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Los Jaume I piden más recursos, menos burocracia y una ley del mecenazgo

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Los Jaume I piden más recursos, menos burocracia y una ley del mecenazgo
Los galardonados con los Premios Rei Jaume I 2022 (de i a d): Jesús María Sanz Serna (Investigación Básica), Marta Reyna (Economía), Antonio María de Lacy Fortuny (Investigación Médica), Emilio Chuvieco Saliner (Protección del Medio Ambiente), Monserrat Calleja Gómez (Nuevas Tecnologías) y Ángela Pérez Pérez (Premio al Emprendedor), y Javier Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación Premios Rei Jaume I. EFE/ Ana Escobar

València, 23 nov (EFE).- Los ganadores de la trigésimo cuarta edición de los Premios Rei Jaume I han coincidido en destacar la necesidad de más recursos para la ciencia y la investigación, han criticado la excesiva burocracia y la falta de organización, y han reclamado una ley del mecenazgo que aplique medidas fiscales que ayuden a invertir.

Así lo han señalado Jesús María Sanz Serna (Investigación Básica); Marta Reynal-Querol (Economía); Antonio de Lacy Fortuny (Investigación Médica); Emilio Chuvieco (Protección del Medio Ambiente); Montserrat Calleja (Nuevas tecnologías) y Ángela Pérez (Emprendedor) en una rueda de prensa dos días antes de recibir el galardón en un acto que presidirán los reyes de España en la Lonja de València.

SITUACIÓN DE LA CIENCIA EN ESPAÑA

Reynal-Querol ha asegurado que en investigación en España es necesario «aumentar mucho los recursos y hacerlo fácil y que haya menos regulación y menos burocracia que nos está ahogando», y tras subrayar que en nuestro país «tenemos mucho talento» ha advertido de que estamos en un «momento peligroso» por el riesgo de que se vayan a trabajar a otros países muchos científicos.

Al respecto, José María Sanz Serna ha indicado que si finalmente los presupuestos generales del Estado son aprobados incluyen «un incremento» para ciencia e investigación que «agradecemos» pero que «todavía está muy lejos del porcentaje de PIB que dedican otros países similares».

A su juicio, en España «cuando hay vacas flacas lo primero en lo que se recorta es en ciencia» y ha criticado los sistemas de gestión, que considera «muy inadecuados» y una «burocracia en investigación que hace perder tiempo y energía a los investigadores».

«La ciencia española ha avanzado mucho hasta ahora, pero tenemos un cuello de botella que nos impide seguir haciéndolo. En los últimos veinte años no se han intentando resolver las deficiencias y el 90 por ciento de los investigadores haría el mismo diagnóstico: hay que poner medios que permitan implementar medidas sustanciales».

Montserrat Calleja ha opinado que es «imprescindible» un pacto por la Ciencia porque, ha dicho, la inversión en este campo «tiene un retorno social y económico. Por cada euro se recuperan cinco o más en inversión I+D+i» y ha subrayado que esta recuperación de la inversión «ocurre en plazo de 10 o 20 años y es necesario ese pacto para que sea un éxito para todos».

Según Calleja, no se han hecho inversiones importantes desde hace viente años «y me da pena no haber hecho antes ese esfuerzo por establecer que funcione un sistema que tiene defectos y mucha burocracia», y ha reclamado que se alcance un pacto de todos los partidos para que eso cambie.

Para Emilio Chuvieco, el retorno de la inversión en ciencia «está claro» y ha indicado que «no es solo cuestión de recursos sino de facilitar las cosas y que la gestión sea más sencilla porque para comprar cualquier cosa tienes que hacer un papeleo que no tiene sentido».

Por su parte, Ángela Pérez también ha asegurado que la gestión de la ciencia «no es eficiente» y ha abogado por la colaboración público privada y porque la inversión «se suceda con más intensidad y sin parar» para poder «hacer cambios y proyectos transformadores».

Antonio de Lacy ha subrayado que España es un país que «adolece de falta de organización y hace que se pierda en burocracia» pero tras subrayar que por definición es «optimista» ha indicado que si «no perdemos el talento podemos llegar muy lejos».

LEY DE MECENAZGO

A juicio de Ángela Pérez, «contribuiría positivamente ir pensando en una ley de mecenazgo, en aplicar medidas fiscales que ayuden a las empresas a invertir en proyectos de investigación, tanto en centros públicos como en empresas emprendedoras», y ha insistido en que la colaboración público-privada es «fundamental».

Antonio de Lacy también se ha mostrado partidario de una ley de mecenazgo, aunque ha reconocido que no sabe «qué hay que hacer» y tras señalar que las inversiones privadas que más interesan son las destinadas a sanidad y a renovables, ha indicado que en el primer caso el retorno puede llegar al 28 por ciento.

