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Recogen 10.000 firmas de ciudadanos de apoyo a Zaplana para entregarlas en el Consejo General del Poder Judicial

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VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) – El expresidente de Nuevas Generaciones del PPCV, José Luís Bayo, entregará este jueves, 10 de enero, en la sede en Madrid del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las firmas de 10.000 ciudadanos para solicitar la puesta en libertad del exministro y ‘expresident’ Eduardo Zaplana «por razones humanitarias».

Junto a las firmas, presentará ante el CGPJ un escrito-manifiesto por la libertad de Zaplana, en prisión provisional por el caso ‘Erial’ e ingresado desde el 18 de diciembre en el Hospital La Fe de València por su grave estado de salud.

Bayo ha convocado una rueda de prensa a las diez de la mañana de este jueves en la puerta del CGPJ para dar a conocer el resultado de la campaña que lanzó en diciembre en la plataforma Change.org.

El objetivo de la iniciativa era solicitar al Juzgado de Instrucción número 8 de València –encargado de la investigación de la denominada operación Erial– que conceda la libertad provisional al también exalcalde de Benidorm (Alicante). La Fiscalía Anticorrupción se opondrá a que quede en libertad tras la última petición de la defensa, según ha podido saber Europa Press este miércoles.

CAMPAÑA EN CHANGE.ORG
La petición subrayaba que Eduardo Zaplana es «una persona que está en la plenitud de su derecho a la presunción de inocencia y, además, padece una enfermedad incurable que lo ha conducido a las puertas de la muerte, según el último parte médico del jefe del Servicio de Hematología del Hospital La Fe, Guillermo Sanz Santillana».

Asimismo, apuntaba que ya se han cumplido siete meses de la orden de ingreso en prisión incondicional y sin fianza en la cárcel de Picassent (Valencia) por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número a raíz del caso Erial, donde Zaplana figura como investigado por su presunta implicación en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

«Los motivos por los que han rechazado las repetidas solicitudes de libertad, –proseguía la iniciativa– son su capacidad para destruir pruebas y el riesgo de fuga». «En cuanto a la destrucción de pruebas, parece algo irrisorio que estando hablando de hechos cometidos hace más de una década, después de estar siete meses privado de libertad, y que se encuentran en investigación conforme consta en el auto de detención en el año 2015, se considere que puede destruir pruebas», argumentaba.

En la misma línea, añadía que «no menos deleznable es afirmar su riesgo de fuga, por cuanto no sólo estamos ante una persona con una grave enfermedad, sino que además su arraigo a nuestra tierra es indiscutible,». «Pero por encima de todo ello, se encuentra el honor y la honorabilidad del Molt Honorable ‘expresident’ de la Generalitat Valenciana Don Eduardo Zaplana Hernández-Soro’, persona ejemplar, tanto en cuanto a su calidad humana, como en cuanto a sus hechos, políticos y personales», agregaba.

La petición precisaba que la muestra de apoyo «no significa exculpar a nadie». Bayo –quien intentó concurrir a las primarias en XIX Congreso del PP pero cuya candidatura fue rechazada por problemas con los avales– apuntó entonces que él, «personalmente», tiene «la certeza y la fiel convicción de su inocencia».

APOYO DE EXMINISTROS
Precisamente este miércoles, exministros de UCD, PP y PSOE han firmado un manifiesto mostrando su «preocupación» por el estado de salud de Zaplana y han pedido a las autoridades judiciales que tenga en cuenta «los principios humanitarios» debido a un «peligro de muerte inmediata».

Hasta 28 exministros de gobiernos de José Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero han suscrito el manifiesto de la Fundación España Constitucional haciendo constar su preocupación por el estado de salud del ‘expresident’.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, también ha afirmado este miércoles que el que fuera exministro del PP y expresidente y todos los presos enfermos «tienen que estar en libertad». Ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que, a través de las redes sociales, ya pidió en su día «el bienestar» de Zaplana.

«A mí me parece que una persona que está en las que está el señor Zaplana, con el que yo no tengo nada que ver ni connivencia ideológica o política con él, debería estar en libertad. Y, como él, todos los presos enfermos que están en el Estado español y en el Estado francés», ha apuntado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Bautista Riera, se ha sumado este miércoles a la petición de que Zaplana debería «estar en su casa en tanto en cuanto no se determine el grado de culpabilidad que pueda tener o no».

