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GÜRTEL| Abren juicio oral a Camps por el «arsenal de indicios» en las irregularidades de Fitur 2009

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MADRID, 19 Sep. – El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado este jueves auto de apertura de juicio oral al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato a la trama Gürtel en la edición de Fitur del año 2009. Además de procesarle por los delitos de prevaricación y fraude a la administración, el magistrado incluye también tráfico de influencias. Fuentes jurídicas calculan que el juicio se señalará para la próxima primavera.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 considera que ha quedado acreditado que «con el fin de favorecer los intereses económicos de Orange Market, tal y como había ocurrido en las ediciones anteriores de Fitur, y para contentar a sus gestores ante la elevada deuda acumulada hasta el año 2008 en favor de dicha mercantil por la celebración de actos del PP en dicha comunidad».

Según el juez, el que fuera responsable de Orange Market y ‘mano derecha’ de Francisco Correa en la Comunitat Valenciana, Álvaro Pérez Alonso ‘el Bigotes’, y el gerente de dicha empresa Cándido Herrero, «bajo la superior dirección» del líder de la Gürtel y de su ‘número dos’, Pablo Crespo, «se concertaron con Camps para que éste,como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del montaje del ‘stand de Grandes Proyectos’ de Fitur fuera directamente adjudicado a Orange Market al margen de la tramitación de procedimiento de contratación alguno».

Además, según el auto de apertura de juicio oral, «actuaron para que dicha adjudicación ilícita no la asumiera la Agencia Valenciana de Turismo como hasta entonces, sino directamente Presidencia de la Generalitat a través de la Dirección General de Promoción Institucional como centro directivo bajo la autoridad del presidente».

De la Mata detalla a lo largo de la resolución los indicios acumulados contra el expresidente y señala que otros investigados que han apuntado hacia él, como Pérez Alonso, no han hecho una «declaración aislada o inconexa», como invoca la defensa de Camps, sino que existe un «arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar» que el exdirigente ‘popular’ participó directamente en el direccionamiento del contrato.

«Lo hizo para favorecer a Orange Market, como venía haciendo desde 2005, a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana tenía y su colaboración al aceptar las ilegales fórmulas de pago que el Partido Popular utilizaba para ir cancelando la indicada deuda», asevera el magistrado.

Así pues, el instructor concluye que la entonces directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, «sí recibió indicaciones de sus superiores en la Generalitat, y más concretamente de Camps, para que actuara en la forma que lo hizo en relación con la adjudicación del stand de Grandes Eventos en Fitur 2009».

EVITAR LA PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA
Para el juez, los hechos encajan dentro del delito de prevaricación en tanto que la adjudicación a Orange Market se basó en «actos verbales, que aprobaron lisa y llanamente una contratación directa, sin más trámites».

«Fueron por tanto actos decisorios de la Administración que ampararon una situación en la que se prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido en la ley y, de hecho, de cualquier clase de procedimiento, vulnerando con ello de manera evidente los principios de legalidad, igualdad, concurrencia y publicidad que han de estar presentes en la actuación de la Administración», afirma.

«Se trató de una actuación injusta llevada a cabo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas que pudieran estar interesadas en concursar y que hubieran podido realizar la oferta más ventajosa para los intereses públicos, explica el magistrado», añade el magistrado.

Respecto al delito de fraude a la administración, que incluye la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación, De la Mata cree que no se puede descartar que Camps e Ibars acordaran un «plan criminal» siguiendo esta última las indicaciones del primero y pusieran en marcha «ciertos artificios con la finalidad de llevarlo a cabo», organizando los procesos de contratación de modo que se aseguraran que Orange Market fuera finalmente la adjudicataria de las construcción de los stands de Grandes Eventos.

En cuanto al delito de tráfico de influencias que incluye la acusación popular en su escrito de acusación, el juez entiende también razonable sostener que el expresidente valenciano ejerció influencia sobre Ibars para conseguir que ésta «diera las órdenes inapelables para que se le adjudicasen a Orange Market (que obtuvo un beneficio económico directo por ello) los trabajos relativos al montaje del referido stand de Grandes Proyectos».

Así pues, Anticorrupción acusa a Camps de prevaricación y fraude y pide 2 años y medio de prisión. La acusación popular que ejerce el PSOE eleva su petición a 9 años al añadir a estos delitos el de tráfico de influencias, además de 15 años de inhabilitación absoluta y 16 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Estos son los cambios para el próximo curso escolar en Valencia

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Estos son los cambios para el curso escolar en Valencia

El pleno del Consell ha aprobado este martes el decreto de libertad de elección del centro educativo, conocido como distrito único, que da más puntos a las familias con rentas bajas, a las numerosas, las monoparentales, a las beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión y a quienes trabajen en un centro educativo.

