La Audiencia Nacional ha condenado a Serafín Castellano, exconseller y exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a un año y nueve meses de prisión por su implicación en un cártel de contratos públicos del sector de la navegación aérea para la extinción de incendios entre 2001 y 2018.
Penas para los acusados en el «cártel del fuego»
El tribunal ha sentenciado a doce acusados a penas de entre seis meses y dos años y tres meses de cárcel, mientras que otros cuatro han sido absueltos. Castellano ha sido condenado por cohecho, prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial, aunque ha sido absuelto del delito de asociación ilícita.
Empresas sancionadas: prohibición de contratar con la Administración
Por primera vez, el tribunal ha impuesto una prohibición de contratar con las administraciones públicas durante nueve meses a varias empresas implicadas en la trama, entre ellas:
- Avialsa T35
- Trabajos Aéreos Extremeños (Taexsa)
- Martínez Ridao Aviación, S.L.
- Servicios Aéreos Europeos y Tratamientos Agrícolas, S.L. (Saeta)
- T.A. Trabajos Aéreos Espejo S.L.
- Compañía de Extinción General de Incendios, S.A. (Cegisa)
- Inaer (hoy Babcock Mission Critical Services España)
- Fumigación Aérea Andaluza S.A. (FAASA), ahora Pegasus
Retrasos en la justicia por macrocausas
El caso, iniciado en 2015, se ha resuelto casi diez años después debido a la sobrecarga de macrocausas en la Audiencia Nacional. Como compensación, se ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas a los acusados.
Cómo operaba el cártel: reparto fraudulento de contratos
Según la sentencia, entre 1999 y 2018, un grupo de empresarios de la navegación aérea de extinción de incendios acordó repartirse los concursos públicos a nivel nacional, estableciendo precios inflados mediante pactos secretos y eliminando competencia.
Entre las prácticas fraudulentas detectadas, el tribunal destaca:
- Licitaciones amañadas con turnos y ofertas previamente pactadas.
- Expulsión de posibles competidores mediante maniobras fraudulentas.
- Incremento artificial de costes para aumentar los beneficios.
Las irregularidades se produjeron en contratos de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha y los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente.
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