La premio de Economía se ha mostrado de acuerdo con esta ley y ha considerado que se trata de un tema cultural «en el que hay que trabajar desde los colegios», mientras que Sanz Serna ha explicado que aunque varios gobiernos han intentado desarrollar una Ley de Mecenazgo, «el Ministerio de Hacienda lo ha vetado por ser celoso de los recursos que iba a perder».

CUMBRE COP27

Preguntado sobre el resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) de este año en Egipto, Chuvieco ha indicado que previamente había pocas esperanzas de que se llegara a acuerdos «muy sustanciales» y la conclusión ha demostrado ser «poco ambiciosa».

«Siguen sin concretarse los techos de emisión de los distintos países y ha habido un avance interesante, que ha sido poner sobre el papel el principio de la justicia climática, reconocer que los países que sufren más el cambio climático son los que menos han contribuido a que ocurra», ha indicado.

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¿Qué pasa si Sánchez dimite? ¿Quién sería el presidente? ¿Habría nuevas elecciones?

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¿Qué pasa si Sánchez dimite?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- Foto: CONGRESO
¿Qué pasa si Sánchez dimite? La posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renuncie al cargo abre un escenario incierto con muchas incógnitas pero que en su mayoría tienen respuesta en la Constitución y la ley electoral.

¿Qué pasa si Pedro Sánchez dimite?

El artículo 101 de la Constitución Española tiene previsto el escenario de una dimisión o fallecimiento del presidente del Gobierno o de una pérdida de confianza parlamentaria, como podría ser una moción censura.

“El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente”, reza la Carta Magna.

En este caso, la dimisión del jefe del Ejecutivo conllevaría que todo el Gabinete continuaría en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente del Gobierno.

Ello significa que el Gobierno estaría limitado en sus atribuciones, sin capacidad para legislar, al igual que sucede pasadas las elecciones generales y antes de elegir al nuevo Gobierno.

¿Quien nombraría al nuevo presidente?

El Congreso sería el encargado de elegir a un nuevo presidente en un proceso idéntico al de las investiduras que se celebran tras unas elecciones generales.

El rey haría una ronda de consultas con los portavoces de los partidos con representación en la Cámara Baja y tras escuchar sus opiniones designaría un candidato.

Fue lo que ocurrió en 1981 cuando dimitió Adolfo Suárez. Su partido, UCD, propuso a Leopoldo Calvo-Sotelo como su sucesor, y tras un debate de investidura, interrumpido en su votación por el intento de golpe de Estado del 23F, fue elegido presidente por el Congreso.

En esta hipótesis, el candidato designado por el rey para suceder a Pedro Sánchez se sometería a un debate de investidura y para ser elegido debería recibir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso en primera votación o más síes que noes en segunda.

Si el candidato no lograra ser investido, arrancaría un plazo de dos meses en el que nuevos candidatos propuestos por el rey pueden optar a la Presidencia. Si tras estos dos meses ningún candidato consigue la confianza del Congreso las Cortes se disuelven de forma automática y se convocan nuevas elecciones generales.

¿Puede Pedro Sánchez convocar elecciones?

La respuesta es no, de momento. En el caso de que Pedro Sánchez no decida renunciar este lunes, fecha que ha fijado para anunciar su decisión, debería esperar, como pronto hasta el próximo 31 de mayo, para convocar elecciones generales.

La ley impide que el presidente disuelva las Cortes antes de que pase un año de la anterior disolución. Solo desde entonces podría aprobar el decreto de disolución y convocatoria de elecciones, que se celebrarían pasados 54 días.

Ello llevaría las elecciones a las últimas semanas del mes de julio. La ley no establece que tengan que celebrarse en domingo, pero si así fuera, lo más probable es que se fueran al 28 de julio.

¿Y si Sánchez decide someterse a una cuestión de confianza?

Otra posibilidad es que Pedro Sánchez no renuncie a su cargo, pero decida por contra presentar una cuestión de confianza.

Se trata de un instrumento político del que dispone el presidente del Gobierno para afrontar una situación de debilidad frente al Parlamento que le ha elegido y mediante el cual el Gobierno pide al Congreso el respaldo a su política.

La Constitución, en su artículo 112, establece que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Según establece el Reglamento del Congreso, el debate se desarrolla con el mismo formato que las sesiones de investidura. La confianza se entiende otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los Diputados.

Si Sánchez no obtuviera la confianza del Congreso, ocurriría igual que si hubiera dimitido y se iniciaría el proceso para investir a un nuevo presidente, con consultas del rey y un nuevo debate de investidura.

De nuevo, y como en el caso de las investiduras fallidas tras unos comicios generales, el artículo 172 del Reglamento del Congreso fija que si transcurren dos meses y ningún candidato consigue la confianza del Congreso, el presidente de la Cámara someterá a la firma del Rey el decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones.

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