El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada ha archivado la denuncia por violencia vicaria internacional que Juana Rivas presentó en enero contra su exmarido, Francesco Arcuri. La resolución judicial argumenta que la denuncia no aporta hechos delictivos nuevos y que los episodios relatados ya han sido judicializados en diferentes procedimientos penales durante los últimos ocho años.
Motivos del archivo de la denuncia
El auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, sostiene que todos los incidentes incluidos en la denuncia ya han sido evaluados en diversos procesos previos. Además, considera que, más allá de la calificación como «violencia vicaria internacional» que defiende el equipo jurídico de Rivas, no se presentan nuevos elementos que justifiquen su tramitación.
Reacción del equipo jurídico de Juana Rivas
Carlos Aránguez, abogado de Juana Rivas, ha anunciado que recurrirá el auto ante la Audiencia de Granada y mantiene el objetivo de llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su intención es lograr el reconocimiento del delito de violencia vicaria internacional en la jurisprudencia española y denunciar la falta de aplicación de la normativa vigente en España.
El letrado ha lamentado que en el sistema judicial español no se asuma plenamente la violencia vicaria y ha insistido en que Arcuri ejerce maltrato sobre sus hijos para someter a la madre. Además, ha advertido que el archivo de esta denuncia marca el inicio de un «largo recorrido» judicial para visibilizar este problema.
Un proceso judicial en curso
La denuncia de Juana Rivas y su hijo mayor se sumaba a otras tres formalizadas desde diciembre, que también fueron archivadas por los juzgados de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada y Málaga. Mientras tanto, el menor de los dos hijos de la expareja permanece en España con su madre debido a medidas cautelares, a la espera de que la Corte de Apelación de Cagliari resuelva sobre su custodia.
El caso de Juana Rivas, que comenzó en 2016 cuando regresó a Maracena y denunció a su expareja, sigue generando un intenso debate judicial y político en torno a la violencia vicaria y la protección de los menores en estos casos.
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