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Rajoy solicita el cese de Puigdemont y convocará elecciones en menos de seis meses

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En su comparecencia tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado las medidas que se pondrán en marcha tras la activación del artículo 155 de la Constitución, que deben ser aprobadas por el Senado. Rajoy ha explicado que los objetivos son cuatro: volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia, continuar con la recuperación económica y celebrar elecciones.

​Mariano Rajoy ha asegurado que el Gobierno «ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución», aunque «no era ni nuestro deseo ni nuestra intención». Ha añadido que el citado artículo, que «solo se aplica en circunstancias excepcionales», ha sido necesario porque «ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás».

En cuanto a los objetivos de la decisión que hoy ha tomado el Gobierno, el presidente ha apuntado que son cuatro: «Recuperar la legalidad, volver a la normalidad y a la convivencia, continuar con la recuperación de la economía y celebrar elecciones. Volver a la legalidad es restituir la vigencia de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Cataluña».

El artículo 155 de la Constitución

El presidente del Gobierno también ha enumerado las medidas que se ponen en marcha tras la activación del artículo 155. En primer lugar, se va a solicitar el «cese del presidente de la Generalidad de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña». Ha agregado que «el ejercicio de dichas funciones corresponderá a los órganos o autoridades que a tal efecto cree o designe el Gobierno de la nación, en principio, la idea será la de que los Ministerios asuman esta responsabilidad a lo largo del plazo en el que dure esta situación excepcional».

También ha señalado que la Administración de la Generalitat de Cataluña «continuará funcionando como organización administrativa ordinaria», aunque «actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación».

Mariano Rajoy ha agregado que la facultad de disolver «el Parlamento de Cataluña pasa al presidente del Gobierno» y que «en un plazo máximo de seis meses» deberán celebrarse elecciones. No obstante, ha aclarado que su voluntad es «hacerlo tan pronto como recuperemos la normalidad institucional».

Recuperación del autogobierno

En cuanto al Parlamento catalán, «ejercerá la función representativa que tiene encomendada», pero también se propone una serie de medidas de control «para garantizar que se haga con pleno respeto al Estatuto de Autonomía de Cataluña y a la Constitución». Entre otras cosas, no podrá proponer ningún candidato a la Presidencia de la Generalitat ni celebrar ninguna sesión de investidura ni tomar decisiones contrarias a la legalidad constitucional.

En cualquier caso, el presidente Rajoy ha aclarado que «no se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña; se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley y de la Constitución y del Estatuto». Es decir, se recupera el autogobierno «para la legalidad y para la convivencia de todos los catalanes, no solo los independentistas».

Empobrecimiento de Cataluña

El presidente del Gobierno se ha referido expresamente a las consecuencias económicas que este proceso puede tener para Cataluña porque «los últimos datos que conocemos son preocupantes». Según ha anunciado, más de 1.000 empresas ya han trasladado sus sedes sociales fuera de Cataluña y, además, se han «desincentivado las inversiones» y se ha «desmotivado el turismo».

En este sentido, ha pedido a las empresas que no dejen Cataluña porque «podemos estar tranquilos porque esto se arreglará y sin más daño para nadie».

Además, Rajoy ha explicado lo que ocurriría «si Cataluña se independiza». Entre otras cosas, ha añadido, «abandonaría la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio», perdería «todas las facilidades que da el Banco Central Europeo», habría un problema «grave de contracción del crédito» y «se produciría una inflación desproporcionada con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inversión». Según ha señalado, «todo esto llevaría a un empobrecimiento de la economía de Cataluña entre el 25 y el 30% del PIB».

«No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña, sino que se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley»

Antecedentes

En su intervención, el presidente del Gobierno también ha reflexionado sobre cómo se ha llegado a la situación actual. Según ha dicho, ha sido «un proceso unilateral», «contrario a la ley» y «que ha buscado el enfrentamiento». Rajoy ha añadido que lo más «llamativo» y «antidemocrático» del proceso tuvo lugar los días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña: «En pocas horas se liquidó por mayoría la Constitución Española en Cataluña, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se aprobó la ley de referéndum y además se aprobó la llamada ley de transitoriedad, una especie -así dijeron sus autores- de constitución de Cataluña hasta que se aprobara definitivamente la nueva».

Mariano Rajoy ha recordado que, ante la deriva que tomaban los acontecimientos en Cataluña, el Gobierno decidió enviar, el pasado 11 de octubre, un requerimiento al presidente de la Generalitat para que aclarara «si habían o no declarado la independencia», requerimiento que no fue atendido. Ha añadido que el Ejecutivo podía haber enviado el requerimiento antes, pero optó por actuar «con prudencia», «responsabilidad» y «sentido común».

Diálogo

El jefe del Ejecutivo también ha dicho que desde la Generalitat no se respondió ni «en plazo» ni «en tiempo» al requerimiento, por lo que parece que «algunos lo que querían era llegar a esta situación, es decir, a que se aplicara el artículo 155».

El presidente Rajoy ha asegurado que «nadie planteó por parte de la Generalitat un diálogo», sino «una imposición». Además, «el diálogo fuera de la ley y fuera de la norma es profundamente antidemocrático y, desde luego, no es diálogo pretender imponer a los gobernantes, en este caso al Gobierno de España, que se salten deliberadamente le ley», ha agregado.

Apoyo de PSOE y Ciudadanos

El presidente del Gobierno ha apuntado que todas estas medidas «han sido acordadas con el Partido Socialista y con Ciudadanos». Según ha dicho, este apoyo debe interpretarse «como un apoyo a la ley, al Estado de derecho, a nuestra Constitución y a los valores en los creemos y que nos han hecho grandes».

Antes de finalizar su comparecencia, el presidente del Gobierno ha transmitido a la ciudadanía «un mensaje de tranquilidad»: «Soy plenamente consciente de que el momento es difícil pero todos juntos lo vamos a superar como hemos superado acontecimientos muy complicados también a lo largo de nuestra historia que, por cierto, ya dura unos cuantos siglos».

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