El nuevo decreto primará como criterios básicos la existencia de hermanos en el centro, la proximidad al mismo y la renta de las familias, e incorpora como novedad la baremación en cuanto a la simultaneidad con enseñanzas profesionales de música o de danza y el deporte de élite.

Según ha informado el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, con este nuevo decreto «se superan las limitaciones impuestas por un modelo de obligatoria parcelación» del anterior gobierno del Botànic y se pasa a un modelo de «libertad» en el que «escogen las familias».

Con ello, ha añadido, se da continuidad al «concepto de libertad como con la proposición de ley de Libertad Educativa, que sustituye a la de plurilingüismo».

Así, ha detallado que el nuevo decreto regula el proceso de admisión en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y en los centros de Educación Especial en la Comunitat Valenciana.

Mayor «libertad» a la familias

La principal novedad del proceso de admisión del próximo curso es la incorporación del distrito único, que dará libertad a los padres y madres para elegir el centro educativo que consideren más adecuado para sus hijos e hijas.

El conseller ha señalado que el nuevo decreto «supera las limitaciones impuestas por un modelo de obligatoria parcelación y se pasa a un modelo en el que, manteniendo la proximidad del domicilio como criterio, las familias de una localidad tendrán la opción de elegir libremente el centro» que se ajuste a sus intereses y convicciones.

Este nuevo marco también va asociado a la necesidad de replantear las prioridades, prelación y ponderación de las puntuaciones que van asociadas a los diferentes criterios de baremación.

Destacan en este sentido novedades como el incremento de puntos en la renta per cápita de la unidad familiar (sin ser persona beneficiaria de la Renta Valenciana de Inclusión), de acuerdo con el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), correspondiente a 14 pagas, en relación con el ejercicio fiscal anterior en dos años al año natural en que se solicita plaza.

En el caso de las rentas más bajas se pasará de los 3,5 puntos actuales a 7 puntos, informa la Generalitat.

También se produce un aumento en la valoración de las personas destinatarias de la Renta Valenciana de Inclusión, ya que se pasa de 4 a 7 puntos; y la puntuación cuando los padres, madres o tutores o tutoras legales sean personal de plantilla en activo del centro educativo aumenta de 5 a 7 puntos.

Por otro lado, se valora la condición legal de familia numerosa especial con 7 puntos (frente a los 5 actuales) y general (con 5 puntos frente a los 3 de ahora). Además, el alumnado nacido en parto múltiple contará 1 punto por cada hermano o hermana nacido en el mismo parto.

También se incrementa el peso de las familias monoparentales de régimen especial (7 puntos frente a los 5 de ahora) y general (5 puntos frente a los 3 actuales).

Música, danza y deporte de élite

Otra de las novedades del proceso de admisión radica en la solicitud de plaza en la Comunitat Valenciana por primera vez o por cambio de localidad de residencia. Así, se puntuará con 15 puntos por cada uno de los hermanos o hermanas, u otros niños, niñas o adolescentes integrantes de la familia de acogida o guardadora con fines de adopción.

Además, se introduce una novedad en la baremación en cuanto a la simultaneidad con enseñanzas profesionales de música o de danza. De esta forma, el alumnado que curse a la vez enseñanzas regladas de música o de danza y enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, y que no solicite, o bien no le corresponda, la admisión atendiendo al criterio de prioridad, tendrá 2 puntos.

Los mismos puntos se aplicarán en la baremación del alumnado que acredite la condición de deportista de élite, de alto nivel o de alto rendimiento, así como de personal técnico, entrenador, arbitral y juez de élite de la Comunitat Valenciana, y que no solicite, o bien no le corresponda, la admisión atendiendo al criterio de prioridad.

Por último, los centros podrán valorar con un punto extra las circunstancias específicas, que el conseller ha calificado de «simbólico», y que los que los criterios básicos que prevalecerán serán «la existencia de hermanos en el centro, proximidad al mismo y la renta» y ha asegurado que el cobro de cuotas en centros concertados está prohibida y es solo voluntaria.

Rovira ha informado asimismo de que, tras la aprobación hoy de este decreto por el pleno del Consell, «en breve» se abrirá el proceso de admisión en los centros.

 

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