MADRID, 23 (EUROPA PRESS) Un total de 600.000 turistas, entre ellos 150.000 británicos, están atrapados en diferentes lugares del mundo a falta de ser repatriados tras al anuncio de quiebra del grupo de viajes británico Thomas Cook el segundo turoperador global y el más antiguo del mundo.
Uno de los países más afectados por la quiebra del gigante empresarial turístico es España donde el pasado año llegaron un total de 7,1 millones de pasajeros en vuelos de tres de las aerolíneas del grupo (Condor, Thomas Cook Airlines y Thomas Cook Airlines Scandinav). Baleares y Canarias serían las comunidades más afectadas por este cese inmediato de operaciones y la insolvencia de la compañía.
El Gobierno español asegura que está evaluando el impacto de la quiebra en el mercado nacional y que va a convocar reuniones con los hoteleros y con las comunidades autónomas afectadas para «trazar una hoja de ruta y dar solución a esta crisis». La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha indicado que durante este fin de semana han estado trabajando con los hoteleros para tratar de evitar la quiebra de la agencia de viajes.
La titular de Turismo ha señalado que esta crisis afecta «fundamentalmente» a la industria turística de Baleares y las Islas Canarias y, en menor medida, a Andalucía y Cataluña. Así, ha reiterado su intención de trabajar tanto con las comunidades autónomas como con los hoteleros para «paliar el impacto tan negativo que va a tener en nuestro mercado».
En estos momentos se está trabajando con los Ejecutivos autonómicos afectados y con los hoteleros para abordar «cómo se lleva a cabo la repatriación de todos los turistas y analizar la situación con más profundidad».
REPATRIACIÓN DE BRITÁNICOS
La Autoridad de Aviación Civil de Reino Unido (CAA, por sus siglas en inglés) ha reunido una flota de aviones por todo el mundo, en una operación a la que ha bautizado operación Matterhorn, para poder repatriar a todos los turistas británicos afectados por la quiebra que se encuentran en el extranjero. El Gobierno británico ha establecido de plazo hasta el próximo 6 de octubre.
