Comunitat Valenciana

Vivienda pagará en 2018 las ayudas al alquiler pendientes de cobro al estar “escondidas en un cajón” durante el gobierno del PP

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) – La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha anunciado este jueves pagará a partir de 2018 los 60 millones de euros correspondientes a expedientes de ayudas al alquiler que encontró “escondidos en un cajón sin tramitar por instrucción de la anterior” consellera, la ‘popular’, Isabel Bonig. De este modo, la actual administración pretende dar tramitación y resolución a todo este “pufo” que denunció en abril de 2016.

Así lo ha comunicado la consellera de Vivienda, María José Salvador, tras la reunión que ha mantenido con la Plataforma de Impagados de las Ayudas al Alquiler para hacer balance de los pagos y las nuevas ayudas del Gobierno valenciano.

Salvador, que ha estado acompañada por la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, ha denunciado que dichas “ayudas que se quedaron sin resolver” y “escondidas en cajones por falta de presupuesto, una decisión totalmente ilegal”, deberían “haber ido a las familias valencianas”.

En este sentido, la consellera ha recordado que esta información “se puso en manos de la Intervención de la Generalitat para que iniciara una auditoría que en estos momentos continúa abierta por la complejidad, cantidad y volumen de los más de 19.000 expedientes de los que hablamos”. Además, se ha comprometido a “iniciar la tramitación para resolver los expedientes de forma favorable o desfavorable y pagar aquellos que les corresponda” en el primer trimestre de 2018.

Por otra parte, Salvador también ha anunciado que la deuda de 280 millones de euros, heredada por la “mala gestión” del anterior gobierno, está “prácticamente liquidada”. En este punto ha explicado que se han abonado los 240 millones que reconoció el anterior gobierno de las ayudas impagadas al alquiler, así como que las ayudas llamadas 501, que, dice, reconoció “nada más acceder a la conselleria para que más de 7.000 familias recuperaran el derecho a cobrarlas”, ya se han pagado 30 millones, por lo que solo faltan liquidar 7,6 millones, que se acabarán de abonar en el primer semestre de 2018.

De esta manera, la consellera afirma estar “cumpliendo los compromisos” que su departamento adquirió con estas familias “al hacer efectivo el derecho que tenían a cobrar unas ayudas que el anterior gobierno, o bien dejó sin pagar, o bien dejó sin reconocer”.

Salvador ha informado de que las ayudas al alquiler de vivienda concedidas entre los años 2016 y 2017 han llegado a un total de 18.341 asistencias, frente a las 4.800 emitidas durante la última legislatura del PP en la Comunitat Valenciana (2011-2015), lo que supone que en dos años se han multiplicado por cuatro estas partidas.

Además de haber concedido un mayor número de estas ayudas, Salvador ha informado también del incremento que ha sufrido el importe de dichas asistencias, que han pasado de 15.024.254,52 euros a 25.753.502,10 euros, 10.729.247,58 euros más que en el ejercicio anterior y en tan solo dos años de legislatura del Gobierno presidido por Ximo Puig.

“NO PAGARON NI UN EURO”

Según ha analizado la consellera, el anterior gobierno “perdió la oportunidad” durante cinco años de convocar ayudas, al convocar sólo las correspondientes a 2011 y 2015, a pesar de que el Plan Estatal de Vivienda estaba vigente. Pero “lo más sorprendente es que de los 15 millones de euros que concedió el anterior gobierno, no pagaron ni un euro. Solo concedieron las ayudas, pero no las pagaron y ha tenido que ser el actual gobierno quien lo ha hecho”. Esto se debió a que, por un lado, “las ayudas de 2011, o bien acabaron formando parte de la deuda de los 240 millones o bien de las ayudas 501 que no reconoció el anterior gobierno”. Por el otro, porque las ayudas de 2015 “las acabó pagando en esta legislatura el actual Consell”.
Por último, Salvador también ha informado de que con el pago de los auxilios en el mismo año de su concesión la Conselleria ha conseguido “recuperar la confianza perdida de la ciudadanía” porque en tan sólo dos años y “por primera vez, las ayudas se convocan, se resuelven y se pagan. Sin tener más dinero, gestionamos mejor y para más gente”.

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