El Partido Popular de la Comunidad de Madrid afrontó la campaña de las elecciones elecciones locales y autonómicas de 2011 con más del doble del presupuesto que declaró. Este aumento que ascendió a más de 6,2 millones de euros, salió según un informe al cual ha tenido acceso El Confidencial, presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con fecha del pasado 11 de enero, en el que se desglosan las presuntas donaciones ilegales de empresarios, subvenciones públicas desviadas fraudulentamente y dinero de la cuenta de funcionamiento ordinario del partido, una práctica sancionada por la normativa electoral.
La mayor parte de la cuantía habría salido de la cuenta de funcionamiento ordinario de la formación mediante facturas falsas. Según el informe presentado por la UCO, la sede del PP de la calle Génova habría acordado con varias agencias de comunicación el abono por adelantado de diferentes partidas electorales por un importe de hasta dos millones de euros con el objeto de que estos pagos quedaran fuera del periodo de campaña y, de ese modo, el partido no fuera sancionado por rebasar el límite legal de gasto, fijado por la Cámara de Cuentas en 3.229.342 euros. El PP declaró finalmente 2.986.624 euros, pero los expertos policiales sostienen que, en realidad, dedicó unos 6,2 millones de euros, más del doble.
Según detalla el informe dela UCO, el PP de Madrid utilizó diferentes cuentas bancarias para pagar los costes derivados de la campaña, lo que según la regulación, está completamente prohibido. Se ha detectado que se utilizaron cuentas como El Laboratorio de Almagro 36 SL, Back RVS Producciones Culturales Comunicación y Servicios SL y otras compañías de su confianza para sortear esa restricción.
Según los investigadores, y tras haber revisado todas las cuentas del partido, aproximadamente 1.160.754,74 euros salieron de la cuenta de gastos ordinarios del PP en los meses previos a las elecciones para abonar presuntos importes relacionados con la campaña, aunque la UCO sostiene que la cifra real ascendería a dos millones de euros. Además, cuando comenzó la investigación en 2017, ya se adelantó que el PP utilizó facturas falsas para desviar subvenciones públicas adjudicadas por el propio Gobierno de Aguirre a la fundación satélite del partido, Fundescam. La entidad recibió ayudas para evaluar los efectos de la crisis en el mercado de trabajo y difundir el conocimiento del sistema democrático en la comunidad, pero ese dinero se utilizó en realidad para costear cenas de Navidad, gastos de celebración de congresos, actos de Nuevas Generaciones y, sobre todo, gastos relativos a encuestas y sondeos de intención de voto.
La UCO concluye su informe apuntando que todas estas presuntas prácticas permitieron al PP madrileño superar el límite de gasto legalmente establecido, concurrir a los referidos comicios electorales en unas condiciones de superioridad de gasto y también eludir los controles y fiscalización ejercidos por los organismos encargados de la misma.
