El pasado 9 de julio entró en vigor la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual.
Un texto legal que incluye el papel de los llamados influencers, quienes a través de plataformas YouTube o Twitch, promocionan servicios o productos de terceros o comparten información.
Información que puede tener un impacto en la sociedad, un hecho que no pasa desapercibido a las autoridades y que ahora cuenta con una regulación.
Así es la nueva ley para ‘influencers’, ‘streamers’ y creadores de contenido
Se acaba así el limbo jurídico en el que se encontraban los ‘vloggers’, ‘influencers’, ‘streamers’ y creadores de contenido en general en las distintas plataformas de intercambio de vídeos ya tienen sobre el papel sus derechos y obligaciones.
La nueva Ley General de Comunicación Audiovisual es el texto legal que regula el papel quienes a través de plataformas como YouTube, Instagram, Twitch o TikTok promocionan servicios o productos de terceros o comparten información que puede tener un impacto en la sociedad.
¿En qué consiste?
La Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluye unos principios generales aplicables a todo el ámbito audiovisual, como son la obligación de transmitir una imagen respetuosa de las personas con discapacidad, la protección de los usuarios respecto a contenidos que atentan contra la dignidad de la mujer o la veracidad de la información.
«La irrupción y consolidación de estos nuevos agentes requiere de un marco jurídico que refleje el progreso del mercado y que permita lograr un equilibrio entre el acceso a estos servicios, la protección del consumidor y la competencia», que se expresa en el preámbulo.
Responsables de los contenidos
La nueva legislación reconoce la actividad de los ‘influencers’, quienes realizan una actividad económica al obtener ingresos por sus vídeos y son responsables editoriales de los contenidos que publican.
Y señala también el impacto que sus vídeos pueden tener entre el público, especialmente entre los jóvenes.
De este modo deberán constar en un registro de nueva creación dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y atender en sus contenidos a una serie de principios -citados en el Art. 86-.
Entre ellos está el respeto a la dignidad humana y los valores constitucionales, promoviendo una imagen libre de estereotipos de las personas con discapacidad y la igualdad de género, y realizando actividades de alfabetización mediática.
Distinción entre publicidad y contenido editorial
Entre sus obligaciones está la de distinguir de forma explícita entre publicidad y contenidos editoriales.
Es parte del cumplimiento de la regulación sobre comunicaciones comerciales que deben cumplir a partir de ahora.
Esta norma, además, les obliga a no emitir comunicaciones prohibidas por ser discriminatorias, vejatorias o encubiertas, y a no difundir publicidad de productos prohibidos.
Los ‘influencers’, asimismo, deberán contar con un conjunto de directrices y de códigos de conducta que guíen su trabajo, que ellos mismos deberán establecer, y asegurarse de su seguimiento y aplicación.
También podrán suscribirse a convenios promovidos por la autoridad audiovisual competente.
¿Qué pasa si no se cumple la ley?
El incumplimiento de sus obligaciones puede hacerles incurrir en una falta grave o leve con sus correspondientes sanciones y la posibilidad de que la plataforma en la que emitan se vea obligada a cerrar su canal.
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