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Valencia

86 agresores sexuales han rebajado condenas en la Comunitat gracias a la ‘ley del solo sí es sí’

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agresores sexuales valencia
Irene Montero-INSTAGRAM
Madrid/València, 3 mar (OFFICIAL PRESS- EFE).-Un total de 86 agresores sexuales han visto rebajadas sus condenas en la Comunitat Valenciana gracias a la ley del solo sí es sí.

Las audiencias provinciales de la Comunitat Valenciana han rebajado 86 condenas a agresores sexuales, ocho de los cuales han sido excarcelados, en aplicación de la conocida como ley del solo sí es sí, según los datos oficiales hechos públicos este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Audiencia Provincial de Valencia ha reducido 23 condenas, la de Castellón 17 y la de Alicante 46. En Castellón se han producido cinco excarcelaciones y en Alicante tres, mientras que Valencia no ha aportado este dato.

La de Valencia, sin embargo, es la única de las tres audiencias que aporta la cifra total de condenas revisadas, con un total de 139, e informa de que tiene otros 105 asuntos en trámite.

Los tribunales españoles han acordado 721 reducciones de penas de agresores sexuales, que han supuesto al menos 74 excarcelaciones.

En un comunicado, este órgano puntualiza que no todos los juzgados le han facilitado la información completa solicitada, que irá actualizando de forma periódica.

En las cifras hechas públicas falta información sobre el total de sentencias revisadas en los diferentes juzgados desde la entrada en vigor de la ley el 7 de octubre, lo que impide conocer en cuántos casos se ha mantenido la pena, y tampoco aparecen todas las excarcelaciones acordadas.

De los tribunales que sí han facilitado el total de casos revisados, la mayoría ha mantenido más condenas que las que ha rebajado.

Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid había revisado hasta mediados de febrero 451 condenas (el 84 % de todas las susceptibles) y había bajado la pena en 71 casos (el 15,7 % de todas las estudiadas). Ocho de las rebajas derivaron en la excarcelación del preso.

El CGPJ, que señala que varios tribunales han achacado a la huelga de los letrados de la administración de justicia la dificultad para ofrecer datos completos, advierte también de que sus cifras no incluyen las revisiones de pena que se hayan podido tramitar en juzgados de lo penal, competentes para enjuiciar delitos penados con hasta cinco años de prisión.

Según las tablas facilitadas, las audiencias provinciales han acordado 674 reducciones de penas, que han derivado en 73 excarcelaciones; los tribunales superiores de justicia han dictado 37 rebajas, con una excarcelación; y el Tribunal Supremo ha tomado esa decisión en diez ocasiones.

Contra las resoluciones dictadas en las audiencias provinciales cabe recurso ante los respectivos tribunales superiores, con lo que las cifras podrían variar en el futuro. Esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó una rebaja de pena que había acordado previamente la Audiencia de Zamora.

Según las cifras que ha logrado recopilar el CGPJ, la Audiencia Provincial de Madrid es la que más sentencias ha revisado.

El segundo lugar se sitúan las de la Comunitat Valenciana con 193 revisiones y 23 reducciones de condena; y Baleares, con 111 revisiones, 46 rebajas de pena y 6 excarcelaciones.

De las 50 audiencia provinciales, 19 no han facilitado datos del total de revisiones.

Solo en 7 de las 31 que sí han proporcionado ese dato son más las rebajas de penas que las condenas que se han mantenido.

Se trata de Burgos (21 revisiones y 12 rebajas), Cuenca (3 y 2), Lleida (12 y 8), Lugo (7 y 5), Ourense (12 y 9), Pontevedra (28 y 16) y Zamora (10 y 9).

También hay disparidad entre los tribunales superiores de justicia. Mientras que el catalán ha rebajado las cinco condenas que ha revisado, el de Castilla y León ha mantenido todas y ha revocado una rebaja.

El Tribunal Supremo ha bajado la pena en 10 de las 26 sentencias estudiadas. Tiene pendientes de resolver 224 recursos de casación.

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Valencia

El president de la Generalitat y la consellera de Justicia e Interior se reunirán el martes 23 de abril con los bomberos forestales

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El president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, han anunciado que el próximo martes 23 de abril se reunirán con los representantes sindicales de los bomberos forestales de SGISE (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias) para terminar de definir el futuro de este servicio posibilitando la seguridad y la estabilidad de sus trabajadores en un marco laboral serio y riguroso.

Así lo acordaron en la reunión de trabajo que mantuvieron ayer el president de la Generalitat y la consellera de Justicia e Interior para avanzar en las soluciones relacionadas con la gestión de SGISE.

En este sentido, la consellera de Interior, Elisa Núñez, ha indicado que “llevamos meses en contacto permanente con los representantes de los trabajadores, trabajando en un plan estratégico que contenga los elementos esenciales para garantizar la viabilidad del servicio de bomberos forestales”.

