Una educadora social ha resultado herida tras sufrir una agresión con arma blanca por parte de una adolescente en Borriana (Castellón), un suceso que ha vuelto a poner el foco en las condiciones laborales del sector social en la Comunitat Valenciana.
Ataque durante su labor profesional
El incidente ha sido denunciado por el Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana (COEESCV), que ha explicado que la trabajadora, perteneciente a la Fundación Antonio Moreno, fue atacada en la vía pública mientras desempeñaba su labor con menores.
Según el relato de la entidad, la educadora acudió a localizar a una menor que había abandonado el hogar sin permiso. Al encontrarla, la adolescente la agredió con un arma blanca, causándole heridas en el brazo.
El COEESCV ha calificado el suceso de “grave” y ha advertido de que este tipo de situaciones evidencian los riesgos a los que se enfrentan los profesionales del ámbito social.
Denuncian precariedad y falta de recursos
Desde el colectivo profesional han insistido en que no se puede normalizar la violencia como parte del trabajo diario. Reclaman medidas urgentes para mejorar la seguridad, reforzar plantillas y garantizar ratios adecuadas.
“Las agresiones no son hechos aislados, sino consecuencia de un sistema al límite”, han señalado desde la Plataforma de Profesionales del Sector Social en un manifiesto.
Según datos del Informe Estatal sobre Violencia y Desprotección en el Sector Social (2025), el 50% de los trabajadores ha sufrido agresiones verbales, el 25% amenazas y el 10% agresiones físicas.
Centros saturados y aumento de la conflictividad
El sector denuncia una situación especialmente crítica en el ámbito de la infancia y adolescencia en la Comunitat Valenciana. En 2024 se registró un aumento “histórico” de agresiones en centros de acogida.
Entre los problemas señalados destacan:
- Masificación de centros, que en algunos casos duplican su capacidad
- Falta de personal especializado, especialmente en salud mental
- Retrasos administrativos en la gestión de menores
- Precariedad laboral y falta de estabilidad
Esta combinación, aseguran, convierte los centros en espacios de alta tensión que dificultan la atención individualizada.
Aumento de bajas laborales y riesgo de huelga
Otro de los efectos de esta situación es el incremento de bajas laborales, principalmente por estrés. Además, denuncian que las bolsas de trabajo no están cubriendo sustituciones, lo que agrava la sobrecarga del personal.
La Plataforma también alerta de impagos en residencias públicas, especialmente en la provincia de Alicante, y del bloqueo en la renovación de conciertos en centros concertados.
Ante este escenario, los profesionales del sector social han iniciado conversaciones para convocar una posible huelga general si no se adoptan soluciones inmediatas.
Exigen cambios estructurales
El colectivo reclama un paquete de medidas urgentes que incluya:
- Refuerzo de plantillas
- Mejora de ratios
- Protocolos eficaces frente a agresiones
- Recursos especializados
- Garantías de seguridad y protección jurídica
El objetivo, subrayan, es garantizar tanto la seguridad de los trabajadores como una atención digna a los menores y colectivos vulnerables.
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