Un operario de la planta de residuos de Guadassuar ha encontrado el cadáver de un feto humano, un varón de tez blanca con aproximadamente seis meses de gestación. La Guardia Civil ha activado el protocolo de muertes violentas y analiza el ADN para identificar a la madre.
Investigación en Curso
El hallazgo ocurrió esta madrugada en una de las cintas transportadoras que trasladan los residuos desde el foso donde los camiones vierten la basura. Los agentes del grupo de Homicidios de la Comandancia de València trabajan para determinar el contenedor y la ruta que siguió el feto hasta la planta, aprovechando la tecnología de seguimiento del recinto.
Conservaba el Cordón Umbilical
Al detectar que se trataba de un cuerpo humano y no de un objeto, los operarios notificaron de inmediato al responsable de la planta, quien dio aviso a Emergencias 112. La jueza de guardia del Juzgado de Instrucción 7 de Alzira autorizó el levantamiento del cadáver, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de València para la autopsia.
Los forenses buscan determinar si la causa de la muerte fue un parto prematuro o un aborto, ya sea espontáneo o inducido. Además, la Guardia Civil ha enviado muestras de ADN al laboratorio central de Criminalística para tratar de identificar a la progenitora.
Este trágico suceso ha generado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Posibles Investigaciones y Consecuencias para los Padres
En caso de que se logre identificar a la madre mediante las pruebas de ADN, la Guardia Civil evaluará su situación médica y legal. Si se determina que el feto fue abandonado de manera deliberada, podrían abrirse diligencias por delitos relacionados con el abandono de menores o, en casos más graves, por homicidio.
Asimismo, se investigará si la madre actuó sola o si hubo complicidad de terceros. Dependiendo de las circunstancias, el caso podría derivar en imputaciones por encubrimiento o colaboración en la eliminación del feto.
Las autoridades también considerarán la posibilidad de que se trate de un aborto clandestino, lo que abriría una nueva línea de investigación para identificar a posibles responsables médicos o intermediarios. En este caso, se analizaría la legalidad del procedimiento y si se violaron normativas sanitarias.
Las consecuencias legales para los progenitores dependerán de los resultados de la investigación y las pruebas médicas. En caso de determinarse una responsabilidad penal, podrían enfrentar penas de prisión y sanciones económicas según la legislación vigente.
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