MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) – La defensa del ‘cabecilla’ de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha solicitado este miércoles una rebaja de la pena de 13 años que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la pieza separada relativa al amaño de contratos en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) porque, según ha explicado, no se puede juzgar el mismo hecho varias veces en la misma macrocausa.
Así lo ha dicho el abogado Juan Carlos Navarro en la vista que ha celebrado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para revisar los recursos presentados por los 11 condenados en febrero de 2017 por las irregularidades cometidas en la adjudicación del montaje del expositor institucional de la Comunitat en las ediciones de 2005 a 2009 de la feria de turismo.
El letrado ha afirmado que existe una «desproporción de la pena» impuesta al empresario porque en todo el caso Gürtel se le está acusando del mismo delito de malversación de caudales públicos de forma continuada, dependiendo de la «temática» o de la «zona geográfica». «No podemos ser juzgados dos veces por lo mismo», ha destacado al respecto.
En este sentido, ha hecho referencia a que el caso Gürtel es un «hipermacroproceso que deriva en un macroproceso y que a su vez deriva en causas», debido a las distintas piezas que se formaron para poder enjuiciar todas las actividades realizadas por la trama encabezada por Francisco Correa, y ha recalcado que en varias de ellas se introduce la acusación por la misma figura penal.
Por ello, Navarro ha pedido al tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta que se elimine la continuidad del delito de malversación, lo que supondría una rebaja de la pena impuesta por el TSJCV. Correa, que se encuentra actualmente en prisión, está condenado a 13 años: tres años por asociación ilícita; un año por tráfico de influencias; seis por el delito continuado de malversación de caudales públicos y otros tres por cohecho.
VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
El abogado de Correa, que también defiende al excontable de Orange Market (empresa de la trama Gürtel en Valencia) Cándido Herrero –condenado a cuatro años y cuatro meses de cárcel–, también ha hecho referencia a las grabaciones que entregó el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, que dieron pie a que la red corrupta fuese investigada, y a las escuchas de las conversaciones que mantuvieron los acusados con sus abogados en el centro penitenciario y por las que el que fuera juez instructor Baltasar Garzón fue apartado de la carrera judicial.
Juan Carlos Navarro ha insistido en la nulidad de la causa por estos motivos y ha hecho mención de una sentencia del Tribunal Supremo que, según él, ha marcado «la ruta» en este caso porque afirmaron que estas escuchas vulneraron el derecho de defensa al conocer las «estrategias» y porque permitieron a los investigadores «conocer datos y abrir nuevas líneas de investigación».
«Tuvieron acceso a una información esencial y fundamental tanto el magistrado instructor, la Fiscalía, como la policía investigadora», ha señalado el abogado, quien ha criticado la labor que hizo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, encargada de investigar a la trama Gürtel, porque incurrieron en «irregularidades» y en una «contaminación psicológica». Ha apostillado que los informes de la Policía «seleccionaron» la información que recabaron de las escuchas en la cárcel y de la documentación incautada en los registros.
En esta línea, Navarro ha vuelto a insistir en su duda sobre la adecuación de partir el procedimiento en varias piezas porque las mismas nulidades han sido planteadas en todas ellas, tal y como ha ocurrido en los juicios relacionados con Fitur, los primeros años de la red corrupta (1999-2005) –pendiente de conocerse la sentencia– y por la presunta financiación irregular del PPCV, actualmente en curso.
«LA JUSTICIA OBTENIDA A CUALQUIER PRECIO TERMINA NO SIENDO JUSTICIA»
Sobre este aspecto se ha sostenido la defensa del ‘número dos’ de Correa, Pablo Crespo –condenado a 13 años y tres meses de prisión–, que lleva el abogado Miguel Durán y que ha dejado el alegato a la hija del condenado, Margarita Crespo.
La letrada ha recordado al tribunal que ya hay jurisprudencia sobre este escuchas que vulneran derechos fundamentales y ha aludido a la propia sentencia del Supremo por la que se apartó a Baltasar Garzón por prevaricación y ha recordado una frase de la resolución: «La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia».
Crespo ha hecho mención a otras sentencias, como la dictada por la Audiencia Provincial sobre el caso ‘Güateque’, que absolvió a todos los acusados al entender que la grabación de un testigo protegido que dio origen a la investigación judicial fue realizada sin autorización del juez y al margen de cualquier procedimiento penal.
Por otro lado, ha recordado que el Tribunal Supremo ya afirmó en la sentencia en la que dio validez a la ‘lista Falciani’ que de forma directa o indirecta, un particular no puede actuar «como una pieza camuflada del Estado al servicio de la investigación penal».
PEÑAS «TIRÓ DE LA LENGUA» A CORREA
Margarita Crespo ha enfatizado que José Luis Peñas no aportó las grabaciones originales que hizo durante dos años y en un espacio privado, vulnerando el derecho a la intimidad de los acusados y aprovechándose de la relación que tenía con Correa. «Le va tirando de la lengua a Correa y debido a la amistad no le resultó difícil», ha reprochado.
Así ha invocado a la teoría de «los frutos del árbol envenenado» porque, en su opinión, el exconcejal plantó una «semilla en la planta de la cicuta, puro veneno», para que después la Policía y los instructores trabajasen en el procedimiento.