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¿Qué pasa si Sánchez dimite? ¿Quién sería el presidente? ¿Habría nuevas elecciones?

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¿Qué pasa si Sánchez dimite?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- Foto: CONGRESO
¿Qué pasa si Sánchez dimite? La posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renuncie al cargo abre un escenario incierto con muchas incógnitas pero que en su mayoría tienen respuesta en la Constitución y la ley electoral.

¿Qué pasa si Pedro Sánchez dimite?

El artículo 101 de la Constitución Española tiene previsto el escenario de una dimisión o fallecimiento del presidente del Gobierno o de una pérdida de confianza parlamentaria, como podría ser una moción censura.

“El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente”, reza la Carta Magna.

En este caso, la dimisión del jefe del Ejecutivo conllevaría que todo el Gabinete continuaría en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente del Gobierno.

Ello significa que el Gobierno estaría limitado en sus atribuciones, sin capacidad para legislar, al igual que sucede pasadas las elecciones generales y antes de elegir al nuevo Gobierno.

¿Quien nombraría al nuevo presidente?

El Congreso sería el encargado de elegir a un nuevo presidente en un proceso idéntico al de las investiduras que se celebran tras unas elecciones generales.

El rey haría una ronda de consultas con los portavoces de los partidos con representación en la Cámara Baja y tras escuchar sus opiniones designaría un candidato.

Fue lo que ocurrió en 1981 cuando dimitió Adolfo Suárez. Su partido, UCD, propuso a Leopoldo Calvo-Sotelo como su sucesor, y tras un debate de investidura, interrumpido en su votación por el intento de golpe de Estado del 23F, fue elegido presidente por el Congreso.

En esta hipótesis, el candidato designado por el rey para suceder a Pedro Sánchez se sometería a un debate de investidura y para ser elegido debería recibir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso en primera votación o más síes que noes en segunda.

Si el candidato no lograra ser investido, arrancaría un plazo de dos meses en el que nuevos candidatos propuestos por el rey pueden optar a la Presidencia. Si tras estos dos meses ningún candidato consigue la confianza del Congreso las Cortes se disuelven de forma automática y se convocan nuevas elecciones generales.

¿Puede Pedro Sánchez convocar elecciones?

La respuesta es no, de momento. En el caso de que Pedro Sánchez no decida renunciar este lunes, fecha que ha fijado para anunciar su decisión, debería esperar, como pronto hasta el próximo 31 de mayo, para convocar elecciones generales.

La ley impide que el presidente disuelva las Cortes antes de que pase un año de la anterior disolución. Solo desde entonces podría aprobar el decreto de disolución y convocatoria de elecciones, que se celebrarían pasados 54 días.

Ello llevaría las elecciones a las últimas semanas del mes de julio. La ley no establece que tengan que celebrarse en domingo, pero si así fuera, lo más probable es que se fueran al 28 de julio.

¿Y si Sánchez decide someterse a una cuestión de confianza?

Otra posibilidad es que Pedro Sánchez no renuncie a su cargo, pero decida por contra presentar una cuestión de confianza.

Se trata de un instrumento político del que dispone el presidente del Gobierno para afrontar una situación de debilidad frente al Parlamento que le ha elegido y mediante el cual el Gobierno pide al Congreso el respaldo a su política.

La Constitución, en su artículo 112, establece que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Según establece el Reglamento del Congreso, el debate se desarrolla con el mismo formato que las sesiones de investidura. La confianza se entiende otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los Diputados.

Si Sánchez no obtuviera la confianza del Congreso, ocurriría igual que si hubiera dimitido y se iniciaría el proceso para investir a un nuevo presidente, con consultas del rey y un nuevo debate de investidura.

De nuevo, y como en el caso de las investiduras fallidas tras unos comicios generales, el artículo 172 del Reglamento del Congreso fija que si transcurren dos meses y ningún candidato consigue la confianza del Congreso, el presidente de la Cámara someterá a la firma del Rey el decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones.

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