudades.

También en materia ferroviaria se ha preguntado «dónde está la prioridad» del Corredor Mediterráneo o de la red de Cercanías, mientras en carreteras ha criticado que «se alargan las obras, algunas interminables y el grueso de las inversiones quedan para anualidades posteriores». En este punto, ha alertado del descenso en el presupuesto para seguridad vial en un momento en el que aumentan los accidentes de tráfico es una enorme irresponsabilidad».

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¿Qué pasa si Sánchez dimite? ¿Quién sería el presidente? ¿Habría nuevas elecciones?

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¿Qué pasa si Sánchez dimite?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- Foto: CONGRESO
¿Qué pasa si Sánchez dimite? La posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renuncie al cargo abre un escenario incierto con muchas incógnitas pero que en su mayoría tienen respuesta en la Constitución y la ley electoral.

¿Qué pasa si Pedro Sánchez dimite?

El artículo 101 de la Constitución Española tiene previsto el escenario de una dimisión o fallecimiento del presidente del Gobierno o de una pérdida de confianza parlamentaria, como podría ser una moción censura.

“El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente”, reza la Carta Magna.

En este caso, la dimisión del jefe del Ejecutivo conllevaría que todo el Gabinete continuaría en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente del Gobierno.

Ello significa que el Gobierno estaría limitado en sus atribuciones, sin capacidad para legislar, al igual que sucede pasadas las elecciones generales y antes de elegir al nuevo Gobierno.

¿Quien nombraría al nuevo presidente?

El Congreso sería el encargado de elegir a un nuevo presidente en un proceso idéntico al de las investiduras que se celebran tras unas elecciones generales.

El rey haría una ronda de consultas con los portavoces de los partidos con representación en la Cámara Baja y tras escuchar sus opiniones designaría un candidato.

Fue lo que ocurrió en 1981 cuando dimitió Adolfo Suárez. Su partido, UCD, propuso a Leopoldo Calvo-Sotelo como su sucesor, y tras un debate de investidura, interrumpido en su votación por el intento de golpe de Estado del 23F, fue elegido presidente por el Congreso.

En esta hipótesis, el candidato designado por el rey para suceder a Pedro Sánchez se sometería a un debate de investidura y para ser elegido debería recibir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso en primera votación o más síes que noes en segunda.

Si el candidato no lograra ser investido, arrancaría un plazo de dos meses en el que nuevos candidatos propuestos por el rey pueden optar a la Presidencia. Si tras estos dos meses ningún candidato consigue la confianza del Congreso las Cortes se disuelven de forma automática y se convocan nuevas elecciones generales.

¿Puede Pedro Sánchez convocar elecciones?

La respuesta es no, de momento. En el caso de que Pedro Sánchez no decida renunciar este lunes, fecha que ha fijado para anunciar su decisión, debería esperar, como pronto hasta el próximo 31 de mayo, para convocar elecciones generales.

La ley impide que el presidente disuelva las Cortes antes de que pase un año de la anterior disolución. Solo desde entonces podría aprobar el decreto de disolución y convocatoria de elecciones, que se celebrarían pasados 54 días.

Ello llevaría las elecciones a las últimas semanas del mes de julio. La ley no establece que tengan que celebrarse en domingo, pero si así fuera, lo más probable es que se fueran al 28 de julio.

¿Y si Sánchez decide someterse a una cuestión de confianza?

Otra posibilidad es que Pedro Sánchez no renuncie a su cargo, pero decida por contra presentar una cuestión de confianza.

Se trata de un instrumento político del que dispone el presidente del Gobierno para afrontar una situación de debilidad frente al Parlamento que le ha elegido y mediante el cual el Gobierno pide al Congreso el respaldo a su política.

La Constitución, en su artículo 112, establece que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Según establece el Reglamento del Congreso, el debate se desarrolla con el mismo formato que las sesiones de investidura. La confianza se entiende otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los Diputados.

Si Sánchez no obtuviera la confianza del Congreso, ocurriría igual que si hubiera dimitido y se iniciaría el proceso para investir a un nuevo presidente, con consultas del rey y un nuevo debate de investidura.

De nuevo, y como en el caso de las investiduras fallidas tras unos comicios generales, el artículo 172 del Reglamento del Congreso fija que si transcurren dos meses y ningún candidato consigue la confianza del Congreso, el presidente de la Cámara someterá a la firma del Rey el decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones.

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