El imparable crecimiento de los precios de los medicamentos oncológicos, que se han duplicado en solo diez años, está teniendo un impacto directo en los sistemas de salud de todo el mundo, incrementando el gasto farmacéutico y limitando su acceso en muchos países.
En España, algunas de las terapias más empleadas para tratar tumores alcanzan los 30.000, 40.000 y hasta 100.000 euros por paciente al año. Unos precios inasumibles para el sistema sanitario, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez es mayor el número de casos diagnosticados, que pasará de 247.000 en 2015 a 315.000 en 2035, casi un treinta por ciento más, según las previsiones.
Esta situación se debe a un sistema de propiedad intelectual que deja en manos de las compañías farmacéuticas la fijación de los precios de los fármacos y a un marco regulatorio poco transparente que beneficia a la industria en detrimento del interés público. El actual sistema de patentes pretende garantizar la recuperación de los recursos invertidos en investigación, pero la realidad es que no podemos conocer esos costes porque son secretos y los datos que se publicitan no tienen en cuenta la inversión pública. Esta falta de transparencia da lugar a que la industria fije los precios de los fármacos arbitrariamente, en función de la capacidad del mercado de cada país. Una opacidad a la que hay que añadir el hecho de que las negociaciones con las administraciones públicas están sujetas a acuerdos de confidencialidad que impiden hacer público cuánto se paga por los medicamentos.
El informe destaca que en España no es posible acceder a los acuerdos de precios fijados entre el Gobierno y la industria para estos fármacos de uso hospitalario y, dado que el peso presupuestario recae sobre las comunidades autónomas, este secretismo llega a provocar que los ya altos precios sean además diferentes entre regiones e, incluso, entre hospitales, poniendo en peligro los recursos finitos del sistema sanitario y obligando a recortar de otras partidas muy necesarias, como la contratación de personal médico, el cuidado y la atención a los pacientes o los equipos para diagnosticar enfermedades.
Una situación especialmente preocupante por las nuevas leyes que se están debatiendo en el Congreso y que podrían bloquear cualquier avance en la transparencia de los precios de los medicamentos.
El estudio analiza cuatro casos concretos de algunos de los fármacos clave para el tratamiento del cáncer que generan enormes ingresos a las compañías que los comercializan. Todos ellos destacan por una importante inversión pública en su fase de desarrollo. En la mayoría, más del 50% de los ensayos se llevaron a cabo con dinero público y ahora se venden desde la industria privada a precios desorbitados. Incluso se ha llegado a cambiar de nombre ciertos medicamentos al observar que servían para tratar otro tipo de enfermedades. Y ese cambio de nombre ha supuesto, en algunos casos, un precio 100 veces mayor.
Fuente: OCU.org