Ha añadido que “hemos estudiado todas las alternativas posibles para arreglar el desastre que dejó el gobierno del Botánico: una empresa sin estructura, unas plantillas incompletas con cientos de demandas de trabajadores, unos medios materiales antiquísimos y cuyo mantenimiento se paga a precio de oro, o unas bases e instalaciones indignas en toda la geografía de la Comunidad Valenciana”. Según ha afirmado Núñez, estos problemas “no son nuevos, sino que vienen de largo”.

Asimismo, el Consell reafirma su compromiso con los bomberos forestales, así como su determinación para “revertir los problemas que arrastra un modelo operativo caduco, con numerosas disfuncionalidades que deben ser solucionadas para proteger el interés general de los alicantinos, castellonenses y valencianos, así como el valioso patrimonio natural de la Comunidad Valenciana”, ha puntualizado Nuñez.

VÍDEO| Los bomberos forestales convocarán una huelga indefinida si no se atienden sus demandas

València, 16 abr (OFFICIAL PRESS- EFE).- Los bomberos forestales han vuelto a exigir este martes a la Generalitat la aprobación del convenio colectivo que dé estabilidad laboral al personal, la ampliación de la plantilla y la implementación de un tercer turno, y han advertido de que si no se atienden sus reivindicaciones se verán obligados a convocar una huelga indefinida.

Este colectivo se ha manifestado por las calles de València, en una marcha que ha discurrido desde la plaza de Alfons el Magnànim (Parterre) hasta las puertas del Palau de la Generalitat.

Con el lema «No a los recortes» en el servicio de bomberos forestales porque son «la seguridad de los pueblos, los bosques y las personas», exigen «la estabilización laboral» de todo el personal, con la contratación los 365 días al año, y la aprobación definitiva del primer convenio colectivo acordado en 2022, con el anterior Gobierno del Botànic.

Reclaman asimismo la «plena operatividad» las 24 horas del día del servicio, mediante la implementación de un tercer turno de trabajo, y la incorporación de un séptimo componente en las unidades para reforzar los turnos.

Miquel Férriz, portavoz de los sindicatos de bomberos forestales (CGT, CSIF, UGT, CCOO, EMAD y Spplb), advierte de que «la situación se está viendo ya en los últimos incendios, con falta de personal y falta de previsiones» y lamenta que la Generalitat no haya presentado tampoco todavía el proyecto del plan estratégico para el servicio.

«La empresa no dice nada, la consellera no quiere reunirse con nosotros nuevamente y tenemos un problema muy grave», advierte Férriz ante la llega de un verano que se espera «muy complicado», como se está viendo ya con los últimos incendios, los de Xàbia y Tàrbena -todavía activo- del pasado fin de semana.

«La situación del bosque valenciano y mediterráneo viene de los años 60, en cinco años no se puede hacer nada, y la mayoría es terreno privado», añade, y pide a la Generalitat que «asuma sus responsabilidad» e invierta más en prevención y en extinción.

Recuerda que hay más de 300 bomberos forestales sin contratos estables, en situación de «fraude de ley», y se necesitan 190 trabajadores más.

Férriz reclama asimismo que las unidades de refuerzo «pasen a trabajar todo el año», porque es necesario en el actual contexto de «desestacionalización» de los incendios, y que «de una vez por todas digan algo del convenio colectivo», parado desde el gobierno del Botànic.

El portavoz sindical señala asimismo que transmitieron en varias ocasiones a la Generalitat la necesidad de prohibir las quemas agrícolas, que han originados los últimos incendios, como el de Tàrbena.

Férriz asegura que continuarán con las movilizaciones si no se atienden sus demandas y advierte de que «se están jugando» que hagan «una huelga indefinida» ante la «inoperancia y paralización».

El delegado de CGT, Ferran Edo, ha señalado asimismo que los últimos incendios registrados en la Comunitat han puesto de manifiesto las necesidades del servicio, como la falta de personal, con unidades que no llegan ni a los seis competentes.

Recuerda que el Síndic de Greuges ya advirtió de que la SGISE (Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències) necesita un convenio colectivo porque actualmente están conviviendo con tres convenios.

El colectivo lamenta asimismo el recorte, de 13 millones de euros, en los presupuestos de la SGISE para 2024, que afecta al servicio en contrataciones básicas como el avituallamiento o la gestión de las nóminas, y denuncian vehículos y material anticuado.

La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, manifestó este domingo, en declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Tàrbena, que «el pasado 1 de abril se hizo un llamamiento al 100 % de las personas que formaban parte de las unidades forestales de refuerzo y en este momento está autorizado casi el 90 % de ellos».

Afirmó asimismo que «se están incorporando progresivamente y se ha empezado con los fijos discontinuos para seguir el procedimiento legal establecido y a lo largo de abril se incorporarán los que quedan pendientes».

 

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