La Audiencia Nacional sienta este lunes en el banquillo al exconseller de la Generalitat Serafín Castellano por el caso del «cártel del fuego», acusado de favorecer presuntamente a un empresario en procesos de adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea.
Acusaciones y solicitud de penas
La Fiscalía pide 21 años de prisión para quien fuese conseller entre 1999 y 2014, delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y dirigente del PP valenciano, por presuntos delitos de cohecho, malversación o asociación ilícita.
El juez que investigó el caso procesó a Castellano junto a otros acusados ante los indicios de la existencia de una presunta organización criminal que habría alterado la adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación.
Irregularidades detectadas y alcance del caso
Aunque en la Comunitat Valenciana se detectaron más irregularidades, el caso también afectó a otras comunidades como Cataluña e incluso a otros países. Según los cálculos del juez, los contratos adjudicados podrían sumar un total de 151.585.386,22 euros.
La Fiscalía asegura que Castellano era premiado «en forma de cacerías, monterías, hospedajes, viajes», dinero en metálico y hasta baúles con jamones. Además, solicita 24 años de cárcel para el empresario Vicente Huerta, a quien Castellano presuntamente favoreció, manteniendo con él una «intensa y corrupta relación».
Otros implicados en el caso
Por estos hechos también fue investigado Pedro Hidalgo, exdirector general de Interior en la Conselleria de Justicia de la Generalitat, quien ya ha fallecido.
En su escrito de conclusiones provisionales, fechado en 2022 y dirigido contra 17 acusados, la Fiscalía expone cómo funcionaba la «asociación de personas y empresas» dedicada a la extinción de incendios forestales entre 1999 y 2008.
Estas empresas, según la Fiscalía, «imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia», mediante «pactos clandestinos y ánimo de lucro». Varios funcionarios y autoridades se concertaron con los acusados para defraudar a las administraciones públicas.
El papel de Serafín Castellano en la trama
Castellano, que ocupó diversas consellerias en la Generalitat entre 1999 y 2014, habría acordado con Huerta «la forma de proceder para lucro» de este último y sus empresas en el ámbito de la contratación pública.
El objetivo era ampliar contratos mediante prórrogas indebidas o adjudicarlos sin declarar desiertos los procesos, en beneficio de Avialsa T35. Además de Castellano y Huerta, en el juicio también se sentarán empresarios, autoridades y funcionarios de las administraciones valenciana y catalana.
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