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La desescalada arruina a las peluquerías valencianas y reclaman bajada del IVA

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Esta semana se cumple el primer mes del inicio de la desescalada desde el pasado 4 de mayo cuando arrancó la fase 0 en todo el territorio nacional. La Alianza por la bajada del IVA al 10% en las peluquerías, da a conocer los resultados del Estudio sobre la desescalada en el sector de las Peluquerías en España; continuando con la respuesta masiva de los salones de peluquería e imagen personal en los estudios promovidos por la Alianza, han participado en esta ocasión más de 300 peluquerías de las organizaciones valencianas integradas en La Alianza: Gremio Provincial de Peluquería de Caballeros y Belleza de Valencia, la Cooperativa Peluquería & Estética de la Comunidad Valenciana, y Peluquería Pura y Dura.

Como punto de partida, el estudio refleja que el 80,9% de los salones de peluquería de Valencia abrió de forma mayoritaria el pasado 4 de mayo, desde el mismo inicio de la Fase 0, poniendo nuevamente de manifiesto su compromiso social y el carácter de servicio esencial con el que los profesionales y autónomos de las peluquerías desarrollan su trabajo.

En relación al porcentaje de actividad que ha desarrollado el sector de la imagen personal valenciana, el 65,17% de las peluquerías está trabajando por debajo del 33% de su actividad normal.

En cuanto a el porcentaje de la plantilla con la que han iniciado su actividad, teniendo en cuenta que las peluquerías únicamente pueden reiniciar su actividad con un 30% del aforo de los establecimientos, el 65,96% de los locales ha abierto con menos del 33% de su personal.

Sobre las medidas y protocolos de higiene obligatorios para retomar la actividad, el sector de las peluquerías demuestra su rápida capacidad de respuesta en la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias, el distanciamiento interpersonal, y la adaptación a sistema de cita previa. En este sentido, los principales problemas que afronta el sector de las peluquerías para cumplir estos protocolos tienen que ver con su coste económico, ya que el 55,07% considera bastante o muy difícil asumir los gastos de las compras de guantes, máscaras y sistemas de protección, en su mayoría de un solo uso, o las limitaciones respecto a la agilidad del servicio y la necesidad de realizar una atención personalizada de cada trabajador a cada cliente, que se considera bastante o muy difícil para el 51,03% de las peluquerías.

En cuanto a la capacidad de resistencia del sector a las limitaciones en la prestación de servicio con la que se puso en marcha el servicio a la Fase 0 el pasado 4 de mayo, el 62,89% de las peluquerías valencianas se encuentran en el límite de su supervivencia.

En relación a las medidas económicas de apoyo a las pymes activadas por el Gobierno español, el 93,79% de las peluquerías que han participado en el estudio, consideran que es bastante o muy importante que se mantengan los ERTE hasta recuperar la productividad de su negocio, mucho más allá de la finalización de la alarma nacional si se quiere evitar la amenaza de desaparición de más del 40% de las peluquerías hasta un total de 2.000 en Valencia.

Como conclusión de todo lo anterior, y teniendo en cuenta el injusto tratamiento fiscal en que lleva 8 años instal.lat el sector de la peluquería sufriendo un 21% de IVA aunque considerarse un servicio esencial, el 96,08% de las peluquerías considera que la bajada del IVA al 10% sería una herramienta clave y indispensable para garantizar la sostenibilidad y viabilidad de estos pequeños negocios y salir de esta crisis económica.

En este contexto, la Alianza por la bajada del IVA al 10% en las peluquerías, ha reactivado los contactos con todos los grupos parlamentarios que apoyaron la PNL aprobada en 2018 que reclamaba la bajada del IVA, y que fue apoyada por los grupos políticos que apoyan al actual gobierno de coalición.

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El Gobierno no se responsabiliza de las víctimas de la vacuna covid: «Se la pusieron voluntariamente»

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El Ministerio de Sanidad se desentiende de las víctimas de la vacuna contra el COVID-19 y ahora rechaza la responsabilidad de la Administración, a pesar de un dictamen específico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que establece por primera vez la relación de causalidad entre la administración de la vacuna Spikevax-COVID-19 de Moderna y la miocarditis grave.

En su respuesta a un procedimiento de reclamación patrimonial, el Ministerio de Sanidad argumenta que cualquier ciudadano que reciba atención médica debe aceptar los efectos adversos derivados de la misma, siempre y cuando haya dado su consentimiento informado. Además, sostiene que la posibilidad de sufrir el daño reclamado fue divulgada por la Aemps al administrarse la vacuna y que ésta fue recibida voluntariamente, por lo que no puede considerarse un daño antijurídico imputable a las administraciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando un ciudadano recibió la vacuna contra el COVID-19 tras la imposición del Certificado COVID-19 Digital de la UE en casi todo el país y bajo la premisa de que la vacuna era segura y efectiva. Sin embargo, poco después de la vacunación, comenzaron a manifestarse síntomas alarmantes que llevaron a una hospitalización urgente en la UCI del Hospital.

A pesar de que los médicos inicialmente consideraron un infarto de miocardio, pronto relacionaron los síntomas con la vacuna COVID-19, dada la proximidad temporal con la vacunación. Después de estabilizar al paciente, el diagnóstico final fue miocarditis aguda, probablemente como reacción a la vacuna, según los informes médicos.

Dictamen de la Aemps

Aunque la Aemps reconoce la relación probable entre la vacuna y la miocarditis, el Ministerio de Sanidad se exime de responsabilidad, argumentando que la posibilidad de efectos adversos fue comunicada previamente y que la vacunación fue voluntaria.

El abogado de la víctima critica la falta de información accesible para el público sobre los riesgos reales de la vacuna y señala que la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad transmitía un mensaje de seguridad. Además, destaca la responsabilidad moral del Ministerio en resolver el procedimiento de reclamación, que ha permanecido estancado por más de dos años, a pesar del dictamen de la Aemps.

 

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