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El juez procesa a Rodríguez y 14 cargos de PSPV y Compromís por Divalterra

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EFE/Manuel Bruque/Archivo

València, 3 feb (EFE).- El juez del caso Alquería ha procesado al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a otros 14 cargos del PSPV y Compromís por posibles delitos de prevaricación y malversación cometidos al haber contratado irregularmente a siete altos cargos para la empresa pública Divalterra, con un perjuicio de 1,1 millones de euros para las arcas públicas.

El auto del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia, que técnicamente es de incoación de Procedimiento Abreviado, supone en la práctica el procesamiento de los encausados y debería dar lugar a que se fije fecha de juicio oral contra los inculpados.

De hecho, pide al fiscal y demás acusaciones que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de Juicio Oral formulando escrito de acusación, aunque también podrían solicitar nuevas diligencias e incluso, al menos en teoría, el sobreseimiento de la causa.

En línea con la tesis de la Fiscalía, el juez considera en su auto que en la empresa pública Divalterra, perteneciente a la Diputación de Valencia, se nombró arbitrariamente para ocupar altos cargos a personas afines al PSOE y a Compromís incumpliendo la normativa.

Así, el magistrado considera que se produjo una contratación «simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos, más otros dos, entre noviembre de 2015 y febrero de 2018», lo que podría constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal.

Se trataba, además, de personas que nunca habían ejercido como altos directivos, por lo que resulta evidente que las finalidades perseguidas no eran las de beneficiar a la empresa pública, sino a «unos particulares, y más aún, y presuntamente, a puros intereses de índole partidista».

Se produjo así una «presunta malversación, que ha sido cuantificada en la cantidad de 1.122.095,80 euros», señala el auto.

Todo ello se hizo «con la intervención de los gerentes de la empresa, José Ramón Tiller y Agustina Brines, y el conocimiento y plan preconcebido presuntamente por el propio Presidente de la Diputación Provincial de Valencia y Presidente del Consejo de Administración de IMELSA, luego DIVALTERRA, Jorge Rodríguez y su equipo mas cercano, Jorge Cuerda, presunto director de facto de la empresa, junto Manuel Reguart y Ricard Gallego», añade el magistrado.

Junto a Rodríguez, figuran como procesados Ricard Gallego, Jorge Cuerda, Manuel Reguart, Xavier Simó, Agustina Brines, Pau Pérez, José Luis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenía, Víctor Jiménez y José Ramón Tíller.

Jorge Rodríguez asegura haber actuado siempre dentro de la legalidad

 Las defensas jurídicas de Jorge Rodríguez y sus personas de confianza han afirmado que por fin se abre la puerta para poder defenderse ante un tribunal con el convencimiento de ser «inocentes» y de haber actuado siempre dentro de la legalidad.

Así se han pronunciado después de que el juez del caso Alquería haya procesado al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a otros 14 cargos del PSPV y Compromís por posibles delitos de prevaricación y malversación cometidos al haber contratado irregularmente a siete altos cargos para la empresa pública Divalterra, con un perjuicio de 1,1 millones de euros para las arcas públicas.

El auto del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia, que técnicamente es de incoación de Procedimiento Abreviado, supone en la práctica el procesamiento de los encausados y debería dar lugar a que se fije fecha de juicio oral contra los inculpados.

Según la defensa de Rodríguez, desde el primer momento tenía claro que llegaría a juicio oral puesto que «era imposible» que el fiscal que ordenó la detención y el juez que la autorizó fueran a cerrar el caso, «sobre todo después de la operación policial antiterrorista que desplegaron».

Ha añadido que en más de dos años y medio de instrucción todas las peticiones de las defensas han sido rechazadas por el juez, que en el auto de procesamiento «pasa por alto» los argumentos de esta parte, por lo que la incoación de procedimiento abreviado era lo esperado.

«Por fin se abre la puerta para qué podamos defendernos ante un tribunal con el convencimiento de ser absolutamente inocentes y de haber actuado siempre dentro de la legalidad», declaran.

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Valencia

Estos son los cambios para el próximo curso escolar en Valencia

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Estos son los cambios para el curso escolar en Valencia

El pleno del Consell ha aprobado este martes el decreto de libertad de elección del centro educativo, conocido como distrito único, que da más puntos a las familias con rentas bajas, a las numerosas, las monoparentales, a las beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión y a quienes trabajen en un centro educativo.

