Francisco Villena

El referéndum en los institutos catalanes del 9-N de 2014, aquella “consulta participativa” en la que votaron más de dos millones de catalanes, que costó para las arcas públicas de la Generalitat, financiada por el Estado español, varios millones de euros, aquella consulta que el Tribunal Constitucional prohibió y declaró ilegal pese a lo cual se celebró, ese referéndum que para el Gobierno de España nunca se celebró por ilegal, aquella consulta, por último, que Rajoy dijo que nunca se celebraría pero que se celebró, ha traído como consecuencia la condena de Artur Mas por el TSJC a dos años de inhabilitación y algo menos para sus colegas de banquillo y de gobierno separatista Ortega y Rigau. Han cometido delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, lo cual, por evidente, no merece mayor comentario. Pero de prevaricación y malversación de caudales públicos, nada de nada. O sea, que gastarse la pasta pública en el referéndum ilegal, a sabiendas de que lo era y desobedeciendo por ello al Tribunal Constitucional, desafiando al Estado, no ha merecido ningún reproche penal para el Tribunal.

El Fiscal había pedido diez años de inhabilitación para Mas, se ha quedado en dos. Una sentencia liviana en cuanto a la inhabilitación y sorprendente en cuanto a la exoneración de los dineros gastados en el referéndum ilegal. Hasta el propio Artur Mas ha declarado, tras conocer la sentencia, que han salido “un poco condenados”. Por supuesto, ha dicho que recurrirán al Supremo, al Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, dónde haga falta para reparar su condena, contra la que no está de acuerdo, obviamente, y seguir con la propaganda de “víctima” nacionalista del Estado español. Mas ya tiene su condenita y su “medalla” por la causa separatista. Una de las reglas básicas del Estado de Derecho es el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y si no se comparten hay que recurrir. La regla vale también para Mas y otros nacionalistas encausados por el 9-N, pero la sentencia tan moderada del TSJC ha puesto en evidencia, por las reacciones que ha tenido en el entorno del nacionalismo separatista, lo ineficaz que resulta, a efectos prácticos, la judicialización de la política, en general, y del separatismo catalán, en particular.

El propio president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras conocer la sentencia, ha dicho que, “el referéndum se celebrará, sin ninguna duda, este año y que rehabilitará a Mas”. Otro desafío al Estado y a pocas horas de una sentencia condenatoria por un referéndum ilegal. Les da igual. Lo que está claro es que la Sentencia, hecha pública ayer, del TSJC no ha tenido efectos disuasorios en el separatismo catalán, no ha servido de nada sino para darles aún más méritos y ánimos a los separatistas para seguir su hoja de ruta. La llamada “operación diálogo” del Gobierno con los separatistas catalanes sólo ha servido para su financiación, que no para disuadirles de su empresa, por mucho que con Oriol Junqueras, vicepresident de la Generalitat y líder de ERC, otro separatista, Soraya S. de Santamaría se lleve la mar de bien, según parece cuando se fotografían juntos de risas.

Es cierto que las “ilegalidades” de los separatistas catalanes deben ser llevadas a los tribunales por imperativo del Estado de Derecho, pero la raíz política del problema debe ser resuelta en términos políticos, constitucionales desde luego, pero políticos. Y eso es lo que no ha hecho, de ninguna de las maneras, Mariano Rajoy desde hace cuatro años en que empezó, de forma descarada y desafiante, la espiral independentista de las autoridades de la Generalitat. Decenas y decenas de recursos al Tribunal Constitucional por las leyes de desconexión de Cataluña, la “condenita” de Mas y su altanera repuesta desde el separatismo, ponen en evidencia el que los jueces no pueden, ni deben, sustituir a los políticos ni resolver sus deberes. Además los jueces, funcionarios y tranquilos de natural que son, están ya hartos de la corrupción y de estas historias en sus juzgados. Fracasado el diálogo, además de la ley, está la política. Y la política solo tiene dos caminos, o autorizar el referéndum separatista con una modificación de la Constitución, o aplicar de una vez el artículo 155 de la misma e intervenir la Generalitat enviando a sus secesionistas mandamases a su casa. Todo lo demás son fuegos de artificios. Ni siquiera Rajoy va a poder evitar escoger una de estas dos vías, pero tendrá que hacer algo más que ordenar a la abogacía del Estado a que interponga un enésimo recurso contra la Generalitat.