El nuevo decreto primará como criterios básicos la existencia de hermanos en el centro, la proximidad al mismo y la renta de las familias, e incorpora como novedad la baremación en cuanto a la simultaneidad con enseñanzas profesionales de música o de danza y el deporte de élite.

Según ha informado el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, con este nuevo decreto «se superan las limitaciones impuestas por un modelo de obligatoria parcelación» del anterior gobierno del Botànic y se pasa a un modelo de «libertad» en el que «escogen las familias».

Con ello, ha añadido, se da continuidad al «concepto de libertad como con la proposición de ley de Libertad Educativa, que sustituye a la de plurilingüismo».

Así, ha detallado que el nuevo decreto regula el proceso de admisión en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y en los centros de Educación Especial en la Comunitat Valenciana.

Mayor «libertad» a la familias

La principal novedad del proceso de admisión del próximo curso es la incorporación del distrito único, que dará libertad a los padres y madres para elegir el centro educativo que consideren más adecuado para sus hijos e hijas.

El conseller ha señalado que el nuevo decreto «supera las limitaciones impuestas por un modelo de obligatoria parcelación y se pasa a un modelo en el que, manteniendo la proximidad del domicilio como criterio, las familias de una localidad tendrán la opción de elegir libremente el centro» que se ajuste a sus intereses y convicciones.

Este nuevo marco también va asociado a la necesidad de replantear las prioridades, prelación y ponderación de las puntuaciones que van asociadas a los diferentes criterios de baremación.

Destacan en este sentido novedades como el incremento de puntos en la renta per cápita de la unidad familiar (sin ser persona beneficiaria de la Renta Valenciana de Inclusión), de acuerdo con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), correspondiente a 14 pagas, en relación con el ejercicio fiscal anterior en dos años al año natural en que se solicita plaza.

En el caso de las rentas más bajas se pasará de los 3,5 puntos actuales a 7 puntos, informa la Generalitat.

También se produce un aumento en la valoración de las personas destinatarias de la Renta Valenciana de Inclusión, ya que se pasa de 4 a 7 puntos; y la puntuación cuando los padres, madres o tutores o tutoras legales sean personal de plantilla en activo del centro educativo aumenta de 5 a 7 puntos.

Por otro lado, se valora la condición legal de familia numerosa especial con 7 puntos (frente a los 5 actuales) y general (con 5 puntos frente a los 3 de ahora). Además, el alumnado nacido en parto múltiple contará 1 punto por cada hermano o hermana nacido en el mismo parto.

También se incrementa el peso de las familias monoparentales de régimen especial (7 puntos frente a los 5 de ahora) y general (5 puntos frente a los 3 actuales).

Música, danza y deporte de élite

Otra de las novedades del proceso de admisión radica en la solicitud de plaza en la Comunitat Valenciana por primera vez o por cambio de localidad de residencia. Así, se puntuará con 15 puntos por cada uno de los hermanos o hermanas, u otros niños, niñas o adolescentes integrantes de la familia de acogida o guardadora con fines de adopción.

Además, se introduce una novedad en la baremación en cuanto a la simultaneidad con enseñanzas profesionales de música o de danza. De esta forma, el alumnado que curse a la vez enseñanzas regladas de música o de danza y enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, y que no solicite, o bien no le corresponda, la admisión atendiendo al criterio de prioridad, tendrá 2 puntos.

Los mismos puntos se aplicarán en la baremación del alumnado que acredite la condición de deportista de élite, de alto nivel o de alto rendimiento, así como de personal técnico, entrenador, arbitral y juez de élite de la Comunitat Valenciana, y que no solicite, o bien no le corresponda, la admisión atendiendo al criterio de prioridad.

Por último, los centros podrán valorar con un punto extra las circunstancias específicas, que el conseller ha calificado de «simbólico», y que los que los criterios básicos que prevalecerán serán «la existencia de hermanos en el centro, proximidad al mismo y la renta» y ha asegurado que el cobro de cuotas en centros concertados está prohibida y es solo voluntaria.

Rovira ha informado asimismo de que, tras la aprobación hoy de este decreto por el pleno del Consell, «en breve» se abrirá el proceso de admisión en los centros.

